Separación de poderes y Estado constitucional: el Gobierno, el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal en la Constitución Española
Begoña
Teoría clásica de la separación de poderes
El Poder Ejecutivo pertenece al Gobierno. Este papel concedido al Gobierno se limitaba a la ejecución de las decisiones legislativas del Parlamento, de modo que el Gobierno se limitaba a ejecutar la decisión adoptada con carácter previo por otro órgano, tal y como parece deducirse de las formulaciones doctrinales de Montesquieu y Locke.
La posición del Ejecutivo cambió a través del tiempo, desde la concepción liberalista y revolucionaria, que situaba al Poder Legislativo (el Parlamento) como eje central de la actividad política y al Ejecutivo lo definía como un mero ejecutor de dichas decisiones, y al Judicial como un mero aplicador de la normativa. Desde esa concepción se ha pasado a una realidad práctica muy distinta.
Durante la evolución del Estado constitucional se observa la existencia de una tensión entre el Parlamento y el Gobierno, órganos dotados de una legitimación distinta: democrática en el caso del Parlamento y hereditaria en el caso del Ejecutivo. Esa lucha tenía como fin alcanzar el protagonismo en la vida política del Estado.
Tras la Segunda Guerra Mundial se solucionó el conflicto con la democracia. La desaparición de la monarquía o el establecimiento de monarquías constitucionales permitió solucionar la tensión entre ambos organismos. Esto produjo un doble efecto:
- Desde el punto de vista del Parlamento, este se configura como un órgano central del Estado, ya que el Parlamento elige al Gobierno.
- Desde el punto de vista del Gobierno, este se individualiza como órgano estatal distinto del Monarca, lo que le confiere una naturaleza democrática.
Esta democratización del Ejecutivo supuso un fortalecimiento de la posición constitucional del Gobierno. El Gobierno ya no es un mero ejecutor de las leyes, sino que interviene en todos los ámbitos de la vida política, económica y social, fenómeno que se conoce como gigantismo del Poder Ejecutivo.
Como consecuencia directa, en Europa Occidental se configuró una nueva posición del Gobierno dentro del entramado de poderes del Estado constitucional. Tres serán los efectos de la democratización que definirán la nueva posición del Gobierno en el Estado constitucional:
- Primer efecto: la salida de los reyes del esquema de poderes del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, se supuso que los gabinetes que asesoraban al Rey se convertirían en los titulares del Poder Ejecutivo.
- Segundo efecto: una modificación en las relaciones entre Gobierno y Parlamento. Los gobiernos tendrán que ser elegidos, directa o indirectamente, por el pueblo. Este modelo típico del período de entreguerras se caracterizó por la falta de disciplina de los partidos políticos en las mayorías, es decir, carecía de mecanismos de racionalización con el fin de estabilizar el sistema, lo que derivó en el establecimiento de los fascismos.
- Tercer efecto: se observa una fusión entre Gobierno y Parlamento, lo que deriva en una nueva posición del Gobierno a partir de su legitimación democrática indirecta. Así, el Parlamento deja de ser un órgano que controla al Gobierno para convertirse en el lugar donde las minorías controlan al Ejecutivo y las mayorías lo apoyan. De este modo, la mayoría parlamentaria gubernamental será la posición constitucional del Gobierno, así como sus facultades.
Composición del Gobierno
Posición constitucional del Gobierno (art. 98.1 CE) y Ley 50/1997
Al definir cuál es la posición constitucional del Gobierno no nos encontramos en nuestro orden jurídico, debemos partir de las previsiones contenidas en el Título IV de la Constitución, bajo la rúbrica «Del Gobierno y de la Administración», donde se establecen los elementos esenciales que definen al Ejecutivo.
El art. 98.1 CE establece cuál es la composición del Gobierno. Este artículo solo enumera los elementos personales que pueden formar parte del Consejo de Ministros, que es la institución a la que se asigna el ejercicio de todas las facultades que la Constitución atribuye al Gobierno como órgano colegiado.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, desarrolla esta previsión con firmeza. Esta norma distingue entre órganos unipersonales y colegiados, así como entre los que componen el Gobierno y los que colaboran o apoyan al Gobierno.
En primer lugar, respecto a los órganos que forman el Gobierno, debemos partir del art. 98.1 CE y de los arts. 1 a 6 de la Ley 50/1997. Estos órganos serían:
- El Presidente.
- Los Vicepresidentes.
- Los Ministros.
- El Consejo de Ministros.
- Las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Vicepresidentes: si los hubiere, tendrán las funciones que les corresponden al Presidente y ostentarán la condición de Ministros, según el art. 3 de la Ley 50/1997.
Ministros: son los titulares de los departamentos ministeriales en los que se organiza el Gobierno. Tienen competencia y responsabilidad en sus esferas específicas, por lo que tienen encomendadas las funciones de desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su ministerio. También tienen la potestad reglamentaria en el ámbito de su ministerio, refrendan los actos del Rey en dicho ámbito y ejercen las funciones que formen parte de su contenido en las leyes (art. 4 de la Ley 50/1997). La ley distingue a los Ministros sin cartera, que son aquellos a los que se atribuye la responsabilidad de funciones gubernamentales que no se corresponden con un departamento ministerial.
Consejo de Ministros: es el órgano colegiado del Gobierno al que corresponden las funciones del art. 5 de la Ley 50/1997, entre las que destacan:
- La aprobación de los proyectos de ley para su remisión al Congreso.
- La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
- La aprobación de los Reales Decretos-leyes y de los Reales Decretos legislativos.
