El Estado Liberal de Derecho: origen, características y principios del ordenamiento jurídico

: El Estado liberal y el Estado de Derecho

1. El Estado liberal

El Estado liberal viene históricamente a sustituir al Estado absoluto. Como fenómeno histórico se mueve a través del tiempo y se transforma, pero también su trayectoria histórica es distinta en función del espacio. Se produce la aparición de una clase social emergente, la burguesía, que constituirá la base social del Estado liberal. Y aunque al final del proceso se produzcan confluencias notorias, es evidente que el desenvolvimiento del Estado liberal ofrece diferencias importantes; así, no es lo mismo la historia del Estado liberal en Francia que en España o en Alemania.

Caracteres del Estado liberal

1. Separación entre la sociedad civil y el Estado

Al Estado se le va a demandar que garantice la seguridad y el orden público interior, así como la defensa frente al exterior. En lo que a los servicios públicos se refiere, se le exigirá únicamente que garantice los servicios públicos imprescindibles para la existencia de ese marco seguro en el que la sociedad aspira a realizar libremente su papel. Se trata, por tanto, de configurar un Estado mínimo que solo se ocupe de lo que la sociedad no hace o no puede hacer, y al que se le pide el respeto al libre desenvolvimiento de esta.

El carácter anterior culmina en la libertad económica. No corresponde al Estado ocuparse de la vida económica: esta debe desarrollarse por impulso de los individuos que forman la sociedad civil, en la que destacarán los más aptos y los más capaces. Se trata de una adaptación de las teorías de la evolución (Darwin) a la vía económica, configurándose esta filosofía a partir de las obras de los primeros economistas liberales, como Bentham y Smith.

2. Visión individualista de la vía social y política

La protección de los derechos del individuo se considera tan importante y esencial que se entiende que cualquier forma de socialización es lesiva para el individuo, para sus derechos y contraria a la selección natural. En los primeros momentos de la filosofía liberal, el derecho de asociación no se considera necesario.

El Estado liberal y el Derecho

1. La noción del ordenamiento jurídico y el concepto de fuente del derecho

El derecho será el elemento inseparable, pero en permanente tensión con: 1) la resistencia a la juridificación, y 2) el anhelo de seguridad jurídica.

2. El ordenamiento jurídico estatal como sistema

Un conjunto de normas constituye un ordenamiento jurídico cuando es un conjunto que responde a los criterios de unidad, totalidad y coherencia.

2.1 Unidad

El ordenamiento jurídico es único cuando todo él es reconducible a un punto de referencia último. Ese criterio unitario es el que identifica al ordenamiento jurídico y lo distingue de otros ordenamientos. Las normas de cada uno de los ordenamientos se reconducen a un principio privativo de ese ordenamiento, que permite conducir todas las normas jurídicas que lo integran a la unidad. Se trata del famosísimo principio de jerarquía normativa, elaborado en buena parte por el jurista austriaco Kelsen.

En cada Estado advertiremos la presencia de una norma suprema en la que se encierran los principios y bases fundamentales de su orden político y jurídico, a la que conocemos con el nombre de Constitución. Esta constituye el vértice de una pirámide en cuyos estratos es preciso advertir que, en los ordenamientos jurídicos de nuestro tiempo, el número de estratos es más numeroso y complejo que el que describimos, existiendo además subestratos dentro de cada estrato. Desde el punto de vista explicativo, la pirámide puede describirse así:

1. Constitución
2. Leyes
3. Reglamentos
4. Actos jurídicos
5. Negocios jurídicos

2.2 Coherencia

El ordenamiento jurídico es coherente si no existen normas incompatibles entre sí. Sin embargo, la complejidad de los ordenamientos jurídicos es de tal calibre que resulta muy difícil, por no decir imposible, evitarla. Es inevitable que se produzcan antinomias, es decir, incompatibilidades insalvables. Para que el ordenamiento sea coherente debemos encontrar unos criterios aplicables que nos sirvan para solucionar las antinomias, de manera que, ante dos normas contradictorias, sepamos con claridad qué norma aplicar y cuál excluir. Existen tres criterios:

• Criterio de jerarquía: ya hemos visto que este principio determina la existencia del carácter unitario del ordenamiento, pero ahora se trata de aplicarlo también para asegurar su coherencia: cada norma situada en un estrato superior prevalece sobre todas las normas situadas en cada uno de los estratos inferiores.
• Criterio cronológico: hay que atender a la fecha de las normas, de manera que la fecha posterior prevalece sobre la anterior.
• Criterio de especialidad: es perfectamente posible la existencia de normas generales y de normas específicas. Si entre ambas se produce una antinomia, el criterio de especialidad nos ayudará a resolverla, aplicándose la norma especial.

