Sanciones, resoluciones judiciales y actos de comunicación en la LOPJ

1. Sanciones a abogados y procuradores (arts. 552-557 LOPJ)

Los abogados y procuradores que intervengan en los pleitos y causas, cuando incumplan las obligaciones que les impone la LOPJ, podrán ser corregidos, siempre que el hecho no constituya delito. Serán también corregidos disciplinariamente por su actuación ante los órganos judiciales:

• a) Cuando en la actuación forense faltaren oralmente, por escrito o por obra al respeto debido a los jueces y tribunales, fiscales y abogados.
• b) Cuando, amonestados al orden en las alegaciones orales, no obedecieren reiteradamente al que presida el acto.
• c) Cuando no comparecieren ante el tribunal sin causa justificada, una vez citados en forma.
• d) Cuando renuncien injustificadamente a la defensa.

Las correcciones que se pueden imponer son el apercibimiento o la multa. La corrección se impondrá por la autoridad ante la que se sigan las actuaciones, pudiendo hacerse en los propios autos; en tal caso, el secretario hará constar el hecho que motiva la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo judicial adoptado.

2. Resoluciones

2.1. De los tribunales (arts. 244-248 LOPJ)

Las resoluciones de los tribunales, cuando no estén constituidos en Sala de Justicia, Salas de Gobierno, y las de los jueces y presidentes cuando tuvieren carácter gubernativo, se llaman acuerdos. Las resoluciones de los jueces y tribunales que tienen carácter jurídico son:

• a) Providencias: cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso. Su fórmula se limitará a la determinación de lo mandado y del juez que las dispone, sin más fundamento ni adiciones. Se dictan con la fecha en que se acuerden, la firma del juez y del secretario.
• b) Autos: cuando decidan recursos contra providencias, presupuestos procesales o nulidad del procedimiento. Serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y razonamientos jurídicos.
• c) Sentencias: cuando decidan definitivamente el pleito o deban revestir esta forma. Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorice la ley. Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno.

2.2. Del secretario judicial (art. 456 LOPJ)

• a) El secretario judicial dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas que las leyes reserven a jueces o tribunales. Estas resoluciones se llaman diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución.
• b) Decreto: se denomina así a la resolución que dicte el secretario judicial con el fin de poner término al procedimiento cuando tenga atribuida exclusiva competencia.

3. Vista, votación y fallo

3.1. Vista

Las vistas de los asuntos se señalarán por el orden de su conclusión, salvo que en la ley se disponga otra cosa. Corresponderá a los presidentes de Salas y a los de sección el señalamiento de las vistas. El juez tendrá a su disposición los autos para dictar sentencia o decisoria de incidente. El presidente y los magistrados podrán examinar los autos en cualquier tiempo.

3.2. Votación

La votación, a juicio del presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de que estos deban ser objeto. Votará en primer lugar el ponente y después los demás magistrados por orden inverso al de su antigüedad. El que presida votará el último. Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor.

Cuando fuere trasladado o jubilado algún juez, deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos en cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado. Si después de la vista y antes de la votación algún magistrado se imposibilitare y no pudiere asistir al acto, dará su voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al presidente.

3.3. Fallo

Las sentencias se firmarán por el juez o por todos los magistrados no impedidos dentro del plazo establecido. Todo el tribunal que tomó parte en la votación de una sentencia firmará lo acordado. Cuando después de fallado un pleito por un tribunal se imposibilite algún magistrado de los que votaron y no pudiere firmar, lo hará por él quien hubiere presidido el tribunal.

4. Actos de comunicación judicial (arts. 270-272 y 149 LOPJ)

Se realizarán bajo la dirección del secretario judicial, que será responsable de la adecuada organización del servicio, en alguna de las formas siguientes:

• a) A través de procurador: si se trata de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquel. El procurador firmará las notificaciones y emplazamientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del proceso.
• b) Mediante correo que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, fecha y del contenido de lo comunicado. Cuando las partes no actúen representadas por procurador, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes.
• c) Por entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le ha de notificar.
• d) Por edicto, fijando la copia de la resolución en el tablón de anuncios del órgano judicial.
• e) Por medios electrónicos, informáticos y similares, siempre que el órgano judicial y los destinatarios dispongan de ellos.

La cédula expresará el tribunal que hubiese dictado la resolución y el asunto en que ha recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación, el objeto de esta y el lugar, día y hora. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. Podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios juzgados y tribunales de la misma población. Serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a la ley.

Clases de actos procesales de comunicación del tribunal

• 1. Notificación: mediante ella, el juez, a través de la oficina judicial, persigue dar noticia de la resolución o diligencia.
• 2. Citación: se convoca a la persona para que comparezca en un determinado día, a una hora concreta, en un lugar.
• 3. Emplazamiento: se convoca a la parte para que comparezca y para actuar, dentro de un plazo determinado, en la sede judicial.
• 4. Requerimiento, 5. Mandamiento y 6. Oficio: formas de comunicación con las autoridades no judiciales y con funcionarios distintos de los mencionados anteriormente.
• 7. Exposición.

5. Nulidad de actos procesales

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los siguientes casos:

• 1) Cuando se produzcan con infracción de la competencia o ante tribunal distinto del procedimiento.
• b) Cuando se realicen bajo violencia.
• c) Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento.
• d) Cuando se realicen sin intervención de abogado.
• e) Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.
• f) En los demás casos en que las leyes procesales así lo establezcan.

6. Cooperación jurisdiccional

La cooperación judicial, tanto interna como internacional, se presenta hoy día como una ineludible obligación institucional. Se recabará la cooperación judicial cuando haya de practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del juzgado que la hubiere ordenado. Aquí encontramos el exhorto:

• Se remitirá directamente al órgano judicial exhortado, por medio del sistema informático judicial, que garantice la constancia de la recepción.
• No obstante, si la parte a la que le interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará este bajo su responsabilidad, para que se encargue del mismo.
• El órgano requerido dispondrá su cumplimiento. Cumplimentado el exhorto, se comunicará su resultado por los medios anteriores.

En el orden jurisdiccional penal, podrán los jueces realizar cualesquiera diligencias de instrucción en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción, cuando el mismo se hallare próximo y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al juez competente.

7. Responsabilidad patrimonial del Estado

Los daños causados en los bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a los perjudicados derecho a indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona. La mera revocación de una resolución judicial no presupone derecho a indemnización. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Se aplicarán estas reglas:

• a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse en el plazo de 3 meses a partir del día en que pudo ejercitarse.
• b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano al que se imputa el error y, si este se atribuyese a una Sala, ante la que corresponda.
• c) El procedimiento será el del recurso de revisión en materia civil, siendo partes el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado.
• d) El tribunal dictará sentencia definitiva en el plazo de 15 días, con informe previo del órgano jurisdiccional al que se atribuye el error.
• e) Si el error no fuera apreciado, se impondrán las costas al peticionario.
• f) No procederá la declaración del error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieran agotado previamente los recursos previstos en la ley.

8. Impresos normalizados

Se aprueban los impresos normalizados para su presentación directa por los ciudadanos en los supuestos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 437.2 y 814.1). En ella se contempla la utilización de dichos impresos por parte de los ciudadanos, que deberán estar a su disposición en el órgano judicial correspondiente. Para ello, se establecen unos modelos con objeto de que sean facilitados gratuitamente por los decanatos, servicios comunes y tribunales, para aquellos casos en los que no sea obligatoria la intervención de abogado y procurador.