Privilegios procesales de la Administración: solve et repete e inembargabilidad de bienes públicos

Privilegios Procesales de la Administración Pública: Límites y Alcance

1. El Privilegio "Solve et Repete" y el Acceso a la Justicia

No obstante, es evidente que en nuestra normativa infraconstitucional existe una serie de normas que establecen expresamente este mecanismo como requisito de acceso a los procedimientos judiciales de reclamo, fijándose un porcentaje de la multa reclamada como barrera de entrada.79 Ellas, en principio, podrían ser contrarias a la Constitución y, como tales, excluida su aplicación del ordenamiento jurídico. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional ha limitado su inconstitucionalidad a los casos en que la consignación previa no se sujeta a un límite máximo que garantice siempre a los particulares el acceso a la justicia.80

Esta doctrina incluso ha sido matizada posteriormente por el propio Tribunal (STC 546/2006), señalando –al menos la mitad de los ministros del mismo, que constituyeron el voto decisivo para la resolución final, al no haber mayoría para acoger el requerimiento– que no es posible establecer a priori en nuestro derecho la constitucionalidad o no de este privilegio, sino que debe ponderarse en cada caso la consignación exigida en un procedimiento judicial y no evaluar la norma legal en abstracto para declarar su inconstitucionalidad.81

De lo anterior queda en evidencia que en nuestro derecho –al menos en la interpretación de nuestro más alto Tribunal en la materia– el privilegio procesal de la Administración denominado «solve et repete» no es per se contrario a la Constitución, sino solo cuando ella pudiera impedir –en términos abstractos– el efectivo acceso de los particulares a la jurisdicción.

2. La Inembargabilidad de los Bienes Públicos

Otro de los privilegios procesales de la Administración es la garantía de inembargabilidad de ciertos bienes, no obstante existir una sentencia condenatoria en su contra. En otras palabras, constituye una excepción calificada que favorece a los órganos de la Administración del Estado, que impide que pueda operar en su contra una medida ordinaria de garantía del cumplimiento de sentencias condenatorias en dinero.

Este privilegio tiene sus antecedentes más remotos en la inmunidad de que gozaba el patrimonio del príncipe en la Edad Media y su fundamento estaba relacionado con el estatus privilegiado que ostentaba este en el ordenamiento jurídico.82 Sin embargo, contemporáneamente, este se sustenta en la vinculación que tienen estos bienes con el cumplimiento de fines, valores y principios constitucionales específicos, los que se relacionan con el funcionamiento regular y continuo de ciertos servicios públicos que satisfacen bienes relevantes para la comunidad, los cuales no pueden ser afectados gravemente por los intereses generales puestos en juego.83