Funcionamiento del Congreso Nacional y el Poder Judicial en Chile

Función Legislativa

La función legislativa se asocia con la producción de normas generales y obligatorias orientadas a regular la conducta de las personas. Esta no solo está orientada a crear nuevas normas, sino también a modificarlas, establecer leyes interpretativas o anular normas anteriores.

Esta función recae en el Congreso Nacional, un órgano bicameral compuesto por la Cámara Baja (Diputados) y la Cámara Alta (Senadores).

Atribuciones del Congreso

• Aprobar o desechar los tratados internacionales.
• Pronunciarse acerca de los estados de excepción constitucional.

Cámara de Diputados

Compuesta por 120 miembros que duran 4 años en su cargo y pueden ser reelegidos de forma indefinida.

Requisitos:

• Tener 21 años cumplidos.
• Ser ciudadano con derecho a voto.
• Haber cursado enseñanza media.
• Tener residencia de al menos 2 años en la región a la que pertenezca el distrito electoral por el que es electo.

Atribuciones:

Fiscalizar los actos del Gobierno, lo cual se realiza mediante las siguientes medidas:

• Adoptar acuerdos o sugerir observaciones.
• Interpelar a los ministros.
• Crear comisiones investigadoras.

Cámara de Senadores

Compuesta por 38 miembros, quienes duran 8 años en el cargo y pueden ser reelegidos de forma indefinida.

Requisitos:

• Ser ciudadano con derecho a voto.
• Tener cumplidos 35 años de edad.
• Haber cursado enseñanza media.

Atribuciones:

• Conocer las acusaciones que realiza la Cámara de Diputados contra alguna autoridad.
• Autorizar al Presidente para salir del país.
• Aprobar la designación de ministros y fiscales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional del Poder Judicial.
• Dar su dictamen al Presidente en caso de declarar los estados de excepción.
• Conocer las diferencias o contiendas entre autoridades de Gobierno y tribunales superiores de justicia, entre otras.

Poder Judicial

A los tribunales de justicia establecidos por ley les corresponde la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado.

Es una facultad exclusiva; por lo mismo, es una obligación de este intervenir en asuntos de su competencia, ya que, una vez reclamada su intervención, no puede excusarse de ejercer su autoridad.