El Bienio Progresista (1854-1856): Reformas, Desamortización y Crisis en España
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La Crisis del Gobierno Moderado y el Ascenso del Progresismo
En 1846, tres gobiernos sucesivos actuaron de forma arbitraria y excluyente, manipulando las elecciones y reduciendo la importancia del poder legislativo. La vida política se desarrollaba en torno a las Cortes y a la influencia de distintas camarillas que buscaban el favor real, al margen de la vida parlamentaria. El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Bravo Murillo en 1852, quien propuso una dictadura tecnocrática, suspender indefinidamente las Cortes y restringir aún más el censo electoral. Esta reforma suponía, en la práctica, la desaparición del régimen parlamentario y la vuelta a un sistema semejante al Estatuto Real. La propuesta fracasó, y una nueva revolución en 1854 permitió a los progresistas regresar al poder.
El Bienio Progresista (1854-1856)
La Revuelta de 1854 y el Nuevo Gobierno Progresista
El autoritarismo del gobierno moderado provocó la oposición y el levantamiento de progresistas, demócratas y algunos sectores moderados defraudados con la acción gubernamental. Esta unión desembocó en junio de 1854 en el pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por el general O'Donnell, quien fundó un nuevo partido, la Unión Liberal, para intentar cubrir el espacio entre moderados y progresistas. Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares, que demandaba el cumplimiento de la Constitución de 1845, la reforma de la ley electoral, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia Nacional. La presidencia recayó en Espartero, y O'Donnell fue nombrado ministro de Guerra. Las elecciones, convocadas con un censo más amplio que el de 1837, permitieron una mayoría progresista. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo, restableciendo la Milicia y la ley municipal que permitía la elección directa de los alcaldes. También preparó una nueva Constitución en 1856, que no llegó a ser promulgada.
La actuación de mayor trascendencia fue un plan de reformas económicas en defensa de los intereses de la burguesía y de las clases medias, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país.
La Legislación Económica
Las líneas de acción más importantes del gobierno progresista fueron la reanudación de la desamortización y la extensión de la red ferroviaria. La nueva ley desamortizadora de 1855, a cargo del ministro Madoz, afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares y de los ayuntamientos (bienes de propios y comunales). Se pretendía conseguir recursos para la Hacienda Pública. Una buena parte de los ingresos se invirtió en la red de ferrocarriles para fomentar los intercambios y el crecimiento industrial del país. La construcción de las líneas de ferrocarril se inició en 1855 con la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba su ejecución y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieran. El desarrollo económico de España se reflejó en una legislación para favorecer la reforestación, poner en marcha el telégrafo, ampliar la red de carreteras y desarrollar la minería.
La Crisis del Bienio Progresista
Las medidas reformistas del bienio no remediaron la crisis. En Cataluña, la delicada situación económica produjo huelgas obreras en 1855. Los trabajadores pedían la reducción de los impuestos de consumos, la abolición de las quintas, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral. El malestar condujo también a un levantamiento campesino en tierras castellanas. El gobierno acabó presentando la Ley del Trabajo, que permitía las asociaciones de obreros. La creciente conflictividad social y las discrepancias dentro de la coalición gubernamental se agudizaron. Espartero dimitió, y la reina confió el gobierno a O'Donnell.