Principios Clave del Derecho Financiero y Tributario en España

El Principio de Reserva de Ley en Materia Financiera

Los artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución Española (CE) establecen el principio de reserva de ley en materia financiera.

• Artículo 31.1 CE: Establece que solo podrán crearse prestaciones patrimoniales de carácter público mediante una ley.
• Artículo 133.1 CE: La potestad originaria para establecer tributos radica en el Estado mediante una ley.

Asimismo, la CE establece que los presupuestos del Estado solo podrán aprobarse mediante una ley. Además, una ley orgánica regulará el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA). Por tanto, para el establecimiento de tributos es necesaria una ley que los cree y fije sus elementos esenciales.

En cuanto a las clases de ley, la CE distingue entre leyes ordinarias y leyes orgánicas. Son leyes orgánicas aquellas que la Constitución reserva para la regulación de materias específicas, como en nuestro ámbito la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Si una materia está reservada a la ley, no cabe su deslegalización a favor de un reglamento.

Tipos de Reglamentos en Materia Financiera

En materia financiera, es crucial diferenciar entre los reglamentos de la Administración Central y Autonómica y los de las Administraciones Locales.

Reglamentos de la Administración Central y Autonómica

Son reglamentos ejecutivos, es decir, desarrollan las previsiones de una norma legal cuando esta así lo establece.

Reglamentos Locales

Un ejemplo es el pleno de un ayuntamiento, que aprueba sus presupuestos a través de un reglamento. Las Ordenanzas Fiscales son reglamentos que, sin embargo, tienen un margen de actuación mucho mayor que los reglamentos estatales y autonómicos. Esto se debe a que las entidades locales carecen de asamblea legislativa y a que la Constitución les reconoce autonomía financiera. Se consideran, por tanto, “reglamentos cualificados”.

Interpretación de las Normas Tributarias

Las normas tributarias han de interpretarse de conformidad con criterios jurídicos. En definitiva, no hay una prevalencia de la realidad económica sobre la forma jurídica. Cuestión diferente es que pueda llevarse a cabo una calificación jurídica cuando las partes hayan pactado una operación, pero le hayan dado un ropaje jurídico distinto. Por tanto, hemos de acudir a los criterios de interpretación del Código Civil.

Interpretación en el Ámbito Estatal

• Dirección General de Tributos (DGT): Realiza la interpretación administrativa de las normas tributarias estatales. Sus resoluciones son de obligado cumplimiento para los órganos de aplicación de los tributos estatales.
• Tribunales Económico-Administrativos: Resuelven los recursos contra los actos dictados por los órganos de aplicación de los tributos. Están vinculados por la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).
• Tribunal Supremo: Tanto los órganos de aplicación como los tribunales económico-administrativos están vinculados por la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo.
• Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT): No interpreta las normas, sino que se limita a informar sobre ellas.

Ámbito Autonómico y Local

Lo mismo cabe predicar en el ámbito autonómico o local, siempre dentro del marco de sus respectivas competencias.

La Calificación en el Derecho Tributario

De conformidad con el artículo 12 de la Ley General Tributaria (LGT), si los términos empleados en las normas tributarias no se definen en ellas, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. Partiendo de esta premisa, las obligaciones tributarias se exigen con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, con independencia de la forma o denominación que los interesados le hubieran dado y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.

Este proceso se conoce como la calificación en el Derecho Tributario.

Por ejemplo, si las partes pactan una compraventa, aunque le hayan dado la forma de un arrendamiento, la Administración calificará el contrato como una compraventa y exigirá los tributos correspondientes a esta.