España en la segunda mitad del siglo XIX: Restauración, política y conflictos

La Constitución de 1876

Por decreto de 31 de diciembre de 1875 se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, de acuerdo con la ley electoral de 1870, por tanto, por sufragio universal. Con ello, Cánovas, hábilmente, buscaba la aprobación de los progresistas a la futura Constitución. Las elecciones tuvieron lugar en enero de 1876. Hubo una gran abstención, pero el gobierno se aseguró el triunfo con un 81% de los diputados. Elaborada por una Comisión, la Constitución fue aprobada por las Cortes en el mes de mayo de 1876.

La Constitución de 1876 ofrece un cierto eclecticismo al reunir las influencias de las constituciones moderada de 1845 (al mantener el principio de la soberanía compartida, planteamiento que lleva a dar al monarca un gran protagonismo en el sistema político) y la democrática de 1869 (al incorporar bastantes de los derechos individuales reconocidos por aquélla, aunque su desarrollo posterior en leyes orgánicas permitía una visión, según el color del gobierno, más restrictiva o más avanzada). Cánovas, por tanto, tuvo que transigir para conseguir la aceptación de la nueva Constitución por otras fuerzas políticas. Así, la determinación del derecho de sufragio quedó sin cerrar. El artículo 28 se remitía en tal materia al “método que determine la ley”. Así, Cánovas, por una ley electoral de 1878, restableció el sufragio restringido y, más tarde, Sagasta, en 1890, recuperó el sufragio universal.

Otro punto importante, que suscitó encendidas polémicas, fue la cuestión religiosa. El Congreso se dividió entre defensores de la unidad católica y los de la tolerancia dentro de la línea de la Constitución de 1869; al final se llegó a una fórmula intermedia: la Constitución estableció un Estado confesional, aunque permitió el ejercicio privado de otras religiones.

En relación con la división de poderes, el rey ejerce el poder ejecutivo a través del gobierno. Las Cortes eran bicamerales. El Senado o Cámara alta estaba integrado por tres clases de senadores: por derecho propio, vitalicios y elegidos. La Cámara baja o Congreso de los Diputados, como ya se ha visto, la Constitución remitía a una ley electoral la amplitud del censo y el procedimiento de elección de aquéllos.

En resumen, aunque la Constitución es de carácter moderado, doctrinaria, es lo suficientemente elástica como para ser aceptada por los progresistas. Con ello se trataba de evitar, para lo sucesivo, que cada partido pretendiese implantar “su” propia Constitución tan pronto llegase al poder.

Bipartidismo y Turnismo

El sistema político de la Restauración se basaba en la existencia de dos grandes partidos, bipartidismo, el conservador y el liberal, que coincidían ideológicamente en lo fundamental: defendían la monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. Ambos eran partidos de minorías, de notables, que contaban con periódicos, centros y comités distribuidos por el territorio español. La extracción social de las fuerzas de ambos partidos era bastante homogénea y se nutría básicamente de las élites económicas y de la clase media acomodada, aunque era mayor el número de terratenientes entre los conservadores y el de profesionales entre los liberales.

El Partido Liberal-Conservador (Partido Conservador) se organizó alrededor de su líder, Antonio Cánovas del Castillo, y aglutinó a los sectores más conservadores y tradicionales de la sociedad (a excepción de los carlistas y los integristas más radicales).

El Partido Liberal-Fusionista (Partido Liberal) tenía como principal dirigente a Práxedes Mateo Sagasta y reunió a antiguos progresistas, unionistas y algunos ex republicanos moderados.

Para el ejercicio del gobierno se contemplaba el turno pacífico o alternancia regular en el poder entre las dos grandes opciones dinásticas, cuyo objeto era asegurar la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo. Cuando el partido en el gobierno sufría un proceso de desgaste político y perdía la confianza de las Cortes, el monarca llamaba al jefe del partido de la oposición a formar gobierno. Entonces, el nuevo jefe de gabinete obtenía también del monarca el decreto de disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones, con el objetivo de construirse una mayoría parlamentaria suficiente para ejercer el poder de manera estable. El fraude en los resultados y los mecanismos caciquiles aseguraban que estas elecciones fuesen siempre favorables al gobierno que las convocaba.

Caciquismo y Fraude Electoral

La alternancia en el gobierno se llevó a cabo a través de un sistema electoral corrupto y manipulador que no dudaba en comprar votos, falsificar actas y medidas de presión sobre el electorado, valiéndose de la influencia y del poder económico de determinados individuos sobre la sociedad (caciquismo). El control del proceso electoral se ejercía a partir de varias instituciones: el ministro de la Gobernación, los gobernadores civiles, los alcaldes y los caciques locales. Este ministro era, de hecho, quien elaboraba la lista de los candidatos que deberían ser elegidos (encasillados). Los gobernadores civiles transmitían la lista de los candidatos "ministeriales" a los alcaldes y caciques y todo el aparato administrativo se ponía a su servicio para garantizar su elección. Si este proceso resultaba insuficiente y se ponía en peligro la elección del candidato “ministerial”, todo un conjunto de trampas electorales ayudaba a conseguir este objetivo: es lo que se conoce como el pucherazo, es decir, la sistemática adulteración de los resultados electorales: manipular las actas electorales, ejercer la compra de votos... Pero en todo proceso electoral era fundamental la figura del cacique. Los caciques eran individuos o familias que, por su poder económico o por sus influencias políticas, controlaban una determinada circunscripción electoral. Cumplían el papel de conectar el ámbito rural o local con el Estado y en su función de intermediarios los caciques intercambian votos por favores.

