Organización Judicial en España: Tribunales, Órganos y Principios del Derecho Procesal

Órganos judiciales

Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y no constituye un órgano judicial de la comunidad integrado. Se compone de un presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, de los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley para cada una de las salas, así como de los magistrados que determine la ley y en su caso de las secciones que puedan crearse.

La Sala de lo Civil y Penal conocerá:

• En casación: del recurso de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas de derecho civil foral o propio de dicha comunidad.
• Del recurso extraordinario contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma.
• En única instancia: de las demandas de responsabilidad civil por actos cometidos en el ejercicio de sus cargos, dirigidas contra el presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la asamblea.
• En única instancia: de las demandas de responsabilidad civil por actos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Como Sala de lo Penal conocerá:

• El conocimiento de las causas penales que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
• La instrucción y fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos.
• El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como de todos aquellos previstos por las leyes.
• La decisión de las cuestiones de competencia entre juzgados de menores y distintas provincias.

Tribunal Constitucional

Con sede en Madrid, se encuentra regulado en la Constitución Española (arts. 159 a 165) y en la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la citada LO. Tiene jurisdicción en toda España y conoce:

• Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
• Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE.
• De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas.
• De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
• De las impugnaciones del Gobierno contra disposiciones y resoluciones de los órganos de las comunidades autónomas.
• De las cuestiones prejudiciales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia que conoce.

Legitimados: para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y 50 diputados; para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo. Los demás casos se determinan en la LOTC.

Las sentencias del TC se publicarán en el BOE, con los votos particulares, si los hubiere. El TC está integrado por 12 miembros y actúa en pleno o en sala.

Tribunal de Cuentas

La Constitución define el Tribunal de Cuentas como el «supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado», así como del sector público (art. 136), y depende directamente de las Cortes Generales. Su regulación se contiene en la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en su ley de funcionamiento (Ley 7/1988, de 5 de abril). La jurisdicción contable es necesaria, exclusiva y plena.

Lo componen los siguientes órganos: presidente, pleno, Comisión de Gobierno, Sección de Fiscalización y Sección de Enjuiciamiento. En 1977 se estableció en Luxemburgo el Tribunal de Cuentas Europeo.

Tribunal de las Aguas de Valencia

Aunque es conocido como Tribunal de las Aguas, su verdadera denominación es Tribunal de los Acequieros de la Vega de Valencia. Con más de mil años de existencia, se reúne cada jueves a las 12 en punto de la mañana en la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Se compone de 8 síndicos-jueces, pertenecientes a las 8 corporaciones.

El tribunal ejerce funciones jurisdiccionales y utiliza como principal fuente de derecho las ordenanzas de las comunidades-acequias, que apenas contienen menciones del proceso, el cual ha sido elaborado fundamentalmente por vía jurisprudencial. El proceso que se desarrolla ante este tribunal se caracteriza por su rapidez y la carencia de formalidades superfluas. Además, está inspirado en los principios de contradicción, oralidad y publicidad. La ejecución de la misma corresponderá al juez-síndico de la acequia interesada.

Órganos auxiliares y personal

Secretario judicial

La actuación del fedatario judicial en el tribunal, siempre conforme a ley, constituye una garantía del desarrollo de todo proceso. El secretario judicial es un funcionario público que constituye un cuerpo nacional del tribunal superior al servicio de la Administración de Justicia. En el cuerpo de secretarios judiciales existen tres categorías.

Los funcionarios de este cuerpo serán seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de sistema de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso. Para el ingreso se requiere ser español, licenciado en Derecho y no estar incurso en causa de incapacidad, así como superar las pruebas selectivas que se establezcan y el correspondiente curso teórico-práctico. Los funcionarios de este cuerpo tendrán los mismos derechos individuales y colectivos, así como los deberes, que los establecidos para los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.

