Reforma Agraria en España: Ley de 1932 durante la Segunda República

Contexto Histórico de la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 1932

Este documento de carácter jurídico es la Ley de Bases de la Reforma Agraria, publicada en la Gaceta de Madrid (Boletín del Estado) el 21 de septiembre de 1932. Representa un intento del gobierno del Bienio Reformador (1931-1933) de solucionar uno de los problemas seculares de España: la propiedad de la tierra. Se trata de un documento público, una ley promulgada durante la Segunda República Española.

Objetivos y Contenido de la Ley

La Ley de Reforma Agraria tenía como objetivo principal llevar a cabo una redistribución de la propiedad agraria, una medida considerada crucial y urgente para satisfacer la demanda de los jornaleros sin tierras. Además, buscaba anular el poder económico de los grandes terratenientes, en su mayoría monárquicos antirrepublicanos. Esta intención provocó grandes recelos y la obstrucción sistemática de los partidos de derechas en los debates parlamentarios.

Tras largas discusiones, la ley fue aprobada en septiembre de 1932. Sin embargo, en lugar de centrarse exclusivamente en el problema de los latifundios del sur de la península, se aplicó en todo el país de forma simultánea. Esto generó el descontento de muchos pequeños y medianos propietarios, especialmente en Castilla, quienes se opusieron a la ley.

Puntos Clave de la Ley

Dentro del contenido de esta ley, destacaban tres puntos fundamentales:

• Las tierras pertenecientes a los aristócratas más importantes del país quedaron expropiadas sin indemnización.
• Todos los latifundios, las fincas sistemáticamente arrendadas y los terrenos sin cultivar o abandonados fueron declarados expropiables a cambio del pago de una indemnización por parte del Estado a sus propietarios.
• Las tierras expropiadas pasaban a propiedad estatal para ser destinadas al asentamiento de campesinos, quienes podrían decidir entre la explotación de las fincas recibidas de forma colectiva o el cultivo de parcelas individuales.

Los asentamientos se tramitaron con mucha lentitud y en medio de una fuerte resistencia. Además, se interrumpieron casi completamente durante el Gobierno de centro-derecha, a partir de 1934.

Aplicación y Alcance Geográfico

La Ley de Reforma Agraria se aplicaría principalmente a los campesinos de las provincias donde predominaba el latifundio, como Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Establecía que las tierras del Estado y de los antiguos señoríos podrían ser objeto de asentamiento en toda España.

Para ejecutar la ley y promover créditos a los campesinos asentados en las tierras expropiadas, se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Las tierras expropiadas incluían aquellas ofrecidas voluntariamente por sus dueños, las mal explotadas o sin cultivar. Quedaban excluidas las tierras comunales, los bosques y las fincas bien explotadas.

Contexto Social y Laboral

En 1930, 3,8 millones de personas trabajaban en la agricultura, de los cuales 2 millones eran jornaleros sin tierras y 750.000 eran aparceros o arrendatarios. El latifundio era muy importante, especialmente en el sur, donde el 1,8% de las fincas representaban el 44% de las tierras.

Los gobiernos de izquierdas del primer bienio de la Segunda República intentaron abordar el problema mediante decretos que buscaban proteger a los arrendatarios y campesinos sin tierra. Entre estas medidas se encontraban la jornada de 8 horas, la Ley de Términos Municipales y la prórroga automática de los contratos de arrendamiento. La Ley de Reforma Agraria fue la medida más significativa de este periodo.