Fundamentos de la Relación Obligatoria y el Derecho Civil Patrimonial

1. La Relación Obligatoria y su Concepto

El cuarto libro, título primero del Código Civil (artículos 1088 a 1253), contiene la reglamentación general de las obligaciones. Este marco se encabeza por el artículo 1088, que establece que toda obligación debe consistir en dar, hacer o no hacer.

La obligación es una relación entre un deudor y un acreedor. Este último es el titular del derecho de crédito, el cual exige la prestación. Si el deudor incumple, el acreedor podrá proceder contra los bienes de aquel y defender sus intereses.

Por su parte, el deudor es el titular de la deuda, por lo que tiene que observar el comportamiento debido y soportar las consecuencias de su falta. Como relación obligatoria, sirve para que las personas puedan realizar actividades de cooperación social y para intercambiar bienes y servicios.

Así, es la relación jurídica establecida entre dos personas y dirigida a que una de ellas obtenga determinados bienes o servicios a través de la cooperación de otra, o bien al intercambio recíproco de bienes y servicios mediante dicha cooperación. En cuanto a su naturaleza, la relación obligatoria posee una naturaleza orgánica; no es solo el derecho de un contratante a exigir y el deber de otro de realizar una prestación.

2. Deuda y Responsabilidad

Toda deuda comprende conceptualmente dos elementos: deuda y responsabilidad.

• La deuda: Es el deber de realizar una prestación.
• La responsabilidad: Es la sumisión al poder coactivo del acreedor, quien ostenta un poder de agresión sobre el patrimonio del deudor para forzar la satisfacción de su interés (artículo 1911 del Código Civil).

Antiguamente no se necesitaban ambos elementos de forma diferenciada, pero en el derecho moderno sí. La responsabilidad encuentra su justificación a través de la idea previa de deber jurídico: se es responsable por el deber. No existe responsabilidad sin previo deber, y un deber que quiera ser calificado como jurídico constituye, bajo una u otra forma, un caso de responsabilidad. No obstante, existen autores que defienden su autonomía en ciertos supuestos.

Deuda sin responsabilidad: Obligaciones naturales

En el derecho romano no se podía exigir su cumplimiento, pero una vez pagado, no se podía repetir o reclamar lo entregado. Más tarde fueron identificadas como un deber moral, sin llegar a ser una relación jurídica estricta. Se regula en el artículo 1901, el cual establece que frente a quien reclama la devolución de lo indebidamente pagado por no existir causa que justifique el desplazamiento patrimonial, el accipiens puede oponer justa causa.

Ejemplos prácticos:

• Juego ilícito: Como consecuencia de la denegación de la acción cuando el contrato tiene causa torpe o ilícita.
• Pago de intereses sin pacto expreso: El hecho de no poder reclamar los intereses pese a no existir pacto expreso sobre la obligación de pagarlos puede deberse a que el Código Civil presuma que se convino dicho pacto.
• Deuda prescrita: Se explica bajo el acuerdo de que la prescripción no es más que una facultad que la norma concede al deudor para que la oponga frente a la reclamación del acreedor, pero no transforma la obligación civil en otra distinta.

Responsabilidad sin deuda

Aquí se da el caso de alguien que garantiza una deuda ajena, asume la responsabilidad pero no debe directamente. Así, puede quedar obligado subsidiariamente o en el mismo grado (solidaridad). El artículo 1822 señala que por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo este, siendo el fiador un obligado al pago.

Deuda con responsabilidad limitada

A veces el incumplimiento no pesa sobre todo el patrimonio del deudor, sino exclusivamente sobre determinados bienes (por ejemplo, el artículo 140 de la Ley Hipotecaria).

3. La Patrimonialidad como Elemento de la Obligación

Según la doctrina tradicional, se exigía la patrimonialidad como requisito esencial de la obligación, al igual que en el derecho romano, donde la obligación, al ser exigida judicialmente, tenía que convertirse a través de una estimación en una cantidad de dinero.

El derecho moderno admite la ejecución específica sin necesidad de trasladar necesariamente a dinero la obligación. Basta con que la obligación responda a un interés serio y digno de tutela, aunque la prestación deba tener valor patrimonial (aunque este no sea estrictamente económico).

Un facere incoercible queda fuera del ordenamiento jurídico. Así, la prestación puede no tener un valor patrimonial directo, pero se acompañará de medios a través de los cuales se logre una satisfacción económica por su incumplimiento. Igualmente es admisible la existencia de una prestación sin contenido patrimonial dentro de una relación obligatoria mayor en la que sí existan relaciones de carácter patrimonial. Al estar inserta la prestación en aquel conjunto de prestaciones de carácter patrimonial, sigue el régimen del contrato, por lo que la violación del mismo será la ley del contrato.

Fuera de estos casos, nos encontramos ante una figura distinta de la verdadera y propia obligación si la prestación no tuviese ningún equivalente patrimonial, lo cual resulta difícil de concebir.

4. Fuentes de las Obligaciones

El artículo 1089 del Código Civil enumera las fuentes de las obligaciones:

1. La Ley (Artículo 1090): Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Solo son exigibles las determinadas expresamente en el Código Civil o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido, y en su defecto, por las reglas del propio Código Civil.
2. El Contrato (Artículo 1091): Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, debiendo cumplirse al tenor de los mismos.
3. Los Cuasicontratos (Artículo 1887): Son los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los cuales resulta obligado su autor para con un tercero y, a veces, una obligación recíproca entre los interesados (como por ejemplo, la gestión de negocios ajenos).
4. Los Delitos y Faltas (Artículo 1092): El Código Civil establece que nacen de la obligación de restituir las cosas objeto del delito y de la obligación de resarcir los daños y reparar los perjuicios causados por el mismo.
5. Los Actos y Omisiones en los que interviene Culpa o Negligencia (Artículo 1093): El Código Civil los regula en los artículos 1902 y siguientes, donde se impone la obligación de indemnizar a aquel que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia. Son los denominados cuasidelitos.

El artículo 1089 tiene un alcance normativo discutido, existiendo cierta polémica doctrinal sobre sus categorías. Así, el cuasicontrato se considera en ocasiones una figura obsoleta, mientras que la ley se erige como la principal fuente de obligaciones, pudiendo imponerlas de manera directa o indirecta (en este último caso, al producirse los supuestos de hecho que la norma haya previsto).

5. La Voluntad Unilateral como Fuente de Obligaciones: La Promesa Pública de Recompensa

Una persona que quiera quedar obligada en favor de otra sin el consentimiento de esta no genera eficacia obligatoria general, puesto que nadie adquiere lo que no quiere. Sin embargo, el vínculo obligacional es perfecto con anterioridad a la aceptación en determinados supuestos, y no cabrá la revocación una vez que quien hizo la declaración actuó unilateralmente.

La doctrina se inclina por la exigencia de la aceptación en muchos casos. La promesa tiene que tener una causa lícita según el artículo 1274, que puede ser incluso la previa existencia de una obligación moral, quedando el promitente obligado.

El único supuesto claro es el de credendi causa, que se da cuando se recompensa una actividad que se confía o espera obtener, como ocurre en la pública promesa de recompensa. Así, una promesa que se hiciera solvendi causa (para cumplir una obligación previa) no sería propiamente una nueva fuente de obligación, sino la confirmación de una anterior. Por su parte, la promesa que tiene una causa donandi quedará vinculada al régimen jurídico de las donaciones.