La provisión de puestos de trabajo se realiza mediante concurso, que será el sistema ordinario. Excepcionalmente, la ley contempla el supuesto de que, cuando no hubiera suficientes secretarios judiciales, en los supuestos de entrada y registros en lugares cerrados acordados por el único órgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultánea, podrán los funcionarios del cuerpo de gestión procesal y administrativa sustituir al secretario judicial.

Sus funciones se desempeñarán con sujeción al principio de legalidad en todo caso y al de autonomía en el ejercicio de la fe pública judicial. Como se ha dicho, las funciones del secretario judicial no serán objeto de delegación ni de habilitación, en general. En el ejercicio de sus funciones, los secretarios judiciales velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los jueces en el ámbito de sus competencias.

Funciones:

• Fe pública judicial: dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal. Cuando se utilicen técnicos de grabación, el secretario judicial garantizará la autenticidad de lo grabado.
• Documentación: son responsables de la función documental que le es propia, así como de la formación de los autos y expedientes. Ejercerán competencias de organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnico-procesales.
• Datación de cuenta, impulso procesal, dirección del personal, archivo judicial de gestión, depósito de bienes y objetos, tributos, estadística judicial y, en última instancia, otras funciones que legal y reglamentariamente se establezcan.

Juzgado de paz

En cada municipio donde no exista un juzgado de primera instancia e instrucción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz. Podrá existir una sola oficina judicial para varios juzgados. Este juzgado conoce:

• En el orden civil: de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. También cumplirán funciones de Registro Civil.
• En el orden penal: en primera instancia de los procesos por faltas que la ley les atribuya.

Estos jueces y sus sustitutos serán nombrados para un período de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el pleno del respectivo ayuntamiento, entre las personas que así lo soliciten. Si no hubiera solicitantes, el pleno elegirá libremente. Aprobado el acuerdo, será remitido al juez de primera instancia del correspondiente partido judicial, quien lo elevará a la Sala de Gobierno. Si en el plazo de 3 meses el ayuntamiento no efectuase la propuesta prevenida, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al juez de paz.

Podrán ser nombrados tanto titulares como sustitutos quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la ley para el ingreso en la carrera judicial y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad.

Conceptos procesales fundamentales

Legitimación procesal

Es la relación de la parte (acto de parte) con el objeto del proceso. Según la LEC, son consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

Medidas cautelares

Son decisiones adoptadas por el órgano jurisdiccional, incluso antes de que este comience, con vistas a hacer efectiva en su día la ejecución de la sentencia. Tienen una finalidad próxima y concreta.

Medidas provisionales

Son las adoptadas por el tribunal sobre hijos, pueden acordarse ante de la demanda y quedarán sin efecto al ser sustituidas por las definitivas.

Minutar

Acción del abogado de pasar al cobro su minuta de honorarios. También, acción del juez de elaborar un borrador de su resolución.

Motivación de la sentencia

También del auto. Es una exigencia constitucional que se expliquen en la resolución judicial los elementos y razonamientos fácticos y jurídicos en los que se apoya el fallo.

Nulidad de actuaciones

Produce la nulidad del acto en cuestión y de los que deriven de él.

Objetiva

Es aquel objeto en el que se resalta la objetividad, es decir, aquel que se puede identificar si la verdad es empírica o necesaria.

Objeto del proceso

Aquello sobre lo que versa, delimitado por las partes enfrentadas y la causa de pedir. En el proceso penal, el hecho punible y el presunto autor.

Oficina judicial

Se emplea como equivalente a la secretaría judicial. Es una organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurídica de juzgados y tribunales. Su estructura básica es homogénea en todo el territorio nacional, debido al único Poder Judicial al que sirve, y se basa en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación.

Principios del proceso

Principio de aportación de parte

Se encuentra dentro del proceso civil. Según este principio, las partes tienen el poder de aportar los hechos y las pruebas al proceso. Los hechos se aportan al delimitar el objeto procesal, pues difícilmente puede conformarse este sin conocer las pretensiones del demandante y del demandado. Las pruebas suelen presentarse más adelante. En realidad, lo que se quiere indicar con este principio, que a nuestro juicio constituye una clara manifestación accesoria del dispositivo, es que los litigantes no solamente son titulares del inicio y del término del proceso, sino que además a ellos compete en exclusiva aportar los elementos útiles para el mismo, hechos y pruebas. Por ello, a este principio se le llama justicia rogada.

