Intervención de las Comunicaciones Telefónicas y Marco Legal Procesal

Las Escuchas Telefónicas

3.2.1. Concepto y objeto de la medida

Gimeno Sendra define, siguiendo la doctrina jurisprudencial, la intervención telefónica como todo acto de investigación limitativo del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Por este acto, el Juez de Instrucción, en relación con un hecho punible de especial gravedad y en el curso de un procedimiento penal, decide mediante auto especialmente motivado que la Policía Judicial proceda al registro de llamadas y/o a efectuar la grabación magnetofónica de las conversaciones telefónicas del investigado (imputado) durante el tiempo imprescindible para poder preconstituir la prueba del hecho punible y la participación de su autor.

El objeto, como ya se ha dicho, está determinado por todas las comunicaciones, ya que así parece derivarse del artículo 18.3 de la Constitución Española (CE), lo cual implica la posible limitación de derechos fundamentales como son el secreto a las comunicaciones y, al propio tiempo, el derecho a la intimidad, entre otros.

Competencia

Al tratarse de diligencias que suponen la limitación de un derecho fundamental, el órgano competente para su adopción ha de ser la autoridad judicial, en línea con la exclusividad jurisdiccional que informa la restricción de los derechos fundamentales.

Además, como se desprende del artículo 579, si la diligencia de intervención ha de decretarse en un proceso abierto, la competencia en concreto para su adopción la tendrá el Juez de Instrucción que esté instruyendo el sumario o las diligencias previas. Decretada la medida, lo normal será su práctica por la Policía Judicial.

Excepciones a la jurisdiccionalidad

Sin embargo, de forma excepcional, el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) prevé que en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo —esto es, la observación de las comunicaciones telefónicas, postales o telegráficas— podrá ordenarla:

• El Ministro del Interior.
• En su defecto, el Director de la Seguridad del Estado.

Dicha orden deberá comunicarse inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación. También puede excepcionarse la jurisdiccionalidad en supuestos de estados de excepción y sitio, conforme al artículo 55.1 de la CE.