Caso Haya de la Torre: Asilo Diplomático, Conflicto Colombia-Perú y Fallo CIJ
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El Caso Haya de la Torre: Asilo Diplomático y el Fallo de la Corte Internacional de Justicia
El caso fue llevado ante la jurisdicción internacional y le correspondió pronunciarse a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual, luego de casi dos años de estudio, emitió un fallo que fue considerado ambiguo. Este fallo estuvo compuesto de tres partes:
- La primera resolución señaló que este conflicto debía ser solucionado por Colombia y Perú, no sobre la base de la costumbre internacional, sino sobre la base de la costumbre regional.
- Señaló que la Corte no se consideraba competente para resolver esta materia.
- La Corte recomendaba a los Estados en controversia recurrir, a falta de costumbre, a los antecedentes históricos que precedían a estos casos.
El hecho se agrava porque las relaciones colombo-peruanas siempre han estado sometidas a permanentes climas de conflictividad, ya sean provocadas por conflictos militares, reclamaciones geográficas o rupturas de tipo político-bilaterales internacionales. Entre ellas, destaca la llamada Guerra de Leticia en el año 1933, en la franja del Amazonas, que involucró a los gobiernos de Perú y Colombia. El conflicto se resolvió luego de que Colombia aceptó en todas sus partes el fallo de La Haya, presionando a Perú para que otorgara salvoconductos que permitieran la salida del dirigente político de su territorio.
El Conflicto del Asilo Diplomático en el Caso Haya de la Torre
El conflicto se produjo debido a que Perú no reconocía la institución del asilo diplomático en su normativa, ni como norma jurídica ni como costumbre, cuestión que sí reconocía y consagraba la legislación colombiana. Perú reclamaba a Colombia la entrega inmediata del dirigente, por cuanto se le calificaba como un delincuente común. En tanto, Colombia, haciendo uso de lo que la norma internacional señala, argumentaba que a ellos les correspondía establecer la calificación sobre el dirigente peruano, indicando que era un perseguido político y que, de entregarlo a las autoridades peruanas, su vida corría peligro. Este es el argumento que da origen al derecho de asilo, sumado al estado de hecho en que se encuentra el país del cual se pretende escapar.
Perú, en cambio, señalaba que Colombia debía entregar al dirigente porque, primero, era un perseguido de la justicia y no una medida política; y en segundo lugar, argumentaba que el derecho de asilo no era una norma escrita, sino un derecho consuetudinario puro y, por tanto, jamás formó parte de una legislación determinada. Como consecuencia de lo mismo, Perú tampoco suscribió convención alguna sobre derecho de asilo.