Mayoría de edad, capacidad de obrar, emancipación e incapacitación en el Derecho civil español

Mayoría de edad, capacidad de obrar y emancipación

1. Mayoría de edad y plena capacidad de obrar

La mayoría de edad se alcanza a los 18 años, momento en que se adquiere la plena capacidad de obrar, pudiendo ejercitarla por sí misma sus derechos y obligaciones personales y patrimoniales. Existen, no obstante, supuestos en el Código Civil y en otras leyes que exigen una edad superior.

En la redacción original del Código Civil, la mayoría de edad se fijaba en los 21 años. La reforma de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, la redujo a los 18 años. La ocasio legis fue la propuesta del PSOE y de la minoría catalana, frente a la postura de UCD y Alianza Popular. Posteriormente, el Real Decreto-ley de 16 de noviembre de 1978 ya había establecido la mayoría de edad en 18 años.

Resultaba incongruente mantener los 21 años cuando otras normas ya reconocían capacidad a los 18: el Código de la Circulación, la disposición militar (ley de caza), la antigua Ley de Contrato de Trabajo, o el Código Penal, que fija la responsabilidad penal a los 16 años y la plena responsabilidad a los 18.

2. Minoría de edad

Antes de la Ley 11/1981, el menor de edad era totalmente incapaz para realizar actos con eficacia jurídica. Hoy, el Derecho positivo reconoce que la capacidad de obrar es gradual y paulatina. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, establece que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores deben interpretarse de forma restrictiva. Además, reconoce derechos como el honor, la intimidad y la propia imagen, la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho a ser oído.

3. Emancipación

A) Mayoría de edad frente a emancipación

Emanciparse significa independizarse, aun sin haber alcanzado la mayoría de edad. El Código Civil considera erróneamente que la primera causa de emancipación es alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, la mayoría de edad atribuye de forma automática la plena capacidad de obrar a quien la alcanza, mientras que la emancipación sitúa al menor emancipado en una posición intermedia entre la minoría y la mayoría de edad.

B) Clases de emancipación

• Por concesión paterna: otorgada por los padres al menor mayor de 16 años, que puede ser revocada.
• Por concesión judicial: concedida por el juez en los casos en que los padres estén separados y el ejercicio de la patria potestad sea entorpecido, o cuando los padres contraigan nuevo matrimonio.
• Por matrimonio: el menor que contrae matrimonio queda emancipado.
• Por vida independiente: el menor mayor de 16 años que vive de forma independiente con consentimiento de sus padres, conforme a la autonomía económica.

C) Efectos de la emancipación

La emancipación sitúa al menor en una situación de capacidad intermedia entre la mayoría y la minoría de edad, desde el punto de vista patrimonial. Las limitaciones se establecen en el artículo 323 del Código Civil: hasta la mayoría de edad, el menor emancipado no podrá tomar dinero prestado, pero sí prestar o recibir préstamos de otros tipos de bienes distintos al dinero, y no podrá enajenar ni gravar bienes inmuebles.

Declaración judicial de incapacitación

El juez, en virtud de las causas establecidas en el artículo 200 del Código Civil, podrá incapacitar a cualquier persona. La Ley 13/1983 dispone que la incapacitación declarada por sentencia puede ser total o parcial (graduable, art. 210 CC) y que la sentencia es revisable, pudiendo variar las condiciones de la incapacitación (art. 212 CC).

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 deroga los artículos 210 a 212 del Código Civil, aunque mantiene el carácter gradual y la revisabilidad de la sentencia.

Internamiento del presunto incapaz

Desde 1931 era posible el internamiento en hospitales y manicomios sin declaración judicial de incapacitación. Desde 1983, esta práctica está prohibida. El internamiento requiere previa autorización judicial y examen médico del presunto incapaz.

Excepción: en casos de especial gravedad (por ejemplo, esquizofrenia agresiva) que justifiquen el internamiento inmediato, este puede realizarse sin autorización previa, requiriéndose la autorización judicial a posteriori. Con la entrada en vigor de la LEC 2000 se derogan los artículos 210, 211 y 212 del Código Civil.

Prodigalidad

La prodigalidad es una conducta personal caracterizada por la habitualidad en el derroche o disipación de bienes propios, malgastándolos de forma desordenada. No constituye causa de incapacitación.

El pródigo no se somete a tutela, sino a curatela respecto a los actos de carácter patrimonial que determine la correspondiente sentencia. No se ve privado de la capacidad de obrar ni de actuar a través de su curador. Tras la aprobación de la LEC 2000, esta situación se mantiene.