- El acuerdo de negociación y firma de tratados internacionales para remitirlos a las Cortes.
- La declaración de los estados de alarma y de excepción, así como la solicitud a las Cortes de la declaración del estado de sitio.
- La determinación de la emisión de deuda pública o contratación de crédito.
- La aprobación de reglamentos de ejecución y desarrollo de las leyes.
- La modificación, creación y supresión de los órganos directivos de los departamentos ministeriales.
- La aprobación de las directrices y programas que serán desarrollados por todos los órganos del Estado, así como todas las demás funciones que establezcan otras leyes.
Secretarios de Estado: podrán asistir a las reuniones del Consejo de Ministros cuando sean convocados, si bien sus deliberaciones serán secretas.
Comisiones Delegadas del Gobierno: serán creadas, modificadas o suprimidas a partir de la propuesta del Gobierno mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. Dicho Real Decreto deberá especificar quién va a presidir la comisión delegada, sus funciones y quiénes la integran. Sus funciones están recogidas en el art. 6 de la Ley 50/1997 y son las siguientes:
- Examinar las cuestiones de carácter general que tengan que ver con varios ministerios.
- Estudiar los asuntos que afectan a varios ministerios y que exigen una actuación conjunta.
- Resolver los asuntos que afectando a varios ministerios no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas serán secretas.
Comisiones de apoyo
Están reguladas en el art. 7 y siguientes de la Ley 50/1997. El primer órgano serían los Secretarios de Estado, que son los órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un ámbito específico de un departamento. Pueden ser convocados a las reuniones del Consejo de Ministros.
Las reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado tienen carácter preparatorio de las reuniones del Consejo de Ministros, ya que en ellas se examinan cuestiones que serán aprobadas en dicho Consejo. Sus decisiones no tienen carácter decisorio.
El Secretario del Gobierno es un órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General de Secretarios de Estado.
En último término, los gobernantes son órganos de apoyo técnico y político del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Realizan funciones de confianza y de asesoramiento especial, sin que puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración General del Estado por ley.
El Presidente del Gobierno
El Presidente del Gobierno está regulado en el art. 98.2 CE. Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del Gobierno. Este artículo no manifiesta la trascendencia de esta figura en nuestro orden jurídico, sino que simplemente enumera sus funciones, entre las que distinguimos:
- Funciones genéricas: las del art. 98.2 CE.
- Funciones específicas: aparecen dispersas en la Constitución (arts. 99 y 100) y en la Ley 50/1997 (art. 2).
Funciones que aparecen en la Constitución:
- Nombra libremente a los demás miembros del Gobierno tras su investidura.
- Tiene funciones electorales, ya que según el art. 92.2 CE convoca los referendos consultivos.
- Tiene funciones relacionadas con las Cortes: se somete a ellas a través de la cuestión de confianza y puede disolverlas anticipadamente (arts. 112 y 115 CE).
- Tiene funciones relacionadas con el Rey, ya que puede solicitarle que presida el Consejo de Ministros (art. 62.g CE).
- Tiene funciones relacionadas con el Tribunal Constitucional, pudiendo interponer recursos de inconstitucionalidad según el art. 161.1.a) CE.
El art. 2 de la Ley 50/1997 expresa una enumeración de las funciones del Presidente. La primera es la de representar al Gobierno; la segunda, presentar su programa político. Asimismo, establece las directrices de la política interior y exterior, dirige la defensa nacional y respecto a las Fuerzas Armadas ejerce las funciones previstas en la legislación reguladora de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional (Ley Orgánica 2/2005). También convoca, fija y preside el Consejo de Ministros, refrenda los actos del Rey, sanciona las leyes y normas jurídicas con rango de ley sometidas por el Presidente, y crea, modifica o suprime por Real Decreto los departamentos ministeriales y las Secretarías de Estado. Además, establece su estructura orgánica en relación con la Presidencia del Gobierno, resuelve los conflictos de atribuciones interministeriales, imparte instrucciones a los demás miembros del Gobierno, interpone recursos de inconstitucionalidad y propone al Rey la convocatoria de referendos consultivos.
El art. 2 de la Ley 50/1997 deja abierta la posibilidad de atribuir nuevas funciones al Presidente a través de una cláusula residual, ya que pueden ser atribuidas otras funciones al Presidente por la Constitución o las leyes. Así vemos la importancia del Presidente en el orden jurídico.
Su importancia se ha fortalecido en la práctica política, hasta el punto de configurar al Presidente como el centro de la esfera económica, política y social que controla al Ejecutivo. El liderazgo interno en su partido y el establecimiento de gobiernos con mayorías absolutas refuerzan la figura del Presidente.
Los medios de comunicación también han jugado un papel decisivo como instrumentos que potencian el liderazgo personal del Presidente, a través de dos instrumentos:
- Al presentar al candidato como cabeza de lista del partido una vez convocadas las elecciones. Desde el momento en que se convocan las elecciones, los medios presentan a los cabezas de lista de los partidos como candidatos a la Presidencia, tomando como referencia el modelo del presidencialismo, aunque nuestro orden jurídico, conforme al art. 99 CE, prevé que esto no sea así. El candidato a Presidente tendrá que presentarse al procedimiento de investidura una vez elegido por el Parlamento.
- La retransmisión radiofónica y televisada del debate sobre el estado de la Nación, que muchas veces se presenta como el único debate de control entre el Gobierno y el Parlamento, concretamente entre el Gobierno y la oposición. Este debate tiene también una fórmula presidencialista que no fue prevista en la Constitución.
