Potestad reglamentaria en España: fundamento, límites y procedimiento de elaboración

La Potestad Reglamentaria de la Administración Pública

La potestad reglamentaria es la facultad atribuida por el ordenamiento jurídico a las Administraciones Públicas para dictar normas jurídicas subordinadas a las leyes. Su fundamento es producto de una interpretación realista de la división de poderes, tal como fue concebida por los revolucionarios franceses.

Fundamento Constitucional y Alcance

La Constitución Española vigente reconoce expresamente dicha potestad al Gobierno en su artículo 97, y de forma indirecta a las Comunidades Autónomas. Se trata de una potestad perfectamente acotada y sujeta a una pluralidad de límites, tanto formales como materiales.

Límites de la Potestad Reglamentaria

Entre los límites formales, destacamos dos aspectos fundamentales:

1. La Competencia

   La competencia constituye la determinación de los entes y órganos con capacidad para dictar reglamentos. Cabe hablar de una competencia a favor del Estado, que la Constitución concreta en el Gobierno, ampliándola y concretándola en el Presidente del Gobierno y los Ministros. La Constitución también reconoce potestad reglamentaria a las Comunidades Autónomas.

   Con apoyo, únicamente, en normas de rango de ley, nuestro ordenamiento jurídico confiere esta potestad, además, a los entes locales, sobre la base de su condición de autónomos para la gestión de sus intereses.

2. El Procedimiento de Elaboración

   Los reglamentos que provienen de la Administración están sometidos a un procedimiento en el que está garantizada la intervención, tanto de órganos administrativos distintos del titular de la potestad, como de los sectores externos afectados.

Desafíos en la Aplicación y Eficacia

En cuanto a la garantía interna y externa del producto normativo, es importante reconocer el escaso desarrollo de normas específicas, el alto grado de inobservancia de las mismas, así como la acusada relativización jurisprudencial de los diversos trámites establecidos por las leyes. Esta situación determina una pérdida de su eficacia vinculante.

Procedimiento de Elaboración de Reglamentos

Los trámites procedimentales a seguir en la elaboración de un reglamento dependen de la Administración de origen. Para la Administración del Estado, se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, en su nueva redacción dada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Las respectivas Leyes de Gobierno y Administración regulan el procedimiento de cada Comunidad Autónoma.

De forma esquemática, podemos agrupar los trámites esenciales en:

1. Actividades Preparatorias

   Se centran en la redacción de un primer borrador, precedido o acompañado de un informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma, así como de una Memoria económica que contenga la estimación del coste al que dará lugar.

   Como novedad, se establece la exigencia de una consulta pública a todos sus potenciales destinatarios mediante la web, que tendrá por objeto:

   1. Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
   2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
   3. Los objetivos de la norma.
   4. Las posibles soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias.

2. Actividades de Instrucción

   Se centran en los informes de la propia organización administrativa (internos) o de personas o entidades ajenas a ella.

3. Aprobación y Actos de Integración de su Eficacia

   Una vez aprobado por el órgano competente, el reglamento debe publicarse íntegramente en el Boletín Oficial correspondiente.

   Sobre su entrada en vigor, el artículo 23 de la nueva redacción de la Ley del Gobierno ha introducido la distinción entre las disposiciones reglamentarias que impongan nuevas obligaciones y las que no lo hacen. Las primeras entrarán en vigor el 2 de enero o el 1 de junio siguientes a su aprobación. Las segundas lo harán veinte días después de su completa publicación en el BOE.

Potestad Reglamentaria en Entidades Locales

En las Entidades Locales, la potestad reglamentaria corresponde al Pleno.