Prerrogativas de la Administración en la contratación pública: potestades y límites

Prerrogativas de la Administración Contratante

1. La decisión unilateral y ejecutoria de la Administración contratante

La legislación contractual prevé que las grandes decisiones de la Administración contratante, tales como la interpretación del contrato, la modificación de su objeto o incluso su resolución, pueden ser adoptadas de forma unilateral. Por tanto, no requieren la conformidad de la otra parte y son susceptibles de ejecución forzosa por sí mismas. Esto constituye una manifestación de la presunción de validez de los actos administrativos y de la autotutela declarativa de los mismos.

2. El poder de interpretación unilateral de los contratos

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretación de los contratos y de resolución de las dudas que surjan en los mismos. El objetivo es que la Administración pueda resolver por sí misma las discrepancias con el contratista para evitar la paralización de la ejecución contractual. Esta prerrogativa se fundamenta en la prevalencia del interés general; si el contratista discrepa, podrá acudir a la vía judicial.

3. Potestad de dirección, inspección y control de la ejecución del contrato

La Administración ejerce facultades de supervisión según la tipología contractual:

• Contrato de obras: La Administración obliga al contratista a cumplir las instrucciones impartidas por el director facultativo de obras.
• Contrato de gestión de servicios: La ley establece que la Administración conservará potestades de policía y la facultad de inspeccionar el servicio para garantizar su buena marcha.
• Contrato de suministros: La Administración contratante puede inspeccionar el proceso de fabricación y elaboración de los productos.
• Contrato de concesión de obra pública: Existe la potestad de vigilar y controlar el cumplimiento de obligaciones mediante la inspección del servicio, locales y obras.

4. Imposición de sanciones administrativas

En el ámbito contractual, estas se denominan penalidades. Se encuentran reguladas por ley y se aplican en cuatro supuestos principales:

• a) Incumplimiento por el contratista del plazo total del contrato.
• b) Incumplimiento de plazos parciales.
• c) Incumplimiento parcial de las prestaciones.
• d) Cumplimiento defectuoso o incumplimiento de compromisos de condiciones especiales.

5. La modificación unilateral del objeto del contrato (Ius Variandi)

La ley establece que esta modificación solo es posible por exigencias del interés público, debidamente justificadas por causas sobrevenidas no previstas al momento de la celebración del contrato. Se admitirá exclusivamente en los siguientes supuestos:

1. Sucesión de la persona contratista o cesión del contrato.
2. Cesión del contrato por el contratista anterior a uno nuevo, cumpliendo los requisitos legales.
3. Casos de revisión de precios.
4. Casos de prórroga del plazo actual.
5. Cuando así se haya advertido expresamente en los pliegos o en el anuncio de licitación.
6. Modificaciones no previstas en los pliegos, conforme a lo establecido en el artículo 92.