2.3 Totalidad

Un ordenamiento jurídico es completo cuando es total; pero este ordenamiento nunca puede ser total desde un punto de vista material.

IV. El Estado liberal como Estado de Derecho

1. El Estado de Derecho como fenómeno conceptual

La existencia del ordenamiento jurídico estatal nos sirve de línea de conexión entre el Estado liberal y el Estado de Derecho. Un Estado será Estado de Derecho no solo por tener derecho, sino por la concurrencia de una serie de presupuestos básicos que aseguren el sometimiento al derecho del propio Estado que lo crea. Para determinar la existencia del Estado de Derecho hay los siguientes requisitos:

1. Imperio de la ley

Se llama así en los países de corte latino-napoleónico. Se trata de disolver el criterio de los hombres en el criterio de las normas. De entre las más importantes, la que conocemos con el nombre de ley traduce, a nivel normativo, la voluntad general y se aprueba por el órgano representativo de esta, es decir, el Parlamento.

2. Separación de poderes

Un órgano que hará la ley, otro que la ejecute y otro que la aplique. La separación de poderes debe ser entendida en un doble sentido:

1) Entre el legislativo y el ejecutivo: la relación que deriva de esta separación de poderes dará lugar a los distintos sistemas de gobierno. El legislativo representa la voluntad general y, por eso, es el poder más completo (el poder legislativo), que tiene un poder casi omnímodo. Decimos «casi» porque tiene dos grandes límites: el primero deriva de la existencia de la Constitución y la limitación material que de ella deriva; el segundo, de que el Parlamento no es un poder permanente, sino renovable mediante elecciones periódicas.

2) Legalidad de la administración: es decir, la legalidad de la actuación del poder ejecutivo, cabeza de la administración pública. Esto supone cuatro puntos:

1. Las normas que emanan de la administración deben estar supeditadas a las leyes, lo que conducirá a que, dentro del principio de jerarquía, hablemos de normas secundarias frente a las normas primarias, que son las leyes.
2. Los actos de la administración deben estar supeditados no solo a las leyes, sino a todo el ordenamiento jurídico.
3. Los dos puntos anteriores requieren la existencia de un control judicial sin excepciones, lo que supone la posibilidad de que el poder judicial anule, por contrarios a las leyes, tanto las normas como los actos de la administración.
4. Correlativamente a lo anterior, los ciudadanos tendrán siempre la posibilidad de recurrir ante el poder judicial las normas y los actos de la administración.

3. Respeto de los derechos fundamentales de las personas

Los derechos no son el resultado de su reconocimiento por los gobiernos, sino que son anteriores al Estado. Este no los instituye, sino que debe respetarlos. Resulta muy importante el elenco concreto de los mismos que figure en la parte dogmática de las constituciones. El obligado respeto de los derechos se instrumentaliza a través de las técnicas específicas de protección, como son la reserva de ley para la regulación de los mismos y el establecimiento de procedimientos especiales de protección.

2. La evolución del Estado de Derecho

Impelido por las necesidades derivadas de los profundos cambios en el contexto socioeconómico, que se traducen en un cambio del contexto político, ya hemos advertido que el Estado liberal evolucionará hasta el Estado social. Por ello resulta obligado que se produzca, asimismo, una evolución en el Estado de Derecho. Lo que caracterizará esta evolución no será el abandono de los requisitos enunciados, sino su adaptación a los cambios de los contextos citados.

Así, el imperio de la ley tiene que tener en cuenta la aparición de los partidos políticos y su influencia decisiva en el juego parlamentario. A través de ellos se articulan las mayorías gubernamentales y la ley pasará a ser la plasmación normativa de las políticas gubernamentales. Eso hace que el Parlamento vaya transformando su papel y se convierta en una tribuna política.

En lo que se refiere a la separación de poderes, cobra importancia posibilitar un control del gobierno desde la cámara que se encuentre al alcance de la minoría parlamentaria: preguntas, interpelaciones, etc. Pero, sobre todo, resultará imprescindible la preservación del poder judicial, la cual resultará ser la prueba para determinar la existencia del Estado social de Derecho.

En lo relativo al requisito de la legalidad de la administración, el cambio de los contextos ha acabado perfilando una administración omnipotente. Por esta razón, sigue siendo un tema clave el del control judicial de los actos de la administración.

En cuanto al respeto de los derechos fundamentales, resulta evidente que en el Estado social de Derecho los llamados derechos políticos han sido extendidos a todos los ciudadanos.