Silencio administrativo negativo y caducidad del procedimiento: plazos y efectos

El Silencio Negativo y la Caducidad del Procedimiento

La Administración está siempre obligada a dictar resolución expresa, tanto en los procedimientos iniciados previa solicitud del interesado como en los procedimientos iniciados de oficio, y, además, a notificar lo resuelto. Esto debe hacerlo dentro de un plazo máximo, transcurrido el cual, dará lugar al silencio negativo en unos supuestos y a la caducidad en otros.

Hay que tener en cuenta que el Silencio Administrativo no es una facultad de la Administración por la que pueda optar libremente, sino que es una garantía para los ciudadanos, encaminada a evitar que las Administraciones públicas puedan paralizar sus situaciones jurídicas incumpliendo sus obligaciones. Se trata de una irregularidad para la que el Ordenamiento Jurídico establece mecanismos, a fin de garantizar las situaciones jurídicas de los ciudadanos, que transcurrido cierto tiempo puedan estos continuar con sus recursos hasta llegar en último término a los tribunales contencioso-administrativos y, evitar así que la Administración paralice su situación.

Esto es precisamente lo que se conoce como Silencio Administrativo: se trata de un mecanismo que permite, en caso de inactividad por falta de resolución en procedimientos administrativos, imputar a la Administración de que se trata mediante un acto administrativo que tendrá la condición de verdadero acto en caso de ser configurado como estimatorio y, de ser configurado como desestimatorio, habría sido mera ficción jurídica.

Excepciones a la Obligación de Resolución Expresa

Tan solo existen dos supuestos excepcionales en los que queda excluida la obligación de dictar resolución expresa y publicarla:

1. En procedimientos que puedan finalizar con un pacto, acuerdo, convenio o contrato.
2. En aquellos procedimientos relativos al ejercicio de derechos en los que basta comunicación previa por parte de los ciudadanos a la Administración (ej. Derecho de manifestación y reunión en lugares públicos, art. 21.2 CE, que necesita autorización previa).

Plazos para Resolver y Notificar

En cuanto a los plazos que tiene la Administración para resolver y notificar sus resoluciones, dependerá del procedimiento en cuestión y de lo que establezca la norma reguladora en dicho procedimiento, ya que, en base a ello estará dispuesto en el Ordenamiento Jurídico.

• Si el plazo se establece por norma con rango reglamentario, este no podrá ser superior a seis meses (plazo genérico).
• Si no hay plazo de tiempo establecido, entonces no podrá ser superior a tres meses (plazo por defecto).

Cómputo de los Plazos

• En los procedimientos iniciados de oficio, se debe especificar en el acuerdo de iniciación del procedimiento cuál es el plazo máximo, que comienza desde su notificación y publicación de dicho acuerdo.
• En los procedimientos iniciados previa solicitud del interesado, deberá encargarse la Administración de comunicarlo a los interesados en el plazo de diez días desde que dicha solicitud entró en el Registro del Órgano competente para resolver (plazo inicial del cómputo).

Factores que Afectan al Plazo

En relación con el plazo debemos tener en cuenta dos cosas:

Suspensión del Plazo

El artículo 42.5 establece los supuestos de suspensión legal:

1. Para subsanar alguna deficiencia de nuestra solicitud o que adjuntemos documentos u otros elementos.
2. Cuando se exige informe o intervención de Órganos de la Unión Europea, pronunciamiento previo y preceptivo de los mismos.
3. Cuando se ha solicitado un informe que resulta preceptivo y determinante para el contenido de la resolución. En este caso se establece el límite de tres meses.
4. Cuando los solicitantes solicitan la práctica de pruebas técnicas, o análisis contradictorios.
5. En los procedimientos que se puedan finalizar mediante pacto o acuerdo entre la Administración y los ciudadanos. Este puede suspenderse desde la declaración de apertura de negociaciones hasta la declaración formal de cierre de las mismas, sin haber llegado a un acuerdo.

Ampliación del Plazo

El artículo 42.6 de la Ley 30/1992 establece las condiciones para la ampliación:

1. Cuando el número de solicitudes o personas afectadas pueda determinar el incumplimiento del plazo. Tal ampliación será excepcional y motivada, tras haber agotado todas las posibilidades de cumplimiento, mediante el incremento de medios personales o materiales. La resolución e información pertinente deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento. Este plazo de ampliación no podrá nunca ser superior al inicial (si el plazo inicial es de seis meses, este no podrá ser más tampoco).

La ley indica que el incumplimiento de esta obligación de resolver dentro de plazo dará lugar a responsabilidad disciplinaria y otros tipos de responsabilidad personales de los titulares de Órganos de instrucción y resolución y, del personal al servicio de los mismos.

Efectos del Incumplimiento del Plazo: Silencio Negativo vs. Caducidad

Se producirá silencio negativo si se rebasa el plazo máximo en procedimientos iniciados de oficio conducentes a casos favorables; en cambio, en los procedimientos iniciados de oficio en los que se ejerciten potestades sancionadoras o conducentes a actos desfavorables, el efecto será la caducidad.

Supuestos de Silencio Negativo

El artículo 43.2 de la Ley 30/1992 establece los supuestos en los que se produce el silencio negativo y añade que en todos los demás casos será positivo:

1. Procedimientos en los que se ejercita el derecho de petición (art. 29 CE: derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución).
2. Procedimientos relativos a solicitudes cuya estimación dé lugar a la transferencia de facultades sobre el servicio público (ej. la concesión de un quiosco en la vía pública).
3. Procedimientos de impugnación de actos administrativos (ej. recursos) excepto, en la interposición de un recurso de alzada frente a una situación previa de silencio negativo.

Diferencia Clave entre Silencios

En cuanto a la diferencia entre silencio negativo y silencio positivo, debemos tener en cuenta que en ambos la Administración tiene la obligación de dictar resolución expresa, pero, en el caso del silencio positivo, dicha resolución será positiva (estimatoria); mientras que, en el silencio negativo podrá ser tanto estimatoria como desestimatoria.

Plazos para Recurrir ante Silencio Negativo

El Ordenamiento Jurídico establece que, en el caso del silencio negativo, los plazos para interponer recurso se amplían:

• A tres meses en los casos de recursos de alzada y reposición.
• A seis meses en caso de recurso contencioso-administrativo.