Así nos encontramos ante dos fórmulas que pretenden acercar la actividad gubernamental al electorado, lo que redunda en una mejora de la calidad democrática.
Elección y cese del Gobierno
Propuesta del Rey y consultas
El ordenamiento jurídico español se caracteriza por el sistema parlamentario de gobierno, en el que el Presidente es elegido por el Parlamento, y este elegirá libremente al resto de miembros del Gobierno. El art. 100 CE establece que el Rey nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente. La decisión del Presidente es una verdadera decisión política libre, una verdadera decisión de nombramiento que el Rey formaliza de modo externo.
El Presidente elige a los miembros de su Gobierno libremente, a pesar de los condicionamientos de los gobiernos monocolores o de coalición, ya que el candidato a Presidente que solicita la investidura al Parlamento no tiene que informar de quiénes serán los miembros de su Gobierno.
El punto de partida para la elección del Gobierno será la elección que tiene lugar a través del procedimiento de investidura del art. 99 CE. Este será el momento en el que se produce la conformación de la mayoría parlamentaria gubernamental, y tiene tres fases:
- Fase de consultas: el Rey realiza consultas tras la renovación del Congreso y en los supuestos previstos por la Constitución, con la dimisión o fallecimiento del Presidente o el rechazo de una cuestión de confianza a este. La finalidad es que el Rey adquiera la información necesaria para llevar a cabo la propuesta del candidato al líder del partido que obtuvo mayor número de diputados, formalizando así la decisión del electorado. Esta actuación se deriva del espíritu del art. 99 CE y no de su letra, para convertirse en una convención constitucional.
- Fase de deliberación en las Cámaras: aquí se toman como base los arts. 99 y 64.1 CE. Una vez efectuadas las consultas por el Rey, este propone un candidato que será deliberado y votado por las Cámaras. Para ello, el candidato previamente deberá exponer su programa político de gobierno y solicitará a las Cámaras su confianza, que se otorgará mediante el voto positivo alcanzado en la primera votación por mayoría absoluta. En caso contrario, se necesitará la mayoría simple transcurridas 48 horas desde la primera votación. Si no se alcanza, la Constitución prevé que se sucedan votaciones hasta alcanzar dicha mayoría, poniendo como condición que no transcurran más de dos meses desde la primera votación, ya que, de lo contrario, las Cortes se disolverían.
- Nombramiento por el Rey: tras la elección del candidato, este deberá ser nombrado por el Rey, acto que será refrendado por el Presidente del Congreso (art. 64.1 CE). Si no se alcanza acuerdo en dos meses sobre quién será el Presidente, el Rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones.
Cese del Gobierno
El art. 101 CE establece cuáles son las causas de cese del Gobierno: la celebración de nuevas elecciones; en segundo lugar, la pérdida de la confianza parlamentaria; y en tercer lugar, la dimisión o fallecimiento del Presidente. Cuando no se produzca la toma de decisión del nuevo Gobierno, el saliente continúa en funciones. El cese del Gobierno saliente exige una nueva investidura parlamentaria para evitar el vacío de poder, salvo en un supuesto concreto: el triunfo de la moción de censura constructiva, en cuyo caso el candidato es investido directamente.
Funciones del Gobierno
El art. 97 CE no establece una enumeración cerrada de las funciones del Gobierno, sino que determina el contenido esencial de dichas funciones y cita algunas facultades específicas. El contenido esencial sería la dirección de la política interior y exterior, y las facultades que concreta la Constitución serían la administración civil y militar y la defensa del Estado, así como la función ejecutiva que engloba la potestad reglamentaria.
Solo así puede entenderse el art. 97.1 CE, que establece tres funciones principales del Gobierno:
- La función de dirección de la política nacional.
- La dirección de la defensa del Estado.
- La administración del Estado y la función ejecutiva que incorpora la potestad reglamentaria.
1. Función de dirección de la política nacional
Incluye tanto la dimensión interior como exterior del Gobierno, a través de la cual se procede a plasmar el programa con el que ha sido investido el Presidente. Está sujeta a un doble control: uno ordinario, efectuado por las Cortes bajo el parámetro de la voluntad, y otro extraordinario de tipo jurídico, ejercitado por los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional bajo el parámetro de las normas jurídicas.
Esta función incluye un conjunto de facultades que definen la posición constitucional del Gobierno como órgano central, entre ellas:
- De tipo legislativo: el Gobierno puede iniciar el procedimiento legislativo mediante la presentación de proyectos de ley y de Presupuestos Generales del Estado, y dicta decretos.
- De tipo jurisdiccional: a través de la presentación ante el Tribunal Constitucional de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia con las Comunidades Autónomas.
- Electorales: el Presidente convoca referendos consultivos, y el Gobierno también interviene en el proceso electoral al disolver anticipadamente las Cortes.
- Otro tipo de facultades: nombrar a altos cargos del Estado, acordar la negociación y firma de tratados internacionales, declarar los estados de alarma y de excepción, y solicitar al Congreso la declaración del estado de sitio.
2. Función de defensa del Estado
Esta función sufrió una gran reforma normativa en 2005 a través de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, que conformaría el régimen civilista adoptado anteriormente por la Ley 6/1980. Esta última, por primera vez, hacía depender las relaciones civiles y militares de los órganos del Estado que tendrían plena responsabilidad: las Cortes, el Gobierno, su Presidente, el Ministro de Defensa y la Junta de Defensa Nacional.
