Ejecución provisional de sentencias: concepto, requisitos y procedimiento

La Ejecución Provisional de Sentencias

Concepto y Fundamento

Por norma general, solo son susceptibles de ejecución las sentencias firmes de condena. Sin embargo, el ordenamiento jurídico permite, como regla, la ejecución de resoluciones judiciales que aún no han adquirido firmeza por haber sido recurridas. Esto se conoce como ejecución provisional.

Supuestos de la ejecución provisional

La ejecución provisional se fundamenta en varias razones clave:

• Refuerza la posición del litigante que ha obtenido una sentencia favorable, otorgándole una tutela judicial más inmediata.
• Desincentiva o reduce los motivos para que el condenado interponga recursos con fines meramente dilatorios.
• Supone un respaldo a la posición del juzgador de instancia, quien puede decretar la ejecución de sus resoluciones sin esperar a la confirmación o revocación de su fallo por un tribunal superior.

Procedencia

La ejecución provisional cabe contra resoluciones que, de ser firmes, serían susceptibles de ejecución forzosa. Su naturaleza no es diferente de la ejecución de sentencias firmes, ya que la actividad ejecutiva es idéntica. La principal particularidad es que se introduce el factor de la revocabilidad del título en el caso de las resoluciones recurridas.

Resoluciones Provisionalmente Ejecutables

No todas las resoluciones pueden ser ejecutadas de forma provisional. A continuación, se detallan los casos más relevantes:

• Ejecución provisional de sentencias de condena: Puede solicitarse tanto para sentencias dictadas en primera instancia como para sentencias de segunda instancia que hayan sido recurridas por infracción procesal o en casación.
• Laudo arbitral: Es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercido una acción de anulación.
• Sentencias extranjeras: Aquellas que no hayan ganado firmeza no son ejecutables en España, salvo que se disponga lo contrario en los tratados internacionales aplicables. Al no ser susceptibles de adquirir firmeza o no ganarla, carece de sentido referirse a la ejecución de títulos contractuales.
• Sentencias de condena excluidas: La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prohíbe expresamente la ejecución provisional de sentencias dictadas en procesos sobre:
  • Paternidad, maternidad y filiación.
  • Nulidad de matrimonio, separación y divorcio.
  • Capacidad y estado civil.
  • Oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
  • Derechos honoríficos.
• Pronunciamientos de carácter indemnizatorio: Tampoco cabe la ejecución provisional de los pronunciamientos de sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Procedimiento

Competencia y Partes

• Competencia: La ejecución será despachada y llevada a cabo por el tribunal competente para la primera instancia. Esto aplica tanto si se trata de una resolución dictada por él mismo como de una que haya recaído en segunda instancia.
• Parte legitimada: Está legitimado para solicitarla el beneficiado por la sentencia, es decir, quien ha visto su pretensión de condena total o parcialmente estimada. Normalmente, el solicitante será la parte recurrida, pero también cabe que la solicite el recurrente que pretende obtener la ejecución de aquello en lo que la sentencia le ha dado la razón.

Solicitud y Despacho de Ejecución

• La ejecución provisional solo se decreta a instancia de parte y debe solicitarse por medio de una demanda ejecutiva o una simple solicitud que cumpla con los requisitos exigidos.
• La LEC diferencia los supuestos en que se pretende ejecutar provisionalmente una sentencia dictada en primera instancia de aquellos otros en que se pretende ejecutar una sentencia dictada en segunda instancia.
• La demanda ejecutiva puede presentarse en cualquier momento, desde que se tenga por preparado el recurso (o desde la adhesión al mismo) y hasta que recaiga la sentencia definitiva que lo resuelva.
• Una vez solicitada, el tribunal despachará la ejecución provisional, salvo que la ley la prohíba o la sentencia no contenga un pronunciamiento de condena. El auto por el que se despacha la ejecución no es susceptible de recurso, sin perjuicio del derecho del ejecutado a promover oposición.