El Refrendo de los Actos del Rey y el Orden de Sucesión en la Corona Española
El refrendo
La necesidad de que los actos del Rey sean siempre refrendados por otro órgano constitucional (normalmente el Presidente del Gobierno o los ministros) es una regla tradicional del constitucionalismo, que trae causa de la exención de responsabilidad del Jefe de Estado en las monarquías. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, según el artículo 64.2 de la Constitución Española (CE). La responsabilidad del refrendante se extiende tanto a la regularidad formal del acto como a su contenido.
El objeto del refrendo son los actos que el Rey realiza como titular de la Jefatura del Estado, exceptuándose, por consiguiente, los correspondientes a su vida privada.
La forma típica del refrendo es la contrafirma de los actos del Jefe de Estado por parte del refrendante, pero esta no es la única forma posible, sino que existen también otras, como el refrendo tácito o el refrendo presunto.
Por lo que se refiere a la titularidad del poder de refrendo, hay que tener en cuenta que el artículo 64.1 CE se lo atribuye al Presidente del Gobierno, a los ministros y al Presidente del Congreso de los Diputados:
- El poder de los ministros viene limitado por su respectiva competencia, de tal manera que les corresponderá refrendar los reales decretos que cada uno haya propuesto al Consejo de Ministros.
- El refrendo del Presidente del Congreso solo es posible en los casos previstos en el artículo 99 CE, es decir, la propuesta de candidato y el nombramiento del Presidente del Gobierno, así como la disolución de las Cortes Generales si ningún candidato hubiera sido investido.
La naturaleza jurídica del refrendo resulta claramente definida en el artículo 56.3 CE. Se trata de una condición de validez de los actos del Rey y su ausencia determina, por consiguiente, la nulidad de dichos actos. La mayoría de los autores señalan que el refrendo es una técnica que desplaza la decisión hacia el refrendante, vaciando de contenido decisorio a las competencias del Rey. Sin embargo, otro sector doctrinal minoritario interpreta el acto refrendado como un acto complejo, integrado por dos voluntades concurrentes, igualmente necesarias, aunque no igualmente discrecionales. En consecuencia, se proponen clasificaciones de los actos del Rey en función de que predomine en ellos la voluntad de este o la del sujeto refrendante.
El refrendo se ha convertido en un control entre el Gobierno y el titular de una Jefatura del Estado neutral y separada, tanto del poder ejecutivo como del legislativo; un control cuya función principal es compensar la inviolabilidad del Rey y no tanto limitar sus poderes.
La sucesión en la Corona
La Constitución ha establecido una forma de gobierno monárquica y hereditaria, pero no se ha instaurado una nueva dinastía, sino que se ha reconocido como Rey al legítimo heredero de la dinastía histórica (art. 57.1 CE). El Rey Don Juan Carlos I es, en efecto, titular de los derechos dinásticos por renuncia de su padre, Don Juan de Borbón.
Reglas para la sucesión en la Corona
Las reglas para la sucesión en la Corona, establecidas en el artículo 57.1 CE, son reproducción de las que han existido con anterioridad desde la Constitución de 1812. Se basa este orden sucesorio en los principios de primogenitura y representación, que definen la preferencia del primer nacido de los descendientes del Rey y, subsidiariamente, de los descendientes del primogénito si este hubiera fallecido. Estos principios se matizan de acuerdo con las siguientes prelaciones:
- La preferencia de las líneas anteriores sobre las posteriores: Las personas de diferentes generaciones forman una línea directa si descienden unas de otras, y colateral si no descienden unas de otras, pero proceden de un tronco común. En este caso, serán directas las líneas que desciendan del Rey Juan Carlos I y colaterales las que desciendan de sus parientes colaterales. Se admite la posibilidad de la sucesión colateral. La preferencia implica la prioridad de las líneas directas sobre las colaterales y, dentro de cada una, aquella que proceda del descendiente o pariente del Rey más próximo en el orden de suceder.
- La preferencia, dentro de la misma línea, del grado más próximo sobre el más remoto: Significa la prioridad de las generaciones anteriores sobre las más jóvenes.
- La preferencia en el mismo grado del varón sobre la mujer: Esta regla no impide reinar a las mujeres, sino que establece un orden de prelación.
- La preferencia, en el mismo sexo, de la persona de más edad sobre la de menos.
Registro Civil y actos de integración
Serán miembros de la Familia Real y deberán incorporarse en el Registro Civil de la Familia Real los nacimientos, defunciones y cualquier otro hecho inscribible relativo al Rey de España, su augusta consorte, sus ascendientes de primer grado, sus descendientes y el Príncipe heredero de la Corona.
La sucesión en la Corona se produce automáticamente en virtud de las reglas antes mencionadas. El artículo 61 CE se refiere a la proclamación del Rey ante las Cortes Generales y a su juramento de:
«Desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.»
El valor de este acto no es constitutivo (el Rey lo es antes de prestar juramento), pero sí posee un valor de integración.
La proclamación del Rey no es la única intervención de las Cortes en la sucesión de la Corona; estas también deben resolver mediante ley orgánica «las abdicaciones, las renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión a la Corona» (art. 57.5 CE).