Fundamentos del Principio de Legalidad: Clave del Estado de Derecho Moderno

El Principio de Legalidad: Fundamentos y Aplicación en el Estado de Derecho

El Principio de Legalidad es una piedra angular del Estado de Derecho moderno, pero su concepción ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia.

1. Origen y Evolución del Principio de Legalidad

1.1. Antes de la Revolución Francesa (1789)

Históricamente, la situación era muy diferente:

• El rey era la fuente del derecho.
• El monarca no se sometía a la ley.
• El ciudadano era un súbdito pasivo, ajeno al poder, que se consideraba trascendente y absoluto.

1.2. La Revolución Francesa y el Nacimiento del Estado de Derecho

Frente a esta situación, la Revolución Francesa de 1789 marcó un punto de inflexión. Se estableció que la fuente del derecho es la voluntad popular o el pueblo. Con ello, el rey quedó sometido a la ley y se reconoció la libertad del ciudadano, quien participa en la expresión de la voluntad general, principalmente a través de las elecciones.

De esta forma, surge el Estado de Derecho, caracterizado por una clara división de poderes. El principio de legalidad se consolida, ya que la ley emana del Parlamento, como representante directo del pueblo. Esta ley se convierte en la fuente de actuación del poder ejecutivo y judicial, que a su vez controla la actividad del ejecutivo, cuya función se limita a ejecutar la ley.

2. El Principio Básico de Legalidad: Pilares Fundamentales

El principio básico de legalidad se asienta sobre dos pilares esenciales:

• Existe una interpretación rígida de la división de poderes, por la cual al poder legislativo le corresponde la función de legislar; al ejecutivo, ejecutar la ley dictada por el Parlamento; y al judicial, el control de la actuación del ejecutivo, así como el control de la legalidad de las leyes y demás normativas dictadas por el legislativo.
• Se establece una preeminencia del poder legislativo sobre el ejecutivo, debido a la legitimación directa de la que carece este último.

3. La Vinculación Positiva de los Poderes Públicos al Principio de Legalidad

En lo que respecta a la vinculación del principio de legalidad, los poderes públicos se encuentran vinculados positivamente a este principio. Esto implica que necesitan una norma jurídica previa que les autorice a actuar, atribuyéndoles una potestad. Es decir, la norma es un título habilitante. Este concepto se conoce como la Escuela de la Positividad.

3.1. Reflejo Constitucional de la Vinculación Positiva

Esta vinculación positiva de los poderes públicos se ve reflejada en diversos artículos de la Constitución:

• Artículo 9.3 de la Constitución: Establece la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
• Artículo 97: Prescribe que el Gobierno de la nación ejerce sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes.
• Artículo 103.1: Determina que la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
• Artículo 117.1: Donde se establece que jueces y magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley.

3.2. Consecuencias de la Vinculación Plena

De esta vinculación plena se extraen dos consecuencias fundamentales:

• Los poderes públicos se vinculan a lo que nuestro Tribunal Constitucional ha denominado el "Bloque de Legalidad".
• Esta vinculación es total, de tal forma que ninguna actividad de los poderes públicos escapa a la esfera del Derecho. Esto se refuerza con lo establecido en el artículo 9.3, que señala la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

4. El Principio de Reserva de Ley: Complemento Esencial

Como complemento fundamental del principio de legalidad, destaca el Principio de Reserva de Ley. Este se presenta como una garantía tanto para los ciudadanos como para el poder legislativo frente a la intromisión de otros poderes públicos, en concreto del poder ejecutivo.

La reserva de ley puede manifestarse de dos formas principales:

• Ley Ordinaria
• Ley Orgánica

4.1. Reserva de Ley Ordinaria

Cuando existe una reserva de ley ordinaria, lo que se exige es que la regulación de una materia se realice mediante una ley (pero no necesariamente orgánica). Esto conlleva tres consecuencias importantes:

• Las materias reservadas a la ley ordinaria no podrán ser reguladas por ley orgánica, puesto que entre estas normas rige el principio de competencia.
• Para aquellas materias donde exista una reserva de ley ordinaria, los reglamentos no podrán regularlas (según los artículos 133.1 y 134 de la Constitución).
• Dado que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una reserva de materia reglamentaria, la ley ordinaria no solo podrá regular sus materias reservadas, sino también cualquier otra materia.

De esta manera, el rango normativo queda "congelado", y solo una ley podrá intervenir posteriormente en ese ámbito competencial, dando lugar al Principio de Congelación del Rango.

4.2. Reserva de Ley Orgánica

La reserva de ley orgánica se encuentra específicamente recogida en el Artículo 81 de la Constitución.

• Una ley orgánica solo podrá ser aprobada o modificada por otra ley orgánica.
• Las materias específicas que regula se encuentran señaladas en el propio artículo 81.

En resumen, el principio de reserva de ley actúa como un pilar adicional que refuerza la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales en el marco del principio de legalidad.