El concepto de infancia, derechos del menor y marco jurídico de protección

1. El concepto de infancia

La concepción actual de la infancia ha cambiado a lo largo de la historia. Actualmente, se considera una etapa propia de la vida en la que los niños necesitan cuidados, educación y protección para desarrollarse plenamente.

1.1. La delimitación cronológica de la infancia

La infancia comprende desde el nacimiento hasta la edad adulta. Para estudiar mejor el desarrollo infantil, se divide en diferentes etapas:

• Primera infancia (0-3 años): se desarrollan las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas.
• Etapa preescolar (3-6 años): avanzan el lenguaje, la autonomía y la socialización.
• Etapa escolar (6-12 años): se adquieren nuevos aprendizajes y se desarrollan las habilidades sociales.
• Adolescencia: se producen cambios físicos, emocionales y sociales, avanzando hacia la consolidación de la identidad y la autonomía personal.

Estas etapas permiten comprender mejor los cambios que experimentan los niños y adaptar la educación y la atención a sus necesidades. Autores como Piaget, Kohlberg, Freud, Erikson y Wallon estudiaron el desarrollo infantil desde diferentes perspectivas.

1.2. La atención a la infancia a lo largo de la historia

La forma de entender y atender a los niños ha evolucionado según la cultura, la sociedad y la época histórica.

La infancia en el mundo antiguo

• En Mesopotamia aparecen algunos de los primeros documentos relacionados con el cuidado infantil, la higiene y la protección.
• El Código de Hammurabi incluía normas orientadas a la protección de los huérfanos.
• En Grecia y Roma, la infancia se entendía principalmente como una preparación para la vida adulta, otorgando gran importancia a los vínculos sanguíneos y a la contribución futura de los menores a la sociedad.

La época medieval: cristianismo e islam

• Durante la Edad Media, el cristianismo influyó notablemente en la concepción de la familia, destacando el matrimonio y los vínculos familiares.
• Los hijos eran reconocidos principalmente por su parentesco biológico.
• En el mundo musulmán surgieron aportaciones de relevancia; destaca Ibn al-Jatib, quien trató cuestiones vinculadas a la higiene, la crianza y la alimentación de los recién nacidos.
• La infancia se consideraba principalmente una etapa de crianza: cuando los niños podían desenvolverse físicamente, se incorporaban pronto a las actividades de los adultos.
• El abandono infantil y la presencia de niños que vivían en la calle constituían problemas frecuentes.

El Renacimiento: la preocupación por la infancia

• Surge un interés más específico por la infancia como etapa diferenciada de la vida.
• Se crean instituciones de protección, como los orfanatos, que acogían a niños de la calle y les enseñaban un oficio.
• La educación adquiere mayor importancia, aunque todavía se basa en la disciplina estricta, la severidad y, en ocasiones, el maltrato.
• Destacan figuras como J. Comenio, Juan Bautista de La Salle y Vicente de Paúl.

La Ilustración: los inicios de la educación

• J. J. Rousseau: en Emilio, o De la educación, defiende el respeto a las emociones y a las fases madurativas de los niños.
• J. H. Pestalozzi: se preocupa por los menores desprotegidos y su integración social, promoviendo la confianza en sus capacidades y la atención pedagógica a sus necesidades.
• F. Fröbel: introduce el juego como principal estrategia pedagógica en los primeros jardines de infancia (Kindergarten).

La industrialización y la legislación infantil

• Durante la segunda mitad del siglo XIX, los menores trabajaban en condiciones precarias y de sobreexplotación.
• Esta problemática impulsó la promulgación de leyes protectoras y una mayor intervención del Estado.
• En España destaca la Ley Tolosa Latour de 1904, destinada a proteger a los menores de diez años y regular su actividad.

La época dorada de la pedagogía y la psicología

• Aparece el movimiento de la Escuela Nueva, enfocado en renovar los métodos educativos y transformar la concepción de la infancia. Entre sus promotores destacan M. Montessori, O. Decroly y C. Freinet.
• La psicología comienza a estudiar la infancia como una etapa determinante para el desarrollo de la persona, gracias a las aportaciones de J. Piaget, L. Vigotski, H. Wallon y S. Freud.
• Estos avances experimentaron frenos y retrocesos derivados de las guerras mundiales, la Guerra Civil española, los totalitarismos, las dictaduras y las tensiones sociopolíticas de la época.

El camino hacia el reconocimiento de los derechos de la infancia

• Tras la Primera Guerra Mundial se consolida formalmente la necesidad de proteger a los niños.
• En 1924 se redacta la Declaración de Ginebra.
• En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• En 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.
• En 1989 se promulga la Convención sobre los Derechos del Niño, que fija los estándares actuales de protección internacional.