Principio de contradicción

Derecho de la parte a ser oída y a poder contradecir lo afirmado por la contraria. La verdad se obtiene de la exposición de dos posiciones enfrentadas. La existencia de dos partes exige la posibilidad de rebatir las argumentaciones de la contraria, así como sus medios de prueba y conclusiones.

Principio de impulso

El proceso avanza de oficio, sin necesidad de que las partes lo insten, siendo improrrogables los plazos.

Principio de inmediación

Presencia directa del tribunal con las partes. También se refiere al contacto del órgano jurisdiccional con las actuaciones escritas.

Principio de investigación de oficio

Supone la quiebra del principio de aportación de parte. En consecuencia, se permite que el tribunal busque y aporte material fáctico y pruebas, dirigiendo de oficio la investigación, sin excluir la colaboración de las partes.

Principio de legalidad

Los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Principio de oficialidad

En el proceso penal, y en el civil de objeto no disponible, tanto el inicio, desarrollo y, en su caso, terminación del mismo no quedan al arbitrio de las partes.

Principio de oralidad

La Constitución dispone que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

Principio de publicidad

La Constitución prescribe que las actuaciones judiciales serán públicas y que las sentencias se pronunciarán en audiencia pública.

Principio dispositivo

A las partes corresponden el inicio del proceso, la delimitación del objeto de discusión, la oposición y, en su caso, la terminación del mismo. El órgano jurisdiccional no debe proceder, en estos aspectos, de oficio. Este principio rige claramente en el proceso civil de objeto disponible, como fiel reflejo de la naturaleza de la cuestión de derecho material debatida.

Principios del procedimiento

Ideas inspiradoras de la tramitación procedimental del proceso.

Principios del proceso

Criterios inspiradores del proceso, y también con respecto a los sujetos que intervienen en el mismo.

Tipos de proceso

Proceso de declaración

Instrumento de actos mediante los cuales el órgano jurisdiccional declara el derecho, pronunciando una sentencia meramente declarativa.

Proceso de ejecución

Instrumento mediante el cual el órgano jurisdiccional procede a hacer ejecutar lo juzgado, es decir, a realizar lo pronunciado en la sentencia declarativa.

Proceso declarativo especial

Cauce procesal previsto para la tramitación específica de determinada clase de asuntos.

Proceso declarativo ordinario

Cauce procesal previsto para la tramitación de la generalidad de asuntos.

Otros conceptos

Procurador

Persona que se encarga, mediante apoderamiento conferido adecuadamente, de representar los intereses de su poderdante ante los tribunales de justicia.

Querella

Escrito mediante el cual una persona física pone en conocimiento del órgano judicial penal la comisión de un hecho punible, solicitando la iniciación de un proceso contra una o varias personas.

Principios generales del derecho

Si los principios generales del derecho, también los del derecho procesal, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, no hay cuestión alguna que plantearse, ya que constituyen fuente del derecho procesal. El problema podría surgir cuando un principio que consideramos fundamental y esencial para nuestra especialidad no se recogiera en la norma positiva. El ideal radica en que los principios procesales fundamentales estén recogidos en la Constitución o avalados por la doctrina del Tribunal Constitucional, con su consiguiente repercusión en los textos positivos. Si eso no fuera así, en cada supuesto concreto habría que confiar en su aplicación de oficio por los órganos jurisdiccionales o en la reclamación por vía de recurso ante los mismos.

El problema no se plantea en los términos expuestos, ya que la doctrina mayoritaria coincide en afirmar que los únicos principios que pueden considerarse como fuente del derecho procesal son los derivados del texto constitucional.