Fundamentos del Derecho Administrativo: Principio de Legalidad y Tipos de Potestades Públicas
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El Principio de Legalidad y el Sometimiento de la Administración Pública
Concepto y Sometimiento de la Administración Pública al Principio de Legalidad
El artículo 9.1 de la Constitución Española (CE) establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la CE y al resto del Ordenamiento Jurídico. Este enunciado se refiere al Principio de Legalidad o de Constitucionalidad.
Esto significa que cuando la Administración actúa, debe hacerlo de acuerdo con la Ley y la legislación vigente. Todas las actuaciones y actos de la Administración están sometidos y deben ser conformes con la legislación vigente, en particular a la CE y a la Ley. Esto se denomina "Principio de Legalidad".
Consecuencias del Principio de Legalidad
De este Principio de Legalidad derivan las siguientes consecuencias:
- Que la Administración solo puede actuar cuando una Ley le otorga la competencia específica para hacerlo.
- Que toda actuación administrativa debe estar amparada por la legalidad vigente.
- Que todos los actos y actuaciones de la Administración Pública pueden ser impugnados, recurridos, cuestionados o anulados por los tribunales de justicia (artículos 106 y 24 de la CE).
Consecuencia de esta afirmación es que, en nuestro Estado de Derecho, no hay zonas inmunes al control judicial; no puede haber actuaciones al margen del control de los jueces.
La Atribución de Potestades como Técnica de Control de la Legalidad Administrativa
La Administración solo puede actuar cuando una Ley le atribuye la facultad de hacerlo. Cuando se habla de potestad, se hace referencia al poder legal para actuar.
La Administración solo puede intervenir en la esfera del ciudadano o en la regulación de una materia cuando la Ley expresamente le atribuye ese poder. Cuando la Administración se inmiscuye en la esfera de las libertades e intimidades de la ciudadanía, es imprescindible que una norma con rango de Ley le permita hacerlo.
Clasificación de las Potestades Administrativas: Regladas y Discrecionales
Potestades Regladas
Son aquellas en las que la Ley no deja margen de interpretación a la Administración Pública. La Ley solo permite una única solución justa en la aplicación de la norma, determinando el cómo, el cuándo y en qué sentido debe actuar la Administración.
Únicamente existe una solución justa. Ejemplos:
- La edad mínima para votar (18 años).
- El plazo de presentación de un recurso administrativo (ej. un mes).
Potestades Discrecionales
En contraposición a las anteriores, las potestades discrecionales son aquellas en las que la Administración posee un margen de apreciación o valoración subjetiva.
Al aplicar la Ley, la Administración puede decidir entre varias opciones, todas ellas justas y correctas, eligiendo la más adecuada al interés general. En el ejercicio de estas potestades, las leyes determinan algunos elementos (el cómo, el cuándo o el sentido de la actuación), pero no la totalidad de ellos.
Estas potestades permiten diversas opciones a la Administración, siempre respetando unos límites legales. Ejemplos:
- Determinación del ancho de una calle o vía pública.
- Valoración de las notas de un examen (en ciertos contextos).
- Nombramiento de cargos de confianza.