Así se confirma el régimen civilista mediante la lectura conjunta del art. 22.f) de la Ley 50/1997, que establece las funciones del Presidente del Gobierno, y del art. 5 de la Ley Orgánica 5/2005, que establece las funciones del Gobierno. En ellos se observa la interpretación civilista. Además, este modelo concreta la previsión constitucional contenida en el art. 104 CE, que distingue entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que será desarrollada por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. Función de dirección de la administración del Estado
Permite al Gobierno el ejercicio de muchas de las facultades ya mencionadas, y este ejercicio estará siempre sometido al principio de legalidad (STC 45/1990). Esta sentencia subraya que este tipo de actividades administrativas están sujetas al control judicial, por lo que es un control distinto del que se somete la dirección política del Gobierno. Así lo confirma la Ley 6/1997, que regula la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
4. Función ejecutiva que engloba la potestad reglamentaria
Está relacionada con la función de dirección de la administración del Estado y supone, a su vez, una concreción de la función genérica de dirección de la política nacional, tanto desde un punto de vista interior como exterior. Esto se materializa en el desarrollo de la potestad reglamentaria, es decir, la potestad para dictar un tipo especial de normas jurídicas: los reglamentos, que se caracterizan por proceder del Gobierno o de sus órganos administrativos.
Respecto a esta potestad reglamentaria hay que tener en cuenta dos elementos: su régimen jurídico y el art. 106 CE, que regula la posibilidad de control por los tribunales.
En cuanto al régimen jurídico, hay que partir de lo previsto en el Título V de la Ley 50/1997. Este título regula por primera vez las formas concretas de ejercicio de la potestad reglamentaria, ya que en él se establecen los principios esenciales que conforman su régimen jurídico:
- Contenido material: los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley; no pueden tipificar delitos, faltas ni infracciones administrativas; no pueden infringir normas legales, y tampoco pueden establecer penas ni sanciones, fijar tributos, cánones ni otro tipo de cargas prestacionales personales o de carácter público.
- Ordenación jerárquica: los reales decretos-leyes que aprueban reglamentos precederán a los reglamentos aprobados por orden ministerial. De este modo, serán nulas las resoluciones administrativas que vulneren un reglamento, aunque procedan de un órgano jerárquico superior, ya que ningún reglamento puede vulnerar a otro superior.
- Procedimiento: el Título V regula también el procedimiento de elaboración y aprobación de los reglamentos.
Por último, el control de la potestad reglamentaria se establece en el art. 106 CE, que prevé el control jurisdiccional de dicha potestad.
Estatuto jurídico de los miembros del Gobierno
La Constitución prevé una serie de medidas específicas en relación con el estatuto jurídico de los miembros del Gobierno, estatuto que se caracteriza por ser especial, debido a las importantes funciones estatales que se encomiendan al Gobierno. Estas previsiones aparecen en los arts. 98.3, 98.4 y 102 CE, y están desarrolladas en la Ley 50/1997 y en la Ley 12/1995.
El art. 98.3 CE establece como principio esencial la incompatibilidad de los miembros del Gobierno para ejercer otras funciones representativas distintas a las propias del mandato parlamentario, y para ejercer cualquier otra función pública que no derive de su cargo, así como cualquier actividad profesional o mercantil.
El segundo principio se encuentra en el art. 102 CE, que establece un fuero jurisdiccional especial para el Presidente y los miembros del Gobierno: en los casos en que se exija responsabilidad criminal, deberá acudirse a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Este fuero está protegido por la inmunidad parlamentaria, por lo que se aplicará en los supuestos de acusación por la comisión de un delito de traición o contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Aquí, la acusación solo podrá ser planteada por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso, requiriendo ser aprobada por mayoría absoluta. Como contrapeso, el art. 102.3 CE establece que no es posible la prerrogativa real de gracia.
El problema surge al interpretar el inciso final de este artículo, pues en sentido amplio podría entenderse que se refiere a todos los delitos, y en sentido estricto, a los de traición o contra la seguridad del Estado.
El art. 98.4 CE establece que una ley regulará el estatuto jurídico e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Es decir, la Constitución prevé en este ámbito un ulterior desarrollo legislativo, que se materializa a través de la Ley 50/1997 y de la Ley 12/1995, Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
Respecto a la Ley 50/1997, no se prevé nada nuevo en relación con los estatutos de los miembros del Gobierno, sino que se limita a establecer los requisitos necesarios para formar parte del Gobierno: ser mayor de edad, español, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, y no estar inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
La Ley 12/1995 prevé para los cargos de los miembros del Gobierno el mismo régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.
Otras cuestiones relevantes: Administración y Consejo de Estado
La Administración
El Título IV de la Constitución, bajo la rúbrica «Del Gobierno y de la Administración», indica la vinculación especial que existe entre ambos, ya que el Gobierno dirige la Administración en su esfera civil y militar. Si bien el Poder Legislativo ostenta las funciones legislativas, el poder político se desarrolla por el Ejecutivo. Este poder de decisión política requerirá que la Administración actúe como el principal instrumento del que dispondrá el Gobierno para cumplir sus funciones.
Esto supone que la Administración está sujeta, en cuanto a su funcionamiento y actuación, a los principios estrictos que regulan su actividad, para que se cumplan las previsiones del Estado social y democrático de Derecho que consagra el art. 1.1 CE. Estos principios esenciales se regulan en los arts. 103, 105 y 106 CE.
