Intervención Pública vs. Libre Comercio: Argumentos Económicos y Proteccionismo

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Argumentos Económicos a Favor de la Intervención Pública Frente al Libre Comercio

Una de las explicaciones de la persistencia de las políticas proteccionistas, y de su aumento en momentos de crisis, reside en la gran asimetría existente entre la concentración de los beneficios que obtienen los favorecidos por la protección y la dispersión de los costes que padecen los perjudicados. Los beneficiados por la protección —grupos empresariales y trabajadores de los sectores protegidos— suelen ser pocos y, por tanto, muy conscientes de los beneficios que obtienen con la reserva del mercado nacional. Los perjudicados —los consumidores—, por el contrario, son muchos, pero cada uno en pequeña cuantía y, por tanto, con poco incentivo para movilizarse contra la protección. Asimismo, se han esgrimido motivos a favor de la protección temporal con el fin de mejorar las condiciones para afrontar la competencia internacional. Se trata de argumentos como el de la industria naciente (proteger temporalmente a una industria durante sus primeras fases hasta que pueda competir en entornos más abiertos) o la protección estratégica (apoyo a una industria nacional para que mejore su posición en un mercado oligopolista).

El debate entre libre comercio y proteccionismo resulta complejo al estar afectado de razones económicas como las señaladas, pero también de intereses de empresas, multinacionales y países que nacen de acuerdos comerciales individuales o tomados en el seno de organismos regionales. Centrándonos en las argumentaciones estrictamente económicas, podemos señalar las principales razones del proteccionismo comercial:

  • Intentar desplazar la Relación Real de Intercambio (RRI):

    Argumento de poder de mercado o incidencia en el precio

    Entre los efectos del arancel se puede destacar la mejora de la RRI, derivada de la presión a la baja sobre el precio mundial del producto importado, que supone la reducción del volumen de producto importado del país que impone el arancel. Estamos, por tanto, ante un país grande.

  • Proteger a la industria naciente:

    Los momentos iniciales en que emerge la actividad económica suelen estar comprometidos, al estar sometidos a la competencia de otras empresas ya instaladas en los mercados mundiales. Los gobiernos pretenden proteger a la nueva industria, al menos hasta que estas puedan competir en condiciones de igualdad, sobre todo en términos de comercialización, imagen, aprovechamiento del volumen de escalas o del aprendizaje con la práctica. Obviamente, decidir cómo y cuándo debe ser retirada dicha protección resulta clave. Es decir, si es el Estado o el propio mercado quien debe considerar el fin de la salvaguarda y, sobre todo, en qué momento la referida industria deja de ser naciente.

  • Prácticas proteccionistas anti-dumping:

    Se trata de adoptar medidas de protección para hacer frente a un comportamiento desleal por parte de las empresas extranjeras. El dumping consiste en vender en los mercados exteriores a precio inferior al coste o a precio inferior al mercado interior o propio, frecuentemente por los bajos salarios o desprotección laboral y social de los trabajadores (dumping social). Aunque a corto plazo el dumping puede beneficiar a los importadores, a medio plazo la industria nacional puede quedar amenazada y a merced de los precios que fijen los mercados internacionales. En este caso, la dificultad está en saber medir con exactitud el verdadero coste de producción, para así poder fijar precios normales y márgenes razonables.

  • Evitar el desplazamiento de rentas (rent-shifting):

    Medidas proteccionistas, como los subsidios, que tratan de asegurar los beneficios extraordinarios que se derivan del poder de mercado que otorga la competencia imperfecta (renta de monopolio). Persiguen asegurar el poder de mercado mundial a la industria nacional.

  • Impedir la pérdida de externalidades positivas:

    Conviene proteger sectores o actividades que generan beneficios en otras muchas empresas auxiliares o que se extienden a actividades complementarias, es decir, proteger a empresas con gran interdependencia (linkage) con el resto de la estructura productiva.

  • Argumentos no económicos:

    Medidas protectoras aplicadas a sectores estratégicos (defensa, transporte...) en declive, pero de larga tradición nacional (cine,...) o de actividades que tratan de buscar las rentas (rent-seeking) que origina la propia protección (actividades de economistas, abogados, políticos...).

Del lado de las argumentaciones librecambistas o de libre comercio, las principales razones económicas tienen que ver, obviamente, con los propios orígenes de la especialización productiva y los beneficios inherentes a una mayor eficiencia y productividad. Respecto a la especialización productiva, la ampliación de mercados, el grado de innovación y, en general, el aumento del nivel de competitividad están en el origen de las ventajas que otorga la ausencia de barreras al comercio. Frente al arancel, los criterios de eficiencia se relacionan con la ineficiente producción interior, que queda reflejada en el efecto producción, y con el freno al consumo que recoge el denominado efecto consumo.