Principios Constitucionales del Poder Judicial y Estatuto de Jueces

Principios Constitucionales del Poder Judicial

Al poder judicial compete la aplicación del ordenamiento jurídico en los supuestos planteados entre personas físicas, jurídicas públicas y privadas, y también la ejecución de las resoluciones dictadas. Se regula en el Título VI de la Constitución, que es el relativo al poder judicial, donde vamos a ver los rasgos definitorios del mismo.

• Principio de exclusividad: Significa que la potestad jurisdiccional está encomendada únicamente al poder judicial. Este se va a encargar de otros asuntos establecidos por ley (como el tema de elecciones), participando también en el registro civil, y en otros que la ley le encomiende.
• Principio de unidad: Significa que todos los órganos jurisdiccionales pertenecen a una única organización: el poder judicial. Todos están sometidos al mismo régimen jurídico; el poder jurisdiccional es único para todo el territorio nacional, no existen poderes judiciales regionales. Aunque la organización es única, cada órgano del poder judicial actúa de forma autónoma y con independencia, ningún juez depende de otro juez superior. Los órganos jurisdiccionales se dividen en 4 órdenes: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
• Principio de responsabilidad: En España está estipulado que todos los poderes del Estado son responsables de sus actuaciones. Todos los poderes públicos responden de sus funciones, el poder judicial también. Dentro del poder judicial se responde civilmente, penal y disciplinariamente. Se pide este principio porque el juez tiene mucho poder. Cuando el juez impone condenas, limita muchos derechos fundamentales y puede imponer penas que limiten la libertad. Si además se detectara que el juez ha actuado con dolo o culpa grave, en ese caso el Estado también responde.
• Principio de totalidad: Significa que la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio. La excepción es el rey, a quien no se le puede juzgar.

Estatuto Jurídico de Magistrados y Jueces

Características Principales

• Independencia: No están sometidos ni al poder legislativo ni al poder ejecutivo. Están sometidos únicamente al imperio de la ley. Los jueces deben aplicar la Constitución Española y el ordenamiento jurídico, porque es la manifestación de la soberanía popular y la forma de garantizar la imparcialidad.
• Inamovilidad: Los jueces tienen derecho a no ser suspendidos, separados, jubilados o trasladados sino por las causas que establece la ley.
• Responsabilidad: El poder judicial no es un poder inmune ni está exento de responsabilidad. Los jueces responden civilmente, penal y disciplinariamente.
• Sometimiento a la ley: Es la manifestación suprema de la voluntad popular. Están sometidos a estos principios los jueces y magistrados cuando ejercen la potestad jurisdiccional: jueces y magistrados de carrera, sustitutos de provisión temporal y jueces de paz.

Los principios aparecen regulados en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Hay una reserva de ley orgánica que impide que las materias relativas al poder judicial sean tramitadas por ley ordinaria o por reglamento.

Incapacidades, Incompatibilidades y Prohibiciones

Incapacidades

• Aquellos que estén impedidos física o psíquicamente.
• Los que no estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
• Los condenados por delitos dolosos y también los procesados por delitos dolosos.

Prohibiciones

• No puede coincidir en una sala el juez con su cónyuge ni con parientes de segundo grado.
• Los jueces no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos, ni tener un empleo al servicio de los mismos.
• No pueden tomar partido en ninguna elección (LOPJ).

Incompatibilidades

• Es incompatible con determinados cargos o empleos públicos.
• Sí es compatible con determinadas actividades privadas, que son la docencia, la producción literaria y la investigación.

Derechos y Deberes de Jueces y Magistrados

Tienen derecho de asociación, pero no pueden estar vinculados a partidos políticos. Tienen derecho de ascenso, derecho de retribución, a pedir permisos y licencias, y a la inmunidad judicial, que significa que solo el juez competente puede ordenar su detención, excepto en el caso de flagrante delito.