El primer principio que consagra el art. 103 CE es el principio de interés general, que aparece en su apartado 1 y se materializa en los principios concretos de organización y de actuación:
- Principios de organización: jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- Principios de actuación: eficiencia, objetividad y legalidad.
El art. 103 CE también establece el principio de reserva de ley, referido tanto a la Administración como a los funcionarios (art. 103.3) y a los gastos y obligaciones (art. 133.4).
El art. 105 CE prevé la posibilidad de un control social de la actuación de la Administración a través de la regulación de una serie de principios: en primer lugar, el de audiencia de los ciudadanos; en segundo lugar, el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos; y la previsión de un procedimiento administrativo a través del cual deberán producirse los actos administrativos.
El art. 106 CE establece la posibilidad de un control judicial de la actividad administrativa, que se efectuará por los tribunales ordinarios. En este mismo artículo se prevé el derecho a ser indemnizado por los ciudadanos que sufran lesiones en sus bienes o derechos a causa del funcionamiento de los servicios públicos.
Muchos de estos principios de actuación serán desarrollados posteriormente por la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, por la Ley 12/1995 sobre incompatibilidad de los altos cargos de la Administración del Estado y por la Ley Orgánica 3/1980, que regula el Consejo de Estado. Todas estas leyes forman un conjunto armónico que pretende disciplinar al poder ejecutivo como poder político.
Además, el art. 149.1.18.ª CE reserva como competencia exclusiva del Estado materias importantes en este ámbito, como son la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios, la regulación del procedimiento administrativo común, las bases de la expropiación forzosa, los contratos y concesiones administrativas, y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
El Consejo de Estado
Aparece en el art. 107 CE, que recoge una institución tradicional en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo origen se sitúa en la Constitución de Cádiz (1812). El objetivo de sus competencias es adecuar la actividad del Gobierno a la ley, de manera que nos encontramos ante el órgano consultivo supremo del Gobierno, regulado en la Ley Orgánica 3/1980.
Esta ley establece que el Consejo de Estado deberá ejercer su función consultiva con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia. La consulta al Consejo de Estado será preceptiva para la adopción de determinados acuerdos, si bien sus dictámenes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
A tenor de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica 3/1980, el Consejo de Estado se compone de un Presidente, que es un jurista de prestigio nombrado libremente por el Consejo de Ministros; de un Secretario, nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros entre letrados mayores, previa propuesta de la Comisión Permanente y aprobación del Pleno; de consejeros natos, que son el Director de la Real Academia Española, los presidentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas, de Legislación y Jurisprudencia, etc.; de consejeros permanentes, elegidos entre los presidentes ministros o consejeros de Estado o profesores numerarios de disciplinas jurídicas, nombrados sin límite de tiempo por Real Decreto; y de diez consejeros electivos, elegidos por Real Decreto por cuatro años entre quienes hayan desempeñado cargos de diputado o senador, magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, alcaldes de capitales de provincia, presidentes de diputaciones, rectores de universidad, etc.
Funciones: el Consejo de Estado está organizado en Pleno, Comisión Permanente y Secciones. Emite dictámenes que hayan sido sometidos por el Gobierno, sus miembros o las Comunidades Autónomas a través de sus presidentes. También eleva al Gobierno propuestas sobre asuntos que considere oportunos.
El Consejo de Estado deberá ser consultado obligatoriamente en los siguientes asuntos:
- Proyectos de decretos legislativos, proyectos de ley, disposiciones administrativas y proyectos de leyes orgánicas de transferencia o delegación de competencias a las Comunidades Autónomas.
- Dudas y reclamaciones sobre acuerdos o tratados internacionales, así como disposiciones reglamentarias dictadas para su cumplimiento.
- Conflictos de atribuciones interministeriales.
- Recursos administrativos de revisión y concesión de monopolios de servicios públicos.
Conclusión: el Consejo de Estado constituye un control jurídico específico sobre el Gobierno que completa el control de nuestro sistema jurídico.
El Poder Judicial
Dentro del principio de separación de poderes, debemos concluir con el estudio del Poder Judicial, que aparece en el Título VI de la Constitución. Su principio central es el de sometimiento de los jueces a la ley, recogido en el art. 117.1 CE.
Naturaleza del Poder Judicial
Como resultado de este principio, que asegura la legitimidad democrática del Poder Judicial al someter a los jueces a lo que dictan las Cortes elegidas por el pueblo, el Poder Judicial no es un auténtico poder, sino que es un poder neutral. Mientras que los poderes legislativo y ejecutivo adoptan decisiones que reflejan su propia voluntad, bien legislando o gobernando, el Poder Judicial ejerce la potestad jurisdiccional, cuyo fin es ejecutar lo juzgado. Se somete a las leyes y las aplica como normas.
Debemos señalar que la labor de los jueces no se limita a una aplicación mecánica de la ley, sino que sus funciones se complementan con las funciones interpretativas, lo que deriva en que los jueces también crean derecho. Sin embargo, esta labor no está sujeta a criterios de oportunidad, como ocurre en las Cortes, sino que en los tribunales rigen los criterios de legalidad, sujetos al imperio de la ley.
Así, los principios sobre la organización de la potestad jurisdiccional y el estatuto de los jueces van a estar vertebrados por el principio de sometimiento a la ley.
Organización de la potestad jurisdiccional
Los arts. 117.3, 117.4, 117.5 y 117.6 CE componen los principios de exclusividad y de unidad, que están estrechamente relacionados entre sí y que deben complementarse con el art. 24.2 CE, que hace referencia al derecho fundamental del juez predeterminado por la ley.
