Reparto competencial en la Constitución española: legislación básica, autonomía financiera y composición del Gobierno
Reparto competencial en la legislación básica
La reserva a favor del Estado de la legislación básica se reduce en determinados supuestos. Esto no se refiere a toda la función legislativa, sino solo a parte de ella, denominada legislación básica. En estas ocasiones, la competencia compartida se produce en cuanto que corresponde al Estado la competencia para dictar normas básicas, mientras que las Comunidades Autónomas han asumido la competencia para dictar normas legales de desarrollo.
La distribución competencial entre las normas básicas asumida por las CC.AA. nos presenta una notable dificultad interpretativa, ya que ni en la Constitución ni en los Estatutos de Autonomía se define qué es "lo básico", ni mediante qué vías formales han de dictarse las normas básicas.
A la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede describirse como sigue:
- a) Las bases integran un común denominador normativo. La reserva a favor del Estado de la legislación básica deriva de la exigencia de un tratamiento normativo común, por existir un interés general superior al interés de cada Comunidad Autónoma, al que debe velar el Estado.
- b) La extensión de la reserva de lo básico a competencias ejecutivas. La existencia de materias que exigen un tratamiento jurídico uniforme en todo el territorio español supone que las autoridades estatales deben ser competentes no solo para establecer un mínimo denominador común normativo, sino también para ejercer funciones de tipo ejecutivo, que deben permanecer también centralizadas.
- c) El concepto de bases como competencia horizontal del Estado. Ello tiene especial importancia en aquellos casos en que el art. 149.1 formula este tipo de reserva competencial en términos que representan una amplísima habilitación a favor de la competencia estatal. El art. 149.1.13 reserva al Estado las "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica". Como es evidente, es difícil encontrar ámbitos que no tengan o puedan tener relevancia económica, por lo que a veces se permite al Estado la intervención legislativa o ejecutiva en sectores que han sido asumidos como "competencias exclusivas de las CC.AA."
- d) Las bases deben tener rango de ley. Serán las Cortes Generales mediante ley las que deberán establecer lo que haya de entenderse por básico. Hay que añadir que estas leyes deberán definirse como tal: "Ley básica de…".
Otros supuestos
Se trata de aquellos casos en los que la potestad normativa de las CC.AA. se acota en función de los términos que establezca una ley estatal (no tienen que ser leyes básicas), sin relacionar esta dependencia con el carácter "básico" de la ley del Estado.
Autonomía financiera de las CC.AA.
La Constitución, en su art. 156.1, reconoce la autonomía financiera de las CC.AA. para el desarrollo y ejecución de sus competencias, lo que implica una potestad de autodisposición sobre los recursos necesarios para la efectiva asunción de las competencias previstas en sus Estatutos. La autonomía deberá realizarse con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
Esta previsión está justificada por razones de coordinación económica, así como para evitar que se produzcan diferencias profundas entre la calidad y cantidad de los servicios públicos de las distintas CC.AA., así como la carga tributaria que los ciudadanos deben soportar.
El art. 157.1 establece el instrumento para la coordinación de las competencias financieras desde la perspectiva de los ingresos. El ejercicio de las correspondientes competencias financieras podrá regularse mediante ley orgánica. El Estado, mediante ley orgánica, podrá establecer las líneas directivas del modelo de financiación de las CC.AA. Estas líneas se establecieron mediante la Ley Orgánica de Financiación de las CC.AA.
Esta ley representa un elemento constitutivo del bloque de la constitucionalidad en materia financiera y, además, se trata de un canon de constitucionalidad al delimitar las competencias del Estado y de las distintas CC.AA.
Composición del Gobierno
El Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. En cuanto al número y denominación de los ministerios y la presencia o no de los Vicepresidentes, la regulación constitucional establece un numerus clausus al respecto y además permite que el número de departamentos ministeriales y de vicepresidencias sea fijado por normas de rango reglamentario.
El art. 98 no hace referencia al tipo o rango de la norma que establezca vicepresidencias y ministerios. La disposición aplicable a este respecto es el art. 103.2, que establece que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Este artículo no dispone que esos órganos deban ser creados por ley, por lo que implicaría un acuerdo con la ley que permite compartir la regulación de una materia entre la ley y el reglamento.