Elaboración y reforma de los estatutos de autonomía en España
Elaboración y reforma de los estatutos de autonomía
La doble naturaleza de las normas estatales explica que estos procedimientos sean de cierta complejidad.
Elaboración de los estatutos de autonomía
La previsión constitucional de la autonomía como derecho supone que, en cuanto tal, podía ejercitarse o no. En el momento de elaborar la Constitución se previeron dos tipos básicos de regímenes autonómicos, según pudiera accederse o no al máximo de autonomía de forma inmediata (vía rápida y vía lenta).
1) Acceso a la autonomía por la «vía lenta»
Este procedimiento fue seguido por doce comunidades autónomas: Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León.
En el caso de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144, a pesar de considerar que no poseía identidad regional histórica, las Cortes Generales autorizaron su constitución como comunidad autónoma dadas sus particularidades, en especial albergar la capital del Estado.
2) Acceso a la autonomía por la «vía rápida» (art. 151 CE)
Este fue seguido por Andalucía. El procedimiento se encuentra simplificado para los «territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía»; esto sucedió en la Segunda República en lo que hoy son Cataluña, Galicia y País Vasco, que vieron facilitado su acceso a la autonomía.
Los estatutos de autonomía de la «vía rápida» debían ser ratificados mediante referéndum por los ciudadanos de los respectivos ámbitos territoriales.
El procedimiento especial de Navarra
Esta comunidad autónoma, en cuanto territorio foral, se acogió a la disposición adicional primera de la Constitución para solicitar su autonomía, y en lugar de elaborar un estatuto de autonomía, procedió a actualizar su régimen foral mediante la aprobación de la LO 13/1982 de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra; dicha ley es el producto de la negociación entre la Diputación Foral de Navarra y los poderes centrales del Estado.
El caso de Ceuta y Melilla
La autonomía reconocida a estas ciudades es cualitativamente distinta de la que poseen las comunidades autónomas, situándose a caballo entre estas y la autonomía de los entes locales. El Tribunal Constitucional ha confirmado que Ceuta y Melilla no son comunidades autónomas, sino ciudades autónomas.
La reforma de los estatutos de autonomía
La Constitución realiza una remisión genérica a los estatutos de autonomía. La norma fundamental añade a este respecto que las reformas de los estatutos de autonomía se remitan a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley orgánica.
La doble dimensión autonómica y estatal del estatuto de autonomía se proyecta también en la iniciativa de reforma, puesto que parte de los estatutos reconoce la iniciativa tanto a órganos autonómicos como estatales.
Reforma y ampliación de competencias
El problema de la reforma de los estatutos de autonomía se conecta con la ampliación de las competencias de las comunidades autónomas. En efecto, es posible que las comunidades autónomas ejerzan competencias sin necesidad de asumir su titularidad mediante la reforma de los estatutos. De ahí que las primeras reformas estatutarias que se realizaron no afectaran a las competencias, sino a aspectos institucionales: en 1991 se llevó a cabo un proceso tendente a unificar la fecha de las elecciones autonómicas.