Detención ilegal, secuestro y amenazas en el Código Penal español: artículos 163 a 171

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Detención ilegal

Se entiende como la privación transitoria de la libertad de movimiento de la persona. El bien jurídico protegido sería la libertad de movimiento y de fijar por sí mismo su situación en el espacio físico, siendo un derecho individual de cada persona.

Los tipos básicos serían los del artículo 163, que castiga al particular que encierra o detiene a otro privándole de su libertad. El sujeto pasivo es aquella persona víctima de la privación.

Esta privación de libertad puede acaecer de muchas maneras: atándola a un árbol, introduciéndola en un vehículo y llevándola a donde no quiere, encerrándola en un pozo, un zulo, etc.

No se entenderá como detención ilegal cuando se actúe en legítima defensa o cuando se trate de personas con taras mentales al ser encerradas en una institución psiquiátrica.

Se trata de un delito instantáneo, que se lleva a cabo en el momento en el que se priva al sujeto de la libertad.

Tipos atenuados y agravados

Existen tipos atenuados recogidos en el artículo 163.2 cuando el culpable libera a la persona cautiva, es decir, se arrepiente dentro de los tres primeros días. No vale si la víctima ha logrado escapar por sí sola.

Otro atenuante se da cuando la persona detuvo a otra y ya entregarla a las autoridades.

Solo será lícito en los casos en que, porque este intento comete un delito, de forma infraganti se pida al delincuente o a los detenidos o presos que están a la fuga.

Agravado: serán ya aquellos casos en que la detención dura más de 15 días. Las condiciones en que se realiza la detención no vienen estipuladas, aunque a través de la jurisprudencia se está corrigiendo (artículo 163.3), ya que no es lo mismo tenerla en un zulo que en un otro.

Secuestro

Delito de secuestro.

El artículo 164 supone la detención o secuestro de una persona exigiendo para su liberación alguna condición. El tipo atenuado y agravado son iguales en la descripción; lo que varía es exigir la condición para su rescate, que suele ser un precio determinado, aunque no necesariamente.

La consumación se produce, a diferencia de la anterior, con la exigencia de un rescate u otra condición; hasta entonces sólo se detiene.

En ambos casos tenemos un tipo ultragravado si el secuestro o detención se lleva a cabo simulando ser la autoridad pública; también es un tipo supragravado si la víctima es menor o incapaz, o si es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones (artículo 165).

Luego nos encontramos con el artículo 166, otro tipo supragravado que se da cuando esta detención se da sin dar razón de la persona encerrada. Esto se tiene que abrir a la detención de la persona desaparecida, que haya ausencia de toda explicación acerca de su desaparición y se omita su puesta en libertad.

El artículo 167 castiga a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, cometa la detención ilegal o secuestro, al ser una violación de las garantías constitucionales.

Amenazas

El artículo 169 castiga a quien amenace a otro con causarle a él, a su familia o a personas vinculadas a él un mal injusto. También recoge que son amenazas las que se hacen a través de la familia del amenazado (amenazas indirectas). Supone un delito contra la libertad del amenazado y, en concreto, contra el sosiego y la normalidad de su día a día.

Es distinto si las amenazas las hace un grupo terrorista (artículo 573) o se las hacen al rey o a la Corona (artículo 490), a políticos (artículo 498) o a otras altas instituciones del Estado (artículo 505), como autoridades y funcionarios públicos (artículos 550 y 551).

Amenazas graves

El tipo básico establece que se castiga al que amenace con un mal constitutivo de delito, como homicidio, secuestro, libertad sexual, patrimonio, honor u orden socioeconómico, a condición de que sea un mal futuro, determinado, serio y real, posible. Esta amenaza puede ser oral, escrita o por actos concluyentes.

Se castiga con 1 a 5 años si la amenaza es condicionada, por ejemplo a un precio o condición, y con 6 meses a 2 años si no es condicional.

Otro tipo agravado (artículo 170) es cuando la amenaza es contra un pueblo, etnia o grupo religioso o cultural. Penas superiores en grado a las anteriores para quien pida públicamente la comisión de acciones contra estos colectivos a través de grupos terroristas o armados: 6 meses a 2 años.

Amenazas leves

El artículo 171 trata de la amenaza que consiste en un mal no constitutivo de delito: 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de las amenazas, o si la amenaza es condicional y la condición no consiste en una conducta debida.

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