Principio de exclusividad: se recoge en su vertiente positiva en el art. 117.3 CE, que establece que la potestad jurisdiccional corresponde con exclusividad a los jueces y tribunales determinados por las leyes. En cuanto a su vertiente negativa, aparece en el art. 117.4 CE, que establece que los jueces y tribunales no ejercerán más funciones que las expresamente atribuidas por las leyes. Como consecuencia, se observa que la función estrictamente judicial solo le corresponde a los jueces que hubieran sido nombrados por la ley. Es decir, este principio también es una consecuencia del principio de legalidad, ya que por su investidura democrática solo puede actualizarse a través del mandato del legislador, y al mismo tiempo es una garantía, ya que la función de jurisdicción solo puede ser ejercida por órganos dotados de un estatuto especial, órganos que siempre estarán sometidos a la ley.
La STC 1/1981 se refiere de un modo específico al principio de exclusividad en su vertiente positiva, al determinar que, en los casos de separaciones matrimoniales canónicas, dichas separaciones carecen de efectos civiles si atendemos al principio de exclusividad del art. 117.3 CE. Para el Tribunal Constitucional, solo serán válidas con plenos efectos las separaciones matrimoniales civiles acordadas por jueces ordinarios. Esta doctrina se reitera en la STC 265/1988.
Principio de unidad: está estrechamente relacionado con el de exclusividad y se regula en los arts. 117.5 y 117.6 CE. En ellos se establece que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. No obstante, la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito castrense y en los supuestos de estado de sitio (art. 117.5 CE). Y en el art. 117.6 CE se prohíben los tribunales de excepción.
A tenor de lo dispuesto en el art. 117.5 CE, la Ley Orgánica 4/1987 regula la jurisdicción militar y, aparte, la Ley Orgánica 4/1981 regula los estados de alarma, de excepción y de sitio. La única excepción es la del art. 117.6 CE, que prohíbe los tribunales de excepción, rompiendo así con una práctica habitual a lo largo de la historia.
Estas leyes establecen la posibilidad de mantener la jurisdicción militar con ciertas peculiaridades que presenta el estatuto jurídico militar, y estas leyes deben ceñirse al ámbito castrense, con la sumisión de los civiles al ámbito militar, práctica que era frecuente.
La Constitución prevé, con carácter excepcional, la posible sumisión de civiles al ámbito militar solo en los supuestos de estado de sitio, lo cual se concreta en la Ley Orgánica 4/1981. Su art. 35 establece que podrá determinar el Gobierno, en caso de declaración del estado de sitio, qué delitos quedarán sometidos a la jurisdicción militar. Se pretende evitar la creación de tribunales específicos que puedan dudar de su imparcialidad.
Si bien el art. 105.2 CE establece dos excepciones, en el art. 35 de la Ley Orgánica 4/1987 se determina la posibilidad de someter a los civiles a dicha jurisdicción, aunque con límites. La STC 75/1982 establece que la jurisdicción militar debe limitarse al ámbito castrense en sentido estricto. Solo podrán juzgarse a los civiles por esta jurisdicción cuando lesionen bienes jurídicos de carácter militar, es decir, debe presumirse la competencia de la jurisdicción ordinaria. Por ello, el sometimiento a la jurisdicción militar requiere motivación y no la mera invocación.
Juez predeterminado por la ley: el art. 24.2 CE establece, dentro de las garantías procesales, este principio, que hace comprender la verdadera comprensión de los derechos en el ámbito de su protección. Se trata de una garantía de los derechos fundamentales relacionados con la potestad jurisdiccional, por la cual ningún ciudadano podrá ser juzgado por tribunales específicos ni por comisiones especiales. La STC 199/1987 señala de manera específica que deberá existir una predeterminación legal del órgano judicial que instruirá, deducirá y conocerá sobre la responsabilidad civil o criminal, de tal manera que el órgano jurisdiccional tendrá que ser previamente creado por la norma jurídica de carácter general, con anterioridad al caso. Solo así puede garantizarse la independencia e imparcialidad del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.2 CE.
Estatuto jurídico constitucional de jueces y tribunales
El segundo elemento que despliega la eficacia constitucional del principio de sujeción de los jueces al imperio de la ley es el relativo a los principios que regulan su estatuto constitucional. A partir de los arts. 117.1 y 117.2 CE, estos principios son los de independencia judicial, responsabilidad e imparcialidad.
Principio de independencia judicial: constituye una necesidad indispensable para la legitimación democrática del juez; es decir, solo el juez independiente puede estar sujeto a la ley con exclusividad. Por ello, la Constitución proclama la independencia judicial y consagra dos principios que son consecuencia de dicha independencia: el de inamovilidad y el de exclusividad profesional, que aparecen recogidos en los arts. 117.1 y 117.2 CE. De ello se deriva que la Constitución determina la dedicación exclusiva de jueces y magistrados (art. 127.1 CE). La regulación del estatuto de jueces y magistrados se hará a través de la ley orgánica (art. 122.1 CE), y el régimen de incompatibilidades y modalidades de asociación profesional se regulará a partir del art. 127.1 y 2 CE.
La STC 108/1986 señala la importancia trascendental del principio de independencia judicial como pieza esencial de nuestro orden jurídico. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional define cuál es el contenido básico de la independencia judicial y los instrumentos jurídicos para asegurarlo. Como contrapeso se establece la responsabilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que pone de relieve la conexión entre los principios constitucionales y el Poder Judicial.
