Reglamentos ilegales: nulidad, inaplicación y vías de impugnación

La Nulidad de Pleno Derecho de los Reglamentos Ilegales

Los reglamentos que violan cualquiera de los límites formales y materiales incurren en la sanción de nulidad de pleno derecho (art. 62.2 LRJPAC), la más grave que el ordenamiento jurídico prevé para reprimir las conductas ilegales. Es consecuencia directa de la trascendencia jurídica de los reglamentos.

Consecuencias de la Nulidad: La Inaplicación Judicial

Se considera como una consecuencia directa de la sanción de nulidad la posibilidad de que los sujetos obligados por un acto o disposición nula puedan desconocer su existencia, ya que lo que "es nulo no debe producir ningún efecto". Es la técnica de la inaplicación del reglamento, ya que, frente a la fuerza de la ley, el reglamento es una norma cuestionable por los poderes públicos y por los ciudadanos.

En particular, esta posibilidad presenta gran efectividad cuando se trata de los jueces, que debieran aplicarlos en un proceso, ya que la propia legalidad les obliga a una valoración previa del reglamento. De modo que, si el mismo se opone a la ley, ha de ser esta la que predomine en virtud del principio de jerarquía normativa, y se ha de dejar de aplicar el reglamento. Es la consecuencia que impone el art. 6 de la LOPJ.

Límites a la Inaplicación: Funcionarios y Particulares

Funcionarios Públicos

La indicada técnica pierde eficacia en los supuestos de aplicación extrajudicial de una norma reglamentaria por un funcionario público, ya que este se encuentra vinculado por el deber de obediencia jerárquica. Solo en supuestos extremos, en que la norma manifestara carencia de los mínimos requisitos externos de validez, desaparecería este deber de obediencia.

Particulares

Más difícil resulta configurar los límites del deber de observancia cuando se trata de particulares. Ello es así por la presunción de legalidad.

Mecanismos de Reacción ante la Ilegalidad Reglamentaria

Diferencias con los Actos Administrativos

Los mecanismos administrativos específicos de reacción ante la ilegalidad de un reglamento presentan una notable diferencia en relación con los encaminados a depurar los actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Frente a la posible interposición de un recurso administrativo contra cualquier acto administrativo, se alza la prohibición de presentarlo contra una disposición general.

La Revisión de Oficio

La revisión de oficio constituye un privilegio de las Administraciones públicas consistente en la posibilidad de que puedan anular sus propios actos o disposiciones sin necesidad de acudir a los Tribunales.

El Recurso Contencioso-Administrativo

El recurso contencioso-administrativo es la técnica más eficaz para garantizar la concordancia de los reglamentos con el ordenamiento jurídico. Los tribunales poseen facultades para declarar la nulidad de los reglamentos ilegales.

Existen dos tipos de recursos:

• El directo, que pretende la declaración inmediata de la nulidad de una disposición administrativa.
• El indirecto, que busca la declaración de nulidad de un acto administrativo en base a la ilegalidad de la norma reglamentaria que se aplicó en un supuesto concreto.

En el primer supuesto, el recurso debe interponerse a los dos meses de la publicación del reglamento. En el segundo caso, el plazo de interposición es de dos meses a partir de la notificación del acto de aplicación del reglamento cuestionado.