Ejecución Forzosa Administrativa: Mecanismos y Defensa Legal

Medios de Protección ante la Vía de Hecho

La vía de hecho es un vicio específico de la ejecución forzosa. Se produce cuando la Administración ha incumplido los requisitos necesarios para proceder a la ejecución. Se equipara la vía de hecho a una nulidad de pleno derecho. Ante una vía de hecho de la Administración, esta pierde sus privilegios y puede ser demandada ante la jurisdicción civil. El medio más idóneo para su defensa es a través de los interdictos (art. 101 LPA, interpretado a sensu contrario).

La Coacción Directa

Según la definición de Otto Mayer, la coacción directa es la acción lanzada inmediatamente contra una situación de hecho contraria al orden, sin el intermedio de un acto administrativo previo. Ejemplos incluyen la carga de la policía frente a una manifestación, la prevención de un hecho punible o la acción inmediata ante una calamidad pública. Su objetivo es corregir una situación contraria al orden que necesita una respuesta inmediata y que no permite el intermedio de un acto administrativo formal.

La conclusión es que, si bien puede existir un acto administrativo previo, este no es necesariamente escrito (por ejemplo, la policía avisa verbalmente de que va a cargar). Lo que no existe es un procedimiento formal. Este tipo de coacción directa está permitida por leyes sectoriales específicas, como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley de Bases del Régimen Local.

Los Medios de Ejecución Forzosa

Apremio sobre el Patrimonio (Art. 97 LPA)

Este procedimiento de ejecución es utilizado por la Administración cuando la deuda consiste en el pago de una cantidad líquida de dinero. Cuando no se cumple con la obligación, este es el procedimiento que la Administración debe seguir.

• Existe un primer acto que impone una obligación de pago de cantidad líquida de dinero, con un plazo voluntario.
• Si el obligado no cumple con lo establecido, la Administración emite un certificado de descubierto y notifica la apertura de la vía de apremio al interesado, lo que incluye el apercibimiento.
• Si no cumple con el nuevo plazo, se procederá al embargo de sus bienes y, si es necesario, a la subasta para el pago, siguiendo un orden de prelación de los embargos:
  • Dinero
  • Cuentas bancarias
  • Valores
  • Créditos realizables a corto plazo
  • Sueldos, salarios, rentas
  • Inmuebles
  • Muebles (ej. cuadros, coches)

Ejecución Subsidiaria (Art. 98 LPA)

Se aplica a actos que, por no ser personalísimos, pueden ser realizados por un sujeto distinto del obligado. Consiste en que, si el obligado no cumple, una tercera persona se hará cargo del cumplimiento de la obligación, a costa del obligado por el acto. Un ejemplo claro es una orden de demolición de edificios. La obligación inicial se convierte en una obligación secundaria, la cual es ejecutable a través de la vía de apremio.

Multa Coercitiva (Art. 99 LPA)

Son multas sucesivas que se reiteran por lapsos de tiempo. No tienen la naturaleza jurídica de sanciones administrativas y, por tanto, son compatibles con estas. Entre cada multa debe haber un previo apercibimiento, y necesitan cobertura legal que autorice su imposición (estableciendo un límite). Esto se conoce como RECARGOS. Su finalidad es obligar al cumplimiento de la obligación, imponiendo a la obligación inicial una nueva: la de pagar la multa coercitiva. Realmente, no es un medio de ejecución en sí misma, sino un instrumento para compeler al cumplimiento.

Compulsión sobre las Personas (Art. 100 LPA)

Requiere de una ley que lo autorice expresamente. Es la utilización de la fuerza física sobre las personas. Su ámbito de aplicación propio y prácticamente único se encuentra en el orden público y en zonas próximas a este. Debe respetar los derechos fundamentales y aplicarse con proporcionalidad en los medios empleados. Debe tratarse de obligaciones personalísimas de no hacer o soportar (ejemplos: no poder acceder a una zona acordonada, desalojo de fincas expropiadas).