Principio de responsabilidad: aparece como un complemento esencial del principio de independencia, en concreto del principio de inamovilidad, ya que solo el juez inamovible puede ser responsable, con lo que se pretende evitar que los jueces se conviertan de facto en un Estado dentro del Estado (art. 117.2 CE). Se complementa en los ámbitos civil, penal y disciplinario en los arts. 405, 411 y 414 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
- Responsabilidad penal: el Título XX del Libro II del Código Penal, en su art. 405 de la LOPJ, recoge los delitos contra la administración de justicia. Se establecen cuatro tipos penales específicos, graduados de mayor a menor gravedad. El primero es el delito de prevaricación, que consiste en dictar sentencias o resoluciones injustas a sabiendas. En segundo lugar, por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, es decir, cuando el juez dicta sentencias o resoluciones manifiestamente injustas por imprudencia grave o ignorancia inexcusable. El tercer tipo penal se refiere a la negativa a juzgar sin alegar causa legal o bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Y, en último término, se refiere al caso en que el juez retarde maliciosamente la administración de justicia, entendiendo que ese retraso está motivado con el fin de alcanzar un interés ilegítimo.
- Responsabilidad civil: según el art. 411 de la LOPJ, los jueces y magistrados responderán civilmente por los daños y perjuicios que causasen en el desempeño de sus funciones en caso de incurrir en dolo o culpa. Esta responsabilidad civil podrá ser exigida tanto por la parte perjudicada como por sus causahabientes. La demanda que exija dicha responsabilidad civil solo podrá plantearse una vez que la resolución que produzca los daños sea firme y, por lo tanto, ponga fin al proceso.
- Responsabilidad disciplinaria: el art. 414 de la LOPJ determina que los jueces y magistrados están sujetos a responsabilidad disciplinaria, que solo podrá exigirse por la autoridad competente mediante un procedimiento específico contemplado en la ley. La LOPJ categoriza en este apartado el tipo de faltas: leves, graves y muy graves. Asimismo, detalla de forma minuciosa el tipo de comportamientos que se incluirían, así como las sanciones y el tipo de órganos que, en el caso concreto, resolverían.
Principio de imparcialidad: aparece estrechamente relacionado con los dos anteriores. Surge como una consecuencia lógica del principio de independencia y tiene como fin evitar incurrir en responsabilidades. La Constitución no recoge este principio de manera expresa, sino que de manera indirecta aparecería contemplado en el art. 127.1 CE, que establece la prohibición constitucional de que jueces y magistrados pertenezcan a sindicatos o partidos políticos. La imparcialidad se configura como eje central del estatuto jurídico de los órganos del Poder Judicial, como reconoce el Tribunal Constitucional en su STC 138/1991. Esta sentencia reconoce que, aunque no aparezca en el art. 24.2 CE como garantía procesal, debe entenderse implícita en dicho artículo.
La imparcialidad puede entenderse desde una dimensión subjetiva (centrada en la figura del juez) o objetiva (desde el punto de vista del tribunal). Desde el punto de vista subjetivo, se trataría de analizar de forma concreta la actuación judicial, es decir, solo podrá determinarse una vez producidas las actuaciones judiciales. De esta manera, la imparcialidad subjetiva aparece estrechamente relacionada con el principio de responsabilidad. Desde el punto de vista objetivo, lo que se busca es garantizar la apariencia de imparcialidad del órgano judicial, aun antes de cualquier tipo de actuación judicial, con el fin de apreciar un mínimo de garantías para que el juez no incurra posteriormente en responsabilidad. Por ello, en este caso la imparcialidad, en su dimensión objetiva, aparece estrechamente relacionada con el principio de independencia, sobre todo desde la dimensión de la inamovilidad. El Tribunal Constitucional entiende que así debe entenderse la dimensión objetiva de la imparcialidad en su STC 132/1996.
La LOPJ contempla que los jueces y magistrados deberán abstenerse y, en su defecto, podrán ser recusados cuando concurra causa legal. Lo que establece la LOPJ es que la abstención, en todo caso, precederá a la recusación. De este modo, si el juez observa que concurre una causa legal para no conocer del asunto, está obligado a abstenerse sin esperar a que se le recuse. En este sentido, la recusación puede ser planteada en el caso de asuntos civiles, sociales o contencioso-administrativos por las partes o el Ministerio Fiscal. En el caso de asuntos penales se amplía el número de legitimados: podrán serlo el acusador particular o privado, el actor civil, el procesado o imputado, el querellado o denunciado, el tercero responsable civil o el Ministerio Fiscal.
Consejo General del Poder Judicial
Para garantizar la independencia del Poder Judicial, nuestro ordenamiento constitucional no solo establece los principios referidos a su organización y a su estatuto, sino que también configura, como garantía institucional, al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno propio del Poder Judicial, tal y como aparece en el art. 122.2 CE. Este artículo nos remite a su ulterior desarrollo por la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985.
El origen de esta institución se encuentra en el Derecho constitucional europeo de la posguerra, en concreto en sus homólogos francés e italiano. Como establece la exposición de motivos de la LOPJ, esta institución se crea con el fin de garantizar la independencia del Poder Judicial, es decir, para impedir la interferencia de otros poderes no judiciales en el gobierno del Poder Judicial. Esto se comprueba en el modo de elección de los miembros del Consejo General. La elección fue objeto de reinterpretación a lo largo de los años hasta la adopción de un sistema mixto.
