Competencias de la Policía Local en consumo, abastos, comercio ambulante y espectáculos en Andalucía

La actividad de la policía local como policía administrativa I: Consumo, Abastos, Mercados, Venta ambulante, Espectáculos y establecimientos públicos.

La Constitución Española, en su artículo 51, establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios; así como promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentando sus organizaciones. El artículo 58 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, establece que la comunidad autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en materia de: defensa de los derechos de los consumidores y adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de mercado. Por tanto, así nace la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de consumidores y usuarios en Andalucía. La ley establece que las administraciones públicas de Andalucía garantizarán con medidas eficaces la defensa y protección de los consumidores y usuarios; entendiéndose por estos, las personas físicas o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales bienes o servicios. A lo largo de la ley se establece la vigilancia, control e inspección de los objetos de consumo; al igual que recoge los derechos de los consumidores, la reparación de los daños y perjuicios producidos; el derecho a que sean informados de forma veraz, suficiente y comprensible, a que se facilite libro de quejas y reclamaciones, etc. Se creará el Consejo Andaluz de Consumo y los Consejos Provinciales de Consumo, como órganos consultivos de participación, de mediación, de diálogo y de concertación en materia de defensa de los consumidores. La administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales desarrollarán las inspecciones necesarias para vigilar y garantizar los derechos de los consumidores; realizando preferentemente la inspección de consumo en la fase de comercialización, otorgando la condición de agentes de autoridad a los inspectores de consumo. Levantando actas de sus visitas o actuaciones, teniendo estas valor probatorio, salvo prueba en contrario, pudiendo adoptar medidas provisionales durante su tramitación. El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales, establece la intervención en materia de abastos, siendo los ayuntamientos competentes para sancionar. Regulando también los mercados, todo ello mediante ordenanzas municipales.

Regulación del Comercio Ambulante

El Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del comercio ambulante, tiene por objeto la regulación del comercio ambulante dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma de Andalucía, entendiéndose por este el que se realiza fuera del establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles. El ejercicio de las modalidades de comercio ambulante queda sometido a autorización previa, por parte de los ayuntamientos, para un periodo de 15 años, prorrogable por otro plazo igual y pudiendo ser transmisible la autorización. Los municipios donde se lleve a cabo el ejercicio del comercio ambulante deberán contar con una ordenanza municipal que regule la actividad; correspondiendo a los ayuntamientos la inspección y sanción de las infracciones, pudiendo adoptar medidas provisionales de incautación de productos, puestos, instalaciones o vehículos.

Regulación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

El artículo 72 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, indica que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas. Su parcial regulación en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, hace necesaria la creación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. Esta ley tiene por objeto la regulación tanto de las actividades como de las condiciones técnicas y de seguridad. La celebración o práctica de cualquier espectáculo público o actividad recreativa estará sujeta a los medios de intervención por parte de la administración competente; en caso de que se celebre sin haberse sometido a estos medios, dará lugar a su inmediata suspensión. La Junta de Andalucía y los municipios velarán por la observancia de la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas, a través de las funciones de inspección, control y sanción de las infracciones. Teniendo en cuenta que la inactividad o cierre durante más de seis meses determinará que se vuelva a someter a los medios de intervención administrativa. La inspección de los establecimientos se ejercerá por la administración competente, llevándose a efecto por los miembros de la policía local. La ley además regula las obligaciones de las empresas, los derechos de los espectadores y asistentes, sus obligaciones y prohibiciones. Cataloga las infracciones en muy graves, graves y leves, estableciendo las sanciones y las medidas provisionales.

Desarrollo Normativo

Como desarrollo de la ley nos encontramos con lo siguiente:

• Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos en la comunidad autónoma de Andalucía.
• Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el nomenclátor y el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma de Andalucía.
• Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento general de admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.