A pesar de estos avances, persiste una notable desigualdad mundial en las condiciones de vida de los menores.

2. Marco internacional de los derechos y la atención a la infancia

Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon organismos internacionales dirigidos a favorecer la paz, la cooperación, el desarrollo socioeconómico y la protección de los derechos fundamentales, prestando especial atención a la infancia.

2.1. Organismos internacionales de atención a la infancia

Se distinguen principalmente dos tipos de organismos:

A. Organismos oficiales o gubernamentales

• ONU (Organización de las Naciones Unidas): creada en 1945, agrupa a los Estados para trabajar por la paz y la colaboración en materias de salud, educación y cultura.
• UNICEF: agencia especializada de la ONU de referencia para la protección y defensa de los derechos de la infancia.
• UNESCO y OMS: instituciones que, sin dedicarse con exclusividad a los menores, promueven y salvaguardan activamente sus derechos sanitarios y educativos.

B. Organismos no gubernamentales (ONG)

• Son entidades privadas, sin ánimo de lucro y con independencia de los gobiernos y organismos internacionales.
• Tienen como objetivo dinamizar la intervención social a través de proyectos de desarrollo.
• Denuncian vulneraciones de derechos, exigen la corrección de injusticias y sensibilizan a la sociedad civil.
• No sustituyen la labor de los Estados ni de los organismos públicos, pero complementan la cobertura en áreas donde las políticas públicas son insuficientes.
• Se financian mediante subvenciones públicas, cuotas de socios, donaciones, eventos y patrocinios.
• Entre las ONG destacadas en este ámbito figuran Save the Children, SOS Infancia, Payasos sin Fronteras, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y la Fundación Vicente Ferrer.

2.2. Evolución de los instrumentos de derechos de la infancia

La Declaración de Ginebra (1924)

En 1923, Eglantyne Jebb —fundadora de Save the Children— impulsó la redacción de una declaración internacional sobre los derechos infantiles. Adoptada por la Sociedad de las Naciones, constaba de cinco artículos y reconocía la necesidad de medidas especiales de protección:

1. El niño debe contar con los medios necesarios para su desarrollo normal, tanto material como espiritual.
2. El niño hambriento debe ser alimentado; el enfermo, atendido; el deficiente, ayudado; el desadaptado, reeducado; y el huérfano y abandonado, recogido y socorrido.
3. El niño debe ser el primero en recibir auxilio en situaciones de calamidad o emergencia.
4. El niño debe ser capacitado para ganarse la vida y protegido frente a cualquier forma de explotación.
5. El niño debe ser educado en el deber de poner sus mejores virtudes al servicio del prójimo.

La Declaración de los Derechos del Niño (1959)

• Aprobada el 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Compuesta por un preámbulo y diez principios reguladores.
• Instaba a la sociedad y a los gobiernos a reconocer e incorporar estos derechos en los ordenamientos jurídicos nacionales.
• Carecía de carácter vinculante, funcionando como una declaración de intenciones sin fuerza jurídica coercitiva para los Estados firmantes.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Constituye un tratado vinculante que reconoce a los menores no solo como receptores de protección, sino como plenos sujetos de derechos civiles, sociales y políticos. Se fundamenta en cuatro principios rectores:

1. No discriminación: ningún niño debe sufrir distinción o exclusión por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen social o cualquier otra condición.
2. Interés superior del niño: este principio debe primar en toda medida, decisión o actuación que afecte al menor.
3. Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: obligación de garantizar las condiciones necesarias para un desarrollo armónico e integral.
4. Participación infantil: potestad de expresar libremente opiniones y participar en las decisiones que les incumben, conforme a su edad y grado de madurez.

Los protocolos facultativos (2000)

Aprobados el 25 de mayo de 2000 con el fin de complementar la Convención ante problemáticas urgentes de abuso y explotación:

• Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
• Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
• Protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones: mecanismo para presentar denuncias y quejas ante el Comité de los Derechos del Niño ante violaciones no resueltas a nivel estatal.

2.3. Los derechos de la infancia en la Unión Europea

La Unión Europea cuenta con un marco normativo estructurado en torno a diversos instrumentos esenciales:

A. Carta Europea de los Derechos del Niño

• Aprobada mediante la Resolución A3-0172/92 del Parlamento Europeo.
• Toma como base los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
• Atiende de manera específica a los retos derivados del mercado único y la integración comunitaria.

B. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

Su artículo 24 reconoce de forma expresa los derechos del menor y contempla tres directrices primordiales:

1. Derecho a la protección y cuidados indispensables para el bienestar, así como a expresar su opinión de forma autónoma.
2. Consideración primordial del interés superior del niño en todas las decisiones de autoridades e instituciones públicas o privadas.
3. Derecho de todo menor a mantener relaciones afectivas y contacto directo regular con ambos progenitores, salvo cuando resulte perjudicial para sus intereses.

C. Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia

• Iniciada mediante comunicación de la Comisión Europea del 4 de julio de 2006.
• Busca consolidar y respaldar los derechos de la infancia tanto en las políticas internas de los Estados miembros como en la acción exterior de la UE.
• Incorpora planes de acción periódicos, como la Estrategia 2021-2024 y la puesta en marcha de la Garantía Infantil Europea.

3. El marco jurídico de la atención a la infancia en España

La adhesión a los convenios internacionales y la pertenencia a la Unión Europea determinan que las administraciones públicas españolas —a nivel central y autonómico— deban garantizar normativamente la protección del menor.

3.1. La normativa estatal

La Constitución Española de 1978 establece las bases en dos preceptos fundamentales:

• Artículo 27: derecho a la educación y libertad de enseñanza.
• Artículo 39: mandato de protección social, económica y jurídica a la familia y a la infancia.

A partir de este mandato constitucional se articulan las normas básicas del sistema:

La Ley de Protección Jurídica del Menor

Regulada originariamente por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y modificada ampliamente por la Ley 26/2015, de 28 de julio, se fundamenta en los siguientes principios:

1. Primacía absoluta del interés superior del menor sobre cualquier otro concurrente.
2. Carácter eminentemente educativo y pedagógico de las medidas aplicadas.
3. Fomento de la colaboración familiar y prioridad de la permanencia del menor en su núcleo de origen.
4. Consideración del menor como sujeto de derecho con necesidades específicas de protección por su estadio evolutivo.
5. Armonización constante con los estándares y tratados internacionales.

La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, tiene como fin garantizar el derecho a la integridad física, psicológica y moral frente a toda forma de violencia. Define como violencia:

• El maltrato físico, psicológico o emocional.
• Los castigos corporales, humillantes o degradantes, junto con amenazas, injurias y calumnias.
• El descuido, abandono o trato negligente.
• La explotación, el abuso sexual, la pornografía infantil, la corrupción de menores o la difusión no consentida de datos íntimos.
• El acoso escolar, el acoso sexual y el ciberacoso.
• La violencia de género y doméstica en el entorno familiar.
• Prácticas graves como la mutilación genital femenina, la trata de personas, el matrimonio forzado y las uniones infantiles.
• La violencia vicaria, ejercida contra los hijos como instrumento para dañar a la madre.

Responsabilidad penal del menor

• El Código Penal español sitúa la mayoría de edad penal general en los 18 años.
• La responsabilidad de los menores se regula específicamente a través de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.
• Combina una finalidad educativa y preventiva con la exigencia de responsabilidad y la debida atención a las víctimas.
• Introduce la responsabilidad solidaria civil de padres, tutores o guardadores legales.
• Por debajo de los 14 años, los actos ilícitos no son punibles penalmente, derivándose su respuesta a los servicios sociales y al ámbito familiar.
• Entre los 14 y los 18 años se contemplan medidas específicas y tramos adaptados a la gravedad del hecho y la madurez del menor.
• Catálogo de medidas aplicables: internamiento en régimen cerrado, semiabierto o terapéutico; tratamiento ambulatorio; asistencia a centros de día; permanencia de fin de semana; y prestaciones en beneficio de la comunidad.

3.2. La normativa autonómica

• Los estatutos de autonomía otorgan competencias exclusivas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social, menores y familias.
• Cada autonomía desarrolla y complementa la legislación marco estatal mediante leyes de infancia propias.
• La normativa autonómica aborda también la protección infantil de modo transversal mediante normas de igualdad, servicios sociales y educación.

3.3. Figuras jurídicas en la protección del menor

A. Patria potestad y guarda

La patria potestad es el conjunto de deberes y facultades otorgados por ley a los progenitores para velar por el interés, cuidado, sustento y administración de bienes de sus hijos menores de edad.

• Lleva aparejada la guarda de hecho o legal (convivencia directa y asistencia cotidiana).
• Si la familia incurre en imposibilidad grave para ejercer estos deberes, la entidad pública competente puede asumir temporalmente la guarda sin que ello extinga la patria potestad.
• Las autoridades judiciales pueden suspender, limitar o privar a los padres de la patria potestad por incumplimiento grave, pudiendo ser restituida si varían favorablemente las condiciones que motivaron la medida.

