Las Partes Acusadoras en el Proceso Penal Español

Partes Acusadoras

A. Concepto

Ocupan la posición activa en el proceso penal, instando durante la fase de instrucción las diligencias necesarias para preparar el juicio y la adopción de las medidas que se precisen a ese fin, y formulando la acusación contra una persona determinada durante el juicio oral.

Pero cuando el ofendido no renuncie o reserve el ejercicio de la pretensión de restitución, reparación o indemnización, en el derecho español se entenderá ésta utilizada en el proceso penal:

• Bien por el Ministerio Fiscal (MF) (salvo delitos perseguibles solo a instancia de parte)
• Bien por el ofendido o perjudicado, constituyéndose en parte procesal también en materia penal (acusador privado o particular)
• Bien constituyéndose el ofendido en parte a los solos efectos de pretender el efecto civil derivado de los hechos delictivos (actor civil)

B. El Ministerio Fiscal

a. Concepto

El MF es un órgano del Estado, al que la Constitución (Art. 124) asigna las funciones de:

• Promover la acción de la justicia (de oficio o de parte) en defensa de:
  • La legalidad
  • Los derechos de los ciudadanos
  • El interés público tutelado por la ley
• Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El MF ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de:

• Unidad de actuación y
• Dependencia jerárquica

y con sujeción, en todo caso, a los de:

• Legalidad e
• Imparcialidad.

El Ministerio Fiscal es un órgano colaborador de la jurisdicción, que no forma parte del Poder Judicial por dos razones:

• Porque queda fuera de la estricta garantía de la exclusividad que la Constitución Española otorga a los órganos jurisdiccionales, y
• Porque de sus miembros no se predican las notas de independencia e inamovilidad como se hace respecto de los jueces y magistrados.

De aquí que el MF nunca podrá llevar a cabo:

• Actividades jurisdiccionales (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado)
• Realizar actos de prueba en sentido propio
• Limitar el libre ejercicio de los Derechos Fundamentales en el ámbito reservado al Poder Judicial
• Incidir definitivamente en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.

Sin embargo, dada la posición constitucional del MF, como defensor de la legalidad y actuando en el proceso penal bajo el principio de imparcialidad puede intervenir en el proceso asumiendo la titularidad de diligencias y actuaciones en una posición de preeminencia sobre las partes privadas.

Nuestro Ordenamiento Jurídico se la reconoce para ejercitar la acción penal en:

• En los delitos públicos, perseguibles de oficio, debiendo promover la acusación y entablar la acción civil aunque haya un acusador particular en el proceso.
• En los delitos semipúblicos, aunque es necesaria la previa denuncia del agraviado (o representante legal) como presupuesto procesal para su persecución; una vez se haya producido ésta, el MF debe intervenir como si de un delito perseguible de oficio se tratara.
• En los delitos privados (perseguibles solo a instancia de parte) no puede intervenir el MF, exigiéndose querella del ofendido o de su representante legal. En la actualidad, son de este tipo solo los delitos de calumnia e injuria contra particulares.

c. Principios de Actuación

• Principio de legalidad. Sujeción estricta a la ley, sin que pueda atender a criterios de oportunidad.
  • El MF actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integren el Ordenamiento Jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan.

Sin embargo, en el proceso penal de menores se ha introducido el principio de oportunidad, que confiere al MF:

• Un limitado poder de archivo
• La posibilidad de obtener un sobreseimiento por:
  • La conciliación del agresor con la víctima o
  • La inexistencia de interés público en la persecución.

• Principio de imparcialidad. El Art. 7 EOMF establece que el MF actuará con objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.

Por el principio de imparcialidad el MF (art. 2 LEC) habrá de:

• Cuidar de que se consignen y apreciar él mismo todas las circunstancias tanto adversas como favorables al imputado, instruyéndole de sus derechos mientras no se halle asistido de defensor.
• Instar el castigo del culpable, formulando tanto la acusación como la absolución del inocente, oponiéndose a la que se hubiera ejercitado por otro, retirando durante el juicio oral su calificación provisional acusatoria o llegando a interponer recurso a favor del reo.