Los Anarquistas

En 1874 la comisión federal anarquista, ante la represión que había seguido al citado decreto de enero, preparó su vida en la clandestinidad. Este fue su planteamiento dominante hasta 1881, cuando Sagasta hizo que el anarquismo retornara a la legalidad. Las nuevas circunstancias trajeron una recomposición de las geográficamente dispersas organizaciones para afrontar la nueva realidad, y el resultado fue la fundación, en un Congreso celebrado en Barcelona, en 1881, de la Federación de Trabajadores de la Región Española y la incorporación en masa de nuevos afiliados que ya podían inscribirse en una organización legal. Sin embargo, la nueva organización se verá afectada por la fuerte represión que siguió al asunto de la Mano Negra en el campo andaluz, que se había constituido como una organización secreta que, acusada de unos asesinatos, llevó a la detención de cientos de personas en Jerez, Cádiz y Sevilla. En definitiva, se acusó de toda clase de crímenes al anarquismo andaluz y se quiso ampliar la culpa a los componentes de la Federación de Trabajadores de la Región Española. A finales de siglo, los anarquistas seguían siendo enemigos de la acción política; pretendían destruir el orden existente por medio del terrorismo y cometieron una serie de atentados, lanzando bombas en lugares públicos o bien asesinando al presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, en San Sebastián en agosto de 1897.

Los Marxistas o Socialistas

La otra tendencia del movimiento obrero, la socialista, se limitaba en 1874 a unos reducidos núcleos de seguidores de las ideas de Marx, para quienes la Asociación del Arte de Imprimir servía de refugio. En mayo de aquel año, Pablo Iglesias fue llamado a presidir en Madrid la Asociación del Arte de Imprimir, que contaba con cerca de 250 miembros. Pablo Iglesias fue convenciendo a sus compañeros de la necesidad de pasar a la acción y formar un partido hasta que, el 2 de mayo de 1879, con ocasión de un banquete de fraternidad universal, celebrado en una fonda de la calle Tetuán de Madrid, decidieron constituir el Partido Socialista Obrero Español y, además, crear una comisión encargada de redactar el programa y el reglamento. En su ideario destacan los objetivos marxistas: la conquista del poder político por la clase trabajadora ya bien sea por la vía electoral (cosa improbable) o bien a través de la revolución obrera, tal y como había hecho la burguesía. En el siguiente paso, con los obreros en el poder, se establecería una dictadura del proletariado con el objetivo de desmontar el sistema capitalista y como paso previo hacia una sociedad sin clases sociales, sin explotadores y explotados, objetivo final del marxismo. Desde sus inicios quedó confirmado como un partido de clase, un partido exclusivamente obrero, que pretendía enfrentarse a los partidos burgueses en la lucha por el poder a través de las elecciones.

En 1888 se crea el sindicato socialista, la UGT (Unión General de Trabajadores) en un Congreso celebrado en Barcelona, al que siguió otro, en la misma ciudad, para celebrar el I Congreso del PSOE, cuyo objetivo era perfilar la organización del partido. En cuanto a zonas de influencia, el movimiento obrero español ofreció un fuerte contraste. El PSOE y la UGT tuvieron en Madrid, Vizcaya y Asturias sus zonas de mayor influencia, en cambio, en Cataluña, Levante y Andalucía predominará el anarquismo.

La Política Española en Cuba

El período más idóneo para hacer concesiones a las reivindicaciones cubanas fue el “Gobierno Largo” de los liberales con Sagasta entre 1885 y 1890, cuando el Partido Autonomista Cubano se mostraba decidido a apoyar un programa reformista propiciado por Madrid, que restase fuerza y apoyos sociales a los independentistas. Pero la única medida que se acabó aprobando fue la abolición definitiva de la esclavitud (1886) y que los cubanos tuvieran representación propia en las Cortes españolas, ya que las propuestas de dotar a Cuba de autonomía y de un proyecto de reforma del estatuto colonial de Cuba fueron rechazadas por las Cortes, tanto por los conservadores como por los liberales. Las tensiones entre la colonia y la metrópoli aumentaron a raíz de la oposición cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que España imponía para dificultar el comercio con Estados Unidos, principal comprador de productos cubanos a finales del siglo XIX. La condición de Cuba como espacio reservado para los productos españoles se reforzó con el arancel de 1891, que daba lugar a un intercambio sumamente desigual, lo que provocó un gran malestar tanto en la isla como en Estados Unidos. El presidente norteamericano, McKinley, amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense a los principales productos cubanos (azúcar y tabaco) si el gobierno español no modificaba la política arancelaria de la isla. En el año 1894, EE. UU. adquiría el 88,1 % de las exportaciones cubanas, pero sólo se beneficiaba del 37% de sus importaciones. Al fundamentado temor existente en España a que se produjese una nueva insurrección independentista, se sumaba ahora el temor a que ésta pudiese contar con el apoyo de los Estados Unidos.