B. Tutela, curatela y defensor judicial

• Tutela: institución de amparo legal que encomienda a una persona física o jurídica la protección personal y patrimonial de un menor desamparado o carente de patria potestad. Se ejerce bajo control judicial y se extingue por emancipación, mayoría de edad, adopción o recuperación de la patria potestad paterna.
• Curatela: medida de asistencia orientada a complementar la capacidad del menor únicamente para aquellos actos patrimoniales o jurídicos concretos que no puede realizar por sí mismo.
• Defensor judicial: figura designada por un juez para representar transitoriamente al menor ante conflictos de intereses con sus representantes legales, o ante la vacante sobrevenida del tutor o curador.

C. Acogimiento

Dispositivo de protección que articula la estancia temporal del menor fuera de su familia biológica para garantizar su bienestar y permitir la recuperación del entorno de origen. Se clasifica en:

• Acogimiento familiar: el menor convive con una familia extensa (parientes) o con una familia ajena seleccionada técnicamente.
• Acogimiento residencial: la guarda se asume a través de centros públicos o concertados de protección de menores.

D. Adopción

Medida definitiva de protección judicial que constituye una relación de filiación plena. De manera general, extingue irrevocablemente los vínculos jurídicos con la familia biológica de origen.

E. Emancipación

Figura que pone fin a la patria potestad o tutela, otorgando al menor a partir de los 16 años la capacidad de obrar civil de forma casi equivalente a la de un adulto. Puede formalizarse por matrimonio, concesión de quienes ostentan la patria potestad o mediante resolución judicial.

4. Servicios de protección y bienestar de la infancia

El estado de bienestar estructura sistemas públicos específicos orientados a garantizar el desarrollo íntegro y la atención de la población infantil y adolescente.

4.1. El sistema educativo

Regulado en España por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), organiza la enseñanza básica y postobligatoria a través de las siguientes etapas:

• Educación obligatoria (hasta los 16 años):
  • Educación Infantil (0-6 años): estructurada en dos ciclos (0-3 y 3-6 años) con identidad educativa propia.
  • Educación Primaria (6-12 años): comprende seis cursos centrados en competencias básicas y socialización.
  • Educación Secundaria Obligatoria - ESO (12-16 años): consta de cuatro cursos formativos y de orientación académica.
• Enseñanzas postobligatorias:
  • Bachillerato: dos cursos académicos orientados a estudios superiores técnicos o universitarios.
  • Formación Profesional: ciclos formativos de grado básico, medio y superior destinados a la capacitación profesional.
• Educación inclusiva y orientación: el modelo busca garantizar la igualdad de oportunidades adaptándose a las necesidades individuales. El apoyo especializado se organiza en:
  • Departamentos de orientación / gabinetes psicopedagógicos: integrados directamente en los centros educativos.
  • Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP): dispositivos multidisciplinares de zona integrados por psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales.

4.2. El sistema sanitario

Amparado por el artículo 43 de la Constitución y la Ley General de Sanidad, se estructura bajo los principios de universalidad, descentralización autonómica y accesibilidad territorial a través de Áreas de Salud y Zonas Básicas de Salud (centros de salud y consultas de pediatría).

• Atención primaria: primer escalón de acceso para revisiones regulares, vacunaciones y problemas de salud frecuentes.
• Atención especializada: consultas externas, servicios hospitalarios y pruebas diagnósticas complejas que no pueden resolverse en el nivel primario.
• Urgencias sanitarias: atención inmediata no programable, accesible en hospitales, centros de urgencias o a través del 112.

4.3. El sistema de servicios sociales

Las comunidades autónomas organizan los servicios sociales a través de una red pública y concertada, agrupada en dos niveles:

• Servicios sociales generales (o de atención primaria): puerta de entrada comunitaria para asesoramiento, detección preventiva, recursos a domicilio e inclusión básica.
• Servicios sociales especializados: unidades técnicas que atienden situaciones de vulnerabilidad o desamparo complejas. En el ámbito infantil intervienen los Equipos de Atención a la Infancia y la Familia (EAIF), coordinando acogimientos residenciales, familiares o procesos de reunificación.

4.4. Planes y programas de intervención

Los mandatos legales y convenios internacionales se materializan mediante estrategias y planes operativos:

• Por su ámbito territorial: planes estatales, estrategias autonómicas o planes locales municipales.
• Por su alcance sectorial: estrategias de carácter integral o programas focalizados contra problemáticas concretas (como la explotación sexual infantil, el acoso escolar o la pobreza infantil).
• Ejemplos destacados: el IV Plan de Acción contra la Explotación Sexual Infantil y Adolescente, la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia, el III Plan de Infancia de Andalucía o los planes municipales de ciudades como Barcelona, Zamora o Pamplona.