Plazos y cómputo de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración

Plazos para Ejercitar la Acción de Reclamación

El plazo para ejercitar la acción y dirigir a la Administración la reclamación correspondiente es de un año. El artículo 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) califica este plazo como de prescripción: “el derecho de reclamar prescribe al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva”.

En la misma línea, el artículo 92 de la Ley 39/2015 confirma este plazo como de prescripción: “en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año”. Este precepto ha añadido, además, algunas precisiones en lo que al cómputo del plazo se refiere.

Cómputo del Plazo de Prescripción ('Dies a Quo')

El “dies a quo” del cómputo del plazo de prescripción es el de la fecha en que se produjo “el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo”. A esta regla general, se añade que “en caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”.

Ejemplo: Si se sufre un tratamiento sanitario indebido, como un contagio de Hepatitis C por una transfusión de sangre, y se conoce meses después, el plazo empezará a contar desde el momento en el que se manifiesta el efecto lesivo (plazo de 1 año de prescripción); en este caso, cuando se empiezan a tener los síntomas de la enfermedad.

Daños Producidos por Actos Ilegales

La última cuestión se refiere a los daños producidos por actos ilegales (art. 142.4): El simple hecho de anular un acto administrativo, una disposición, una ley o cualquier acto jurídico dictado por la Administración o por el Estado no presupone de por sí un derecho a una indemnización. Si ese acto ilegal no ha dado tiempo a que genere perjuicios legales, no ocurre nada. Pero si se producen daños, existe una regla especial reglada en ese apartado:

“La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5”.

Esto último se refiere a la posible anulación de leyes, actos, etc. por el Tribunal Constitucional (TC), en los que el derecho a reclamar prescribirá al año de dictarse la sentencia afirmativa.

En resumen: La aplicación de este artículo solo se presupone en el caso de que el acto ilegal haya producido un daño; entonces es cuando hay un cómputo especial, que consiste en que el derecho a reclamar prescribe al año de haberse dictado la sentencia definitiva, no cuando se cometió el daño efectivo.

Vías de Resolución del Conflicto

La solución a este conflicto puede darse:

• Por acuerdo entre las partes en vía administrativa.
• O, si no, en vía judicial.

Se puede llegar a esta situación por daños causados por hechos de la Administración que han producido un daño a un particular o por daños producidos por actos ilegales que han sido anulados por un Tribunal (el particular tendría que obtener una sentencia firme que declare ese acto como ilegal).