Recursos directos y cuestión prejudicial ante el TJUE: anulación, omisión, indemnización e incumplimiento

Vías de Acceso Judicial en la Unión Europea: Recursos Directos

Recurso de Anulación

El recurso de anulación tiene por objeto velar por la legalidad de las normas del derecho derivado de la Unión Europea (UE). Se puede presentar contra cualquier acto legislativo, del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo que no sea una recomendación o un dictamen, o contra los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. También puede interponerse contra actos de órganos u organismos de la UE destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

Tiene un plazo de presentación de dos meses.

Existen dos tipos de demandantes:

• Demandantes privilegiados: Son los Estados miembros, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. El único requisito es respetar el plazo de presentación.
• Demandantes no privilegiados: Se dividen en dos grupos:
  • El Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo (BCE) y el Comité de las Regiones: Solo pueden interponer el recurso con el objetivo de salvaguardar sus prerrogativas.
  • Los particulares (personas físicas o jurídicas): Pueden recurrir contra actos de los que sean destinatarios. Fuera de esta situación, la legitimación de los particulares es bastante restrictiva y deben demostrar que el acto les afecta directa e individualmente.

Si el Tribunal de Justicia (TJ) acepta el recurso, la sentencia dictada supondrá la anulación del acto con efecto erga omnes (frente a todos).

Recurso por Omisión

El recurso por omisión se interpone cuando una institución, órgano u organismo de la UE se abstiene de pronunciarse, en violación de los Tratados. Se inicia para que el TJ declare que existe dicha omisión ilegal.

Tienen legitimación activa tanto las instituciones y Estados miembros como los particulares (si la omisión les afecta directa e individualmente). El procedimiento implica un requerimiento previo a la institución para que actúe; si transcurren dos meses sin respuesta o con una respuesta insatisfactoria, se abre un nuevo plazo de dos meses para presentar el recurso ante el TJ.

Recurso de Indemnización (Responsabilidad Extracontractual)

Este recurso busca obtener una indemnización por daños y perjuicios causados por las instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (responsabilidad extracontractual de la UE).

Los particulares también tienen legitimación activa para presentar este recurso. El plazo de prescripción es de cinco años a partir de la producción del hecho que motiva la reclamación.

Recurso por Incumplimiento

El objetivo del recurso por incumplimiento es perseguir y constatar los incumplimientos del Derecho de la UE cometidos por los Estados miembros.

Los demandantes pueden ser la Comisión Europea (lo más habitual) u otro Estado miembro.

El procedimiento incluye una fase administrativa previa:

• La Comisión dirige una carta de emplazamiento al Estado miembro presuntamente infractor, dándole la oportunidad de presentar sus observaciones.
• Si el Estado no pone fin al incumplimiento, la Comisión emite un dictamen motivado.
• Si el Estado no se conforma con el dictamen en el plazo fijado, la Comisión (o el otro Estado miembro) puede presentar el recurso ante el TJ.

La sentencia del TJ es declarativa, es decir, constata oficialmente el incumplimiento. Si el Estado persiste, puede iniciarse un segundo procedimiento que puede llevar a la imposición de sanciones económicas.

Estos son los principales recursos directos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para otras cuestiones, la vía habitual es a través del juez nacional.

Cooperación entre la Jurisdicción de la UE y las Jurisdicciones Nacionales: La Cuestión Prejudicial

La cuestión prejudicial es un mecanismo fundamental de cooperación entre los tribunales nacionales y el TJUE. Tiene dos vertientes principales:

Cuestión Prejudicial de Interpretación

Ocurre cuando un juez nacional tiene dudas acerca del significado o alcance de una norma del Derecho de la UE que debe aplicar para resolver el litigio pendiente ante él. En este caso, dirige una pregunta al TJUE para que este delimite dicho significado o alcance.

Cualquier órgano jurisdiccional nacional está facultado para plantear una cuestión prejudicial de interpretación. Sin embargo, el TJUE ha introducido la doctrina del acto claro, según la cual, si la correcta aplicación del Derecho de la UE se impone con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable, el juez nacional puede abstenerse de plantear la cuestión.

Cuestión Prejudicial de Apreciación de Validez

Se plantea cuando el juez nacional tiene dudas sobre la validez de un acto del Derecho derivado de la UE (Reglamentos, Directivas, Decisiones) que debe aplicar.

Cualquier órgano jurisdiccional nacional está facultado para plantearla. No obstante, los tribunales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno (tribunales de última instancia) están obligados a plantearla si consideran que el acto de la UE no es válido.

Existe un matiz importante que afecta a los jueces que no son de última instancia, derivado de la jurisprudencia Foto-Frost: si un juez nacional alberga dudas sobre la validez de un acto de la UE, no puede declararlo inválido por sí mismo. Si desea inaplicarlo por considerarlo inválido, está obligado a plantear la cuestión prejudicial de validez ante el TJUE, que es el único competente para declarar la invalidez de un acto de la Unión.