Estatutos de Autonomía y relaciones entre Derecho autonómico y estatal en España

Estatutos de Autonomía y Sistemas de Fuentes

Estatutos de Autonomía

Según la Constitución Española, en su artículo 147, los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. Al no ser España un Estado federal, los Estatutos no son una Constitución, porque no son normas que expresen soberanía, como sí lo hacen las Constituciones, sino que expresan autonomía. A pesar de ello, materialmente y con estas matizaciones, el Estatuto se asemeja mucho a una especie de Constitución. La Constitución prevé distintos tipos de Estatutos, distintos regímenes de autonomía y, sin embargo, en el artículo 147 se establece cuál es el contenido obligatorio de cualquier Estatuto de Autonomía:

• Denominación: La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
• Delimitación de su territorio.
• Denominación, organización y sede de sus instituciones.
• Competencias: Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

La Reforma de los Estatutos. Naturaleza Jurídica del Estatuto

Pese a que formalmente el Estatuto es una Ley Orgánica (LO), existen tres diferencias esenciales con una LO ordinaria:

1. En cuanto a la iniciativa: Para la elaboración de los Estatutos y para establecer su contenido no intervinieron las Cortes Generales. Fue, según los procedimientos, a iniciativa exclusiva de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
2. En cuanto al contenido: A diferencia de las LO, donde la iniciativa legislativa es libre para determinar su contenido, la Constitución, como hemos visto, establece cuál es el contenido obligatorio de todos los Estatutos.
3. Reforma: Esta es, quizás, la mayor diferencia con una LO. Como establece la Constitución en el artículo 147.2, los propios Estatutos establecerán sus mecanismos propios de reforma, es decir, la iniciativa de las reformas corresponde a las Comunidades Autónomas sin que unilateralmente el Estado, a través de las Cortes, pueda modificar o alterar su contenido.

En conclusión, pese a que, como hemos dicho antes, el Estatuto es una LO, esta norma tiene una naturaleza especial, pactada, a la que la Constitución ha atribuido una función esencial como es el desarrollo directo de la organización territorial del Estado. Por esta naturaleza, el Estatuto forma parte del bloque de constitucionalidad, es decir, un bloque que es un conjunto de normas que sirven de criterio para saber si el resto de normas se ajustan o no a la Constitución. Así, en el caso de que se plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que se cuestione la constitucionalidad de una ley autonómica, el Tribunal Constitucional deberá decidir, a partir no solo de la Constitución, sino también del Estatuto de Autonomía correspondiente.

Relaciones entre el Derecho Autonómico y el Estatal: Principio de Autonomía y Unidad

Ambos principios se encuentran enmarcados de forma genérica en el artículo 2 de la Constitución, donde se consagra al mismo tiempo la unidad del Estado con el reconocimiento del principio de autonomía. Si bien, ya en el artículo 2, se establece un principio corrector que es el de solidaridad. A partir de este enunciado del artículo 2, la Constitución reconoce los principios de unidad y de autonomía en artículos distintos. En concreto, en el artículo 137 se garantiza el derecho a la autonomía; derecho que no es una simple descentralización administrativa (de servicios), sino que implica el reconocimiento del derecho al autogobierno de las competencias asumidas en sus Estatutos de Autonomía. En el artículo 138 ya se establece un contenido al principio de solidaridad, estableciendo que las diferencias entre Estatutos no podrán suponer en ningún caso privilegios económicos o sociales.

En contraposición al principio de autonomía, la Constitución garantiza el principio de unidad, concretamente en el artículo 139, con dos principios básicos:

1. Artículo 139.1, con la igualdad de derechos y obligaciones.
2. Artículo 139.2, con el principio de la unidad de mercado.