Régimen Jurídico de la Detención y Valor Probatorio del Atestado Policial en el Proceso Penal

Procedimiento Policial Inicial y Plazos Máximos

En estos casos, la policía tomará nota de los datos de identificación del sospechoso y los remitirá al juez que deba conocer de la causa.

El plazo máximo de duración de estas primeras diligencias no puede exceder de tres días.

La Entrega Judicial del Detenido (Art. 496 LECrim)

Si existiera detención de una persona determinada, la policía deberá:

• Entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención (redacción originaria).

Actualmente, este artículo 496 debe interpretarse en el sentido de que la policía ha de entregar al detenido a disposición de la Autoridad Judicial competente:

• Dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma.
• No está obligada a entregar al detenido al Juez de Instrucción competente, sino al más próximo al lugar de la detención.

La determinación del lugar y tiempo de la detención tiene relevancia para:

• Determinar la competencia del juez que haya de conocer de la detención judicial.
• La determinación del cómputo del plazo de la detención a los efectos de reputarla o no ilegal.

Valor Procesal del Interrogatorio Policial y el Atestado

La Regla General: Negación del Valor Probatorio

La doctrina del Tribunal Constitucional (TC), nacida en torno a la presunción de inocencia y al artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), niega valor probatorio al interrogatorio policial. Esta actividad, por sí sola, no constituye prueba suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria, pues el atestado tiene el valor de denuncia y, en cuanto tal, no es un medio, sino un objeto de prueba.

Excepciones a la Regla General y Medios de Introducción Probatoria

De dicha regla general, cabe exceptuar exclusivamente:

• La recogida del cuerpo del delito.
• El aseguramiento de la prueba.
• Las actas de constancia.

Estos elementos, que por razones de urgencia pueda consignar la policía en el atestado, pueden ser introducidos en el juicio oral en calidad de prueba documental preconstituida.

Sin embargo, los hechos vertidos en el atestado pueden introducirse en el juicio oral, siempre y cuando dicha entrada se efectúe a través de auténticos medios de prueba:

• Por el reconocimiento de tales hechos, realizado por el propio detenido, ante la Autoridad Judicial.
• Por la declaración en calidad de testigos, de los agentes de policía que han intervenido en el atestado.

Pero dicha posibilidad no puede llevar a sustituir la prueba directa. La doctrina del Tribunal Supremo (TS) y del TC tienen declarado que la policía no puede declarar en calidad de testigo indirecto en el juicio oral en sustitución del ofendido o testigo directo, aun cuando este haya podido prestar dicha declaración en la instrucción.

Consecuencias de la Vulneración de Garantías y Derechos del Detenido

Si se ha omitido o vulnerado las garantías preestablecidas o derechos del detenido, el valor del interrogatorio policial no puede ser en modo alguno valorado por el Tribunal:

• Bien sea para condenar al imputado.
• Bien a cualquier otro coautor, cómplice o encubridor.

Por consiguiente, no solo la declaración del detenido, sino incluso la testifical del funcionario de policía, no podrán ser admitidas como prueba en el juicio oral, porque la justicia no puede fundamentar sus fallos en hechos que, al propio tiempo, son constitutivos de delito.

Efectos de la Vulneración de Garantías sobre la Prueba Derivada

¿Puede el Tribunal sentenciador extender su conocimiento a otros medios de prueba, distintos a la declaración del detenido, pero relacionados con él?

Si el interrogatorio se ha practicado con vulneración de las demás garantías preestablecidas (por ejemplo, falta de información al detenido, falta de asistencia letrada, etc.), la confesión del detenido no impedirá al órgano jurisdiccional practicar los demás medios de prueba tendentes a la averiguación de los hechos.

Por consiguiente, la infracción de tales garantías no puede ocasionar la nulidad de las actuaciones, ni impedir una ulterior actividad probatoria sobre tales hechos, en los que, respetándose el derecho de defensa, puede el Tribunal extender su actividad cognoscitiva a tales distintos medios de prueba. Dichas vulneraciones, no obstante, son susceptibles de:

• Integrar el tipo de detenciones ilegales del artículo 167 del Código Penal (CP).
• Generar la oportuna responsabilidad disciplinaria.
• Fundamentar un recurso de habeas corpus.