Claves del Procedimiento Administrativo: Derechos, Competencias y Formas de Inicio

Claves del Procedimiento Administrativo Común

El procedimiento administrativo tiene como fines constituir una garantía para los derechos de los administrados y para el interés público (control).

Derechos de los Interesados en el Procedimiento

Derecho a no aportar documentos que obran en poder de las Administraciones Públicas

Según el artículo 53.1.d de la Ley 39/2015, se establece el derecho de los interesados en el procedimiento administrativo a no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de cualquier Administración. Esto supone una ampliación de los derechos del ciudadano y fomenta la eficiencia administrativa.

Organización y Competencias Administrativas

Delegación de Competencias

La delegación de competencias implica el traslado no de la titularidad, sino tan solo del ejercicio de la competencia. No obstante, es importante señalar que existen materias que, por su naturaleza, no son delegables.

Delegación o Autorización de Firma

Los órganos de la Administración pueden autorizar la firma a los titulares de los órganos que dependen de ellos. La firma autorizada debe ir precedida de la expresión "Por autorización". La delegación de firma no implica una alteración de la competencia del órgano titular.

El Silencio Administrativo Negativo

El silencio administrativo negativo equivale a un acto desestimatorio de nuestra petición. Esta figura permitirá al interesado la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que corresponda.

La Denuncia como Forma de Inicio del Procedimiento Administrativo

El artículo 62 de la Ley 39/2015 regula el inicio del procedimiento por denuncia:

1. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
   Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
   En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.
5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.