Garantía patrimonial y actividad administrativa de expropiación de derechos: formas, límites y servidumbres en Francés
1. Garantía patrimonial y actividad administrativa de expropiación de derechos: formas
La limitación de la actividad administrativa se concreta en la privación, art. 33.3 CE: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». Las privaciones singulares de derechos e intereses patrimoniales en aras de un fin público están protegidas por la garantía patrimonial que consagra este precepto, que obliga a la Administración a indemnizar por «privación singular de propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o cesación de su ejercicio» (art. 1 Ley de Expropiación Forzosa).
La garantía patrimonial del administrado que cubre privaciones y daños directos se alcanza siguiendo diversos procedimientos en función del sacrificio de bienes particulares: ley, regulación conjunta de expropiación y responsabilidad por daños. Se circunscribe a inmuebles necesarios para obras públicas, para extender la garantía patrimonial de los ciudadanos a los sacrificios patrimoniales que les impone cualquier actividad administrativa, planificada o casual.
2. Limitaciones y servidumbres
La garantía constitucional de la propiedad plantea qué limitaciones a la propiedad son permisibles y cuáles con indemnización, qué tipos de procedimiento la protegen, a través de qué sistema de garantías, etc. El concepto de propiedad comprende la titularidad de todo tipo de derechos patrimoniales, y tanto el dominio como los demás derechos reales se circunscriben tanto a la propiedad inmueble como mueble y a los derechos incorporales (un usufructo, etc.). Incluso en el concepto de propiedad, a nuestros efectos, hay que incluir la situación posesoria que implica el ejercicio de determinada actividad.
Art. 1.1 de la Ley comprende cualquier tipo de privación de bienes o derechos, incluyendo «mera cesación de su ejercicio». Art. 38 CE: la propiedad privada como predominante en el sistema económico, al reconocer la «libertad de empresa en el marco de una economía de mercado», «de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». El art. 128.2 permite la iniciativa pública en la actividad económica, pero exigiendo norma con rango de ley cuando se trate de reservar al sector público recursos o servicios esenciales; la CE permite a la ley ordinaria la determinación de los bienes que han de ser de dominio público, imponiendo que lo sean en todo caso la zona marítimo-terrestre y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Las fronteras de la expropiación frente a la mera delimitación son: no hay indemnización si toda limitación de la propiedad o derecho supone expropiación. Las servidumbres (si expropian) y las limitaciones (no expropian) están previstas en el Código Civil. Limitaciones: «derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes». Servidumbres: «gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño». No son, en principio, indemnizables las limitaciones genéricas. La privación sin indemnización se justifica en la generalidad de personas a las que afectan dichas limitaciones, pues sería imposible compensarlas adecuadamente. La ley, al exigir para que sean indemnizables los daños ocasionados con motivo del funcionamiento normal o anormal de servicios públicos que afecten «a persona o grupo de personas», restringe las servidumbres en tanto contenido general del derecho de propiedad, cuando su exclusividad, por lo que las facultades de propiedad vienen a quedar divididas entre propietario y titular de servidumbre, de forma que al propietario, servidumbre consiste en soportar algo.
En principio, deben ser indemnizables las cesaciones del ejercicio de actividades por parte de los mismos al sector público que impliquen cierre de empresas y pérdida de clientela, pues cabe individualizar el daño y no son por ello verdaderas expropiaciones a tenor del art. 1 de la Ley, que incluye meras cesaciones de ejercicio de derechos. El TC declara que la traducción institucional de las exigencias de la función social de la propiedad «no puede llegar a anular la utilidad individual del derecho y la definición de propiedad que en cada caso se infiera de leyes o medidas adoptadas en virtud de las mismas puede y debe ser controlada por este TC o por órganos judiciales en ámbito de sus respectivas competencias», los cuales, en ejercicio de ese control jurídico habrán de buscar «contenido esencial o de propiedad privada entendida como recognoscibilidad de cada tipo de derecho dominical en momento histórico de que se trate y como practicabilidad o posibilidad efectiva de realización del derecho», sin que las limitaciones y deberes que se impongan al propietario deban ir más allá de lo razonable.
3. Alteraciones producidas por razones de urgencia
«Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sin causa justificada de utilidad pública, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes» (art. 33). Evolución: el jurado de expropiación no es juez. La expropiación forzosa, más que técnica defensiva de la propiedad contra desposesión, tiende directamente al servicio de la potestad expropiatoria que se ejerce a través de la técnica de decisión ejecutoria, que permite a la Administración alcanzar directamente su objetivo de apoderamiento de bienes necesarios y resolver después, también unilateralmente, reclamaciones y indemnizaciones que puedan corresponder al expropiado, bajo control judicial posterior si los expropiados acuden a la Justicia administrativa.
4. Ley singular como técnica de eliminación de garantía expropiatoria
Expropiaciones legislativas: operaciones expropiatorias realizadas por el legislador vía de ley especial. La CE no establece reserva de materia de expropiación a favor de la Administración, debiendo respetar el estándar constitucional de garantías. Las leyes singulares requieren, para ser expropiatorias, que respeten las garantías del art. 33.3 CE: 1º) un fin de utilidad pública o interés social; 2º) derecho del expropiado a la correspondiente indemnización; 3º) realización de la expropiación de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
Singularidad del procedimiento expropiatorio: exigencia de que la necesidad pública esté «legalmente constatada», declaración de interés social, sobre todo para obras provinciales o municipales. En ninguna ley se contempla la posibilidad de expropiación legislativa singular y directa en que la misma ley produzca traspaso de propiedad en favor de la Administración y determine el justiprecio. Los municipios no tienen entidad expropiatoria.
Las leyes singulares y directas limitadoras de derechos de ciudadanos o sancionadores encuentran límite en la imposibilidad de trámite de audiencia previa al ciudadano afectado por la expropiación, esencial trámite defensivo que garantiza el art. 105 CE, «garantizando, cuando proceda, audiencia del interesado», y que han de observar cualesquiera poderes públicos.
Expropiación legislativa singular y directa: «la adopción de leyes singulares debe tener circunscrito a aquellos casos excepcionales por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por instrumentos normales de que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por instrumentos normativos ordinarios, necesario que el legislador intervenga, al objeto exclusivo de arbitrar solución a situación singular». El Tribunal sostiene que dicho trámite es «en beneficio de ciudadanos (...) estableciendo respeto y sumisión a normas generales de procedimiento legalmente preestablecidos, cuya observancia impide expropiaciones discriminatorias o arbitrarias».