Pilares del Estado Autonómico Español: Unidad, Igualdad y Solidaridad Constitucional

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Evolución del Modelo Autonómico Español: De la Vía Lenta a la Homogeneización

Con posterioridad, los acuerdos suscritos en 1992 por el PSOE y el PP permitieron la reforma estatutaria de las Comunidades Autónomas que habían accedido a la autonomía por la denominada «vía lenta», contribuyendo así a la homogeneización del mapa autonómico y a la elevación de los techos competenciales de dichas Comunidades. Estos acuerdos permitieron dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 148.2 CE y llevar a cabo una transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.

Las posteriores reformas estatutarias en 1994 permitieron consolidar esta ampliación competencial, generalizando y homogeneizando sus niveles de autogobierno con el de las Comunidades de «vía rápida».

Principios Constitucionales del Estado Autonómico: Unidad, Igualdad y Solidaridad

El Principio de Unidad (Art. 2 CE)

El Estado políticamente descentralizado que tenemos en España es el resultado de la combinación entre el principio de autonomía y el de unidad.

Unidad Económica

Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Su contenido abarca:

  • Libre circulación de personas (Art. 19 CE)
  • Libre circulación de mercancías (ausencia de aduanas interiores)

El Principio de Igualdad

La igualdad se manifiesta en diversas dimensiones:

  • Formal
  • Material
  • Territorial
  • Condiciones básicas de derechos y deberes

Significado: Igualdad vs. Uniformidad

En el marco del Estado Autonómico, el principio de igualdad no puede ser concebido como «rigurosa uniformidad del ordenamiento». El Tribunal Constitucional ha establecido que «la igualdad no supone la uniformidad» y, por tanto, en el ámbito del Estado de las Autonomías «no toda desigualdad es discriminatoria», sino solo aquella que carece de «toda justificación objetiva y razonable en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada».

Importante: De este principio no se puede deducir una obligación con alcance general para que todas las Comunidades Autónomas «ostenten las mismas competencias». Tampoco implica que «tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes».

Igualdad en Relación con los Derechos

Para el Tribunal Constitucional, de preceptos constitucionales como los artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1 CE, no se deriva la exigencia de un «tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado», ya que esto resultaría contrario a la autonomía. Respecto del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, lo relevante sería lo que el Tribunal Constitucional denomina «igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales».

El Principio de Solidaridad

Este principio enfatiza la reciprocidad de intereses generales e intereses particulares. Está muy vinculado al principio de unidad y se concreta en:

  • Deber de auxilio recíproco
  • Deber de apoyo
  • Lealtad constitucional

El Principio de Lealtad Constitucional

Aunque no aparece expresamente recogido en la Constitución, el Tribunal Constitucional (TC) ha entendido que deriva del principio de solidaridad. El principio de lealtad significa que, en el ejercicio de sus competencias, el Estado y las Comunidades Autónomas deben tener «como referencia necesaria la satisfacción de los intereses generales».

Este principio se concreta en la fidelidad a la Constitución, así como en la obligación de un comportamiento «leal» entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

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