El art. 122.3 CE establecía que el Consejo General del Poder Judicial estaría integrado por un Presidente, que es el Presidente del Tribunal Supremo, y por veinte vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años. La confusa redacción del sistema de elección de estos miembros y la no determinación de una forma concreta de designación dieron lugar a cierta confusión al interpretar dicho artículo, hasta el punto de que se sostuvieron dos teorías contradictorias. La LOPJ mantendría las proposiciones recogidas en el texto constitucional «entre» y «por», mientras que la LOPJ solo recoge la preposición «entre». Por ello, el legislador optó por una interpretación parcial del texto constitucional al señalar que el Congreso y el Senado serían los que elegirían, por mayoría de 3/5, a los veinte miembros.
El Tribunal Constitucional, en sus SSTC 45/1986 y 108/1986, interpretó que dicha sentencia era constitucional, ya que era posible interpretar la LOPJ conforme a la Constitución y no se corría el riesgo de politización.
Esto va a ser objeto de modificación por la Ley Orgánica 2/2001, que se refiere a la composición del Consejo General del Poder Judicial y modifica los arts. 111 a 116 de la LOPJ. Lo que más interesa es el art. 112, que establece un sistema mixto de elección:
- Ocho de esos vocales serán abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, de los cuales cuatro serán nombrados por el Congreso y cuatro por el Senado, por mayoría de 3/5.
- Los otros doce se establecen según el art. 112 de la LOPJ, que los elige mediante un sistema mixto. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, o un número independiente de magistrados que representen el 2% de los magistrados en activo, presentarán un total de treinta y seis candidatos, que serán elegidos por las asociaciones de manera libre conforme a sus estatutos. En caso de que haya más de treinta y seis candidatos, se escogerían los treinta y seis que estuviesen avalados por un número mayor de firmas. En caso de que no se llegue a los treinta y seis, el resto se cubrirían con afiliados en proporción a su participación en la asociación.
- A partir de ahí, el pleno del Congreso elegirá a seis y los otros treinta quedan a disposición del pleno del Senado, que elige otros seis.
De esta manera, observamos que el sistema combina tres principios esenciales: la propuesta corporativa (treinta y seis candidatos), su designación parlamentaria y, en último lugar, la autonomía procedimental, ya que cada asociación elige libremente a sus candidatos.
Debemos añadir que la LOPJ establece que el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años. Para ello, con seis meses de antelación, el Presidente del Consejo General deberá dirigirse a las Cámaras, interesándose para que procedan a la elección de nuevos vocales, y poniendo en conocimiento los datos del escalafón y del registro de las asociaciones.
Competencias del Consejo General del Poder Judicial
Pueden ser consultivas o decisorias.
- Consultivas: podemos destacar la emisión de informes, comunicaciones, propuestas o consultas dirigidas a otras instancias del Estado, bien a requerimiento de estas o por iniciativa propia. Podemos destacar también el derecho a ser oído por el Gobierno en relación con el nombramiento del Fiscal General del Estado. Asimismo, tiene competencias para informar sobre anteproyectos de leyes y disposiciones generales sobre materias del art. 108 de la LOPJ, y elabora memorias anuales que son dirigidas al Gobierno, al Tribunal Supremo y a las Cortes.
- Decisorias: a través de ellas expresa su voluntad. Pueden ser externas, internas o mixtas. Las de carácter interno afectan a su funcionamiento; las de carácter externo son las que nombran a dos magistrados del Tribunal Constitucional y nombran a los magistrados del Tribunal Supremo y a su Presidente; y las de carácter mixto serían la propuesta, por mayoría de 3/5, del nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, lo que redunda en la elección del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, ya que son la misma persona.
Otras cuestiones a considerar
Relaciones entre Justicia y sociedad: en el Título VI encontramos las previsiones que tienen un hilo conductor común, ya que todas ellas informan, de una u otra manera, sobre las relaciones entre la justicia y la sociedad. En concreto, nos referimos a los arts. 118 a 121 y 125 y 126 CE. En primer lugar, el art. 118 se refiere a la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias judiciales. El art. 119 establece el principio de justicia gratuita. El art. 120 establece una serie de principios fundamentales referidos al proceso que permiten el ejercicio de la función judicial: el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, el principio de oralidad del procedimiento y la necesidad de motivación de las sentencias, que se pronunciarán en audiencia pública. El art. 121 reconoce el derecho a indemnización con cargo al Estado por los errores judiciales. En quinto lugar, el art. 125 establece la participación popular en la acción de justicia, que se instrumentaliza a través de la acción popular o bien participando directamente los ciudadanos a través de los jurados. Y en último término, el art. 126 establece una policía especializada, la policía judicial, que depende de los jueces y tribunales.
Sobre el Tribunal Supremo y el Poder Judicial: la Constitución (arts. 123 y 152.1 CE) recoge pocas previsiones en torno al Tribunal Supremo. Simplemente lo configura como órgano jurisdiccional superior, lo que atiende a dos principios: el principio de unificación de la interpretación y el principio de verificación jerárquica de las resoluciones judiciales. Esto exigirá la existencia de un sistema de recursos judiciales para poder conseguir dos objetivos: el control de la efectiva sujeción de los jueces a la ley y la igualdad de los justiciables ante los tribunales.
Ministerio Fiscal: promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Para ello dispone de órganos propios que, conforme al art. 124.2 CE, actuarán siguiendo los principios de unidad, actuación y dependencia jerárquica. El art. 124.3 CE establece que el estatuto orgánico se regulará por una ley específica, que será la Ley 50/1981. En el art. 124.4 CE se establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, una vez oído el Consejo General del Poder Judicial.