Decretos-leyes y reglamentos: clasificación y límites de la potestad reglamentaria

Decretos-Leyes: Disposiciones Legislativas de Urgencia

En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. Estas no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española (CE), al régimen de las comunidades autónomas, ni al Derecho electoral general.

Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de su totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso deberá pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento del Congreso establecerá un procedimiento especial y sumario.

Durante el plazo establecido anteriormente, las Cortes Generales podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Reglamentos: Definición y Clasificación

Los reglamentos se pueden clasificar de acuerdo con diversos criterios complementarios.

Además, según la relación existente entre los reglamentos y la ley, podemos distinguir entre:

• Reglamentos ejecutivos. Son aquellos que desarrollan total o parcialmente una ley. De hecho, la propia ley puede establecer en su articulado que un determinado precepto será posteriormente desarrollado por el correspondiente reglamento.
• Reglamentos autónomos o independientes. Son aquellos que no desarrollan una ley específica, sino que surgen al margen de la misma.
• Reglamentos de necesidad. Nacen justificados por un estado de necesidad o de emergencia, cuya excepcionalidad puede hacer que se sitúen, incluso, por encima del principio de primacía de la ley.

Límites de la Potestad Reglamentaria

Los límites en el ejercicio de la potestad para elaborar reglamentos se fundamentan, por un lado, en la reserva de materia que es objeto de regulación mediante ley y, por otro, en el carácter de norma subordinada que posee el reglamento, lo que le obliga a autolimitarse.

Límites derivados del principio de reserva de ley:

La Administración Pública no puede regular por vía reglamentaria:

• Materias que sean objeto de regulación legal.
• Establecer ni imponer penas.
• Establecer ni exigir prestaciones personales obligatorias.
• Establecer tributos ni otro tipo de exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda ni otras cargas similares.

Límites que se derivan de la propia naturaleza de los reglamentos:

• No pueden derogar ni modificar el contenido de leyes ni de reglamentos dictados por autoridad u órgano de mayor jerarquía.
• Los reglamentos autónomos o independientes no deben limitar derechos subjetivos ni situaciones jurídicas adquiridas por los particulares.
• Los reglamentos que, en ejecución de una ley anterior y haciendo uso de la autorización que en ella se contenga, puedan limitar derechos particulares, no deben extenderse a materias distintas de las previstas en la ley de autorización.
• Deben elaborarse según un procedimiento específico recogido en la Ley del Gobierno, o serán declarados nulos.