Los derechos fundamentales en la Constitución española: concepto, clasificación y titularidad
Los derechos fundamentales
1. Concepto y problemática de la definición de los derechos fundamentales
Para un amplio sector de la doctrina, los derechos fundamentales son una categoría que tiene que ver claramente con la Constitución; donde no hay Constitución, no hay derechos fundamentales. Podrán existir derechos humanos o, como establecen otros ordenamientos como el francés o el alemán, derechos subjetivos o libertades públicas, pero no derechos fundamentales.
Sin embargo, la Constitución utiliza indistintamente los términos derechos fundamentales, libertades públicas, derechos humanos, derechos individuales y derechos de los ciudadanos.
Los derechos fundamentales son los derechos del individuo que se encuentran reconocidos como tales en una Constitución y derivan consecuencias jurídicas de ese reconocimiento. Pero, a pesar de entrar en la Constitución y convertirse en derechos constitucionales, traen causa de la propia dignidad de la persona humana, principal cualidad de los derechos humanos. Por esta razón, se suele decir que los derechos fundamentales son los derechos humanos que se constitucionalizan.
En temas anteriores hemos definido los derechos humanos como derechos válidos para todos los pueblos y en todos los tiempos, que conectarían su principal contenido con la propia naturaleza humana. No obstante, se encuentran, desde el punto de vista positivo, regulados en instrumentos de carácter internacional, de manera que su contenido no depende de la positivación que tengan en un concreto ordenamiento jurídico. Son derechos de todas las personas con independencia de su nacionalidad, de forma que son reconocidos como estándar mínimo, no teniendo límites ni naturales ni estatales.
Los derechos fundamentales es cierto que encuentran su origen material en los derechos humanos. Sin embargo, jurídicamente, son los que están garantizados por la Constitución de un determinado Estado, aunque la Constitución pueda recoger el contenido de los derechos humanos internacionalmente declarados y garantizarlos y protegerlos, como también puede establecer otros derechos, incluso no declarados en textos internacionales como derechos humanos. En cualquier caso, su garantía y protección se realiza a través de la relación directa con la Constitución.
2. Características generales de los derechos fundamentales en la CE
La finalidad del Estado que establece la Constitución española de 1978 no es otra que la de consolidar un Estado democrático y de derecho que garantice y proteja la plena realización de los derechos fundamentales. Es la garantía con que cuentan los ciudadanos de asegurarse de que el sistema político y jurídico se orientará hacia el respeto y promoción de la persona humana.
El primer Título de la Constitución está dedicado a la regulación de los derechos fundamentales. La Constitución dedica todo el Título I a los Derechos y Deberes Fundamentales; sin embargo, a pesar de la rúbrica de este título, lo primero que hay que indicar es que no todo lo que aparece en él son derechos fundamentales, pues recoge también deberes, derechos sociales y garantías institucionales.
El Capítulo segundo de este Título está dividido, a su vez, en dos secciones: la primera dedicada a los derechos fundamentales y libertades públicas y la segunda dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos, e incluye algunos otros derechos como el de propiedad, libertad de profesión y oficio, derecho a contraer matrimonio y libertad de empresa.
El Capítulo III no recoge derechos sino principios rectores de la política social y económica, que solo generarán derechos en la medida en que el legislador lo determine: el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios recogidos en el Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
Junto a los derechos fundamentales y los derechos constitucionales, el Título I contiene garantías institucionales y deberes.
3. Clasificación de los derechos
A) Atendiendo al contenido material y forma de ejercicio de los derechos
Se clasifican por su contenido, objeto y finalidad. La forma más antigua de entender los derechos a partir de las declaraciones de derechos era considerar que existían derechos de carácter privado, derechos de carácter político o de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y, en un momento posterior, derechos sociales, correspondiendo esta primera clasificación a las llamadas generaciones de derechos. A su vez, estos pueden considerarse desde el punto de vista de su carácter de derecho individual predicable de cualquier persona con independencia de su condición.
En cambio, si atendemos al fin que se pretende conseguir con la protección de cada derecho, se puede hablar de dos grandes grupos de derechos, divididos en derechos de libertad y derechos de igualdad.
Sin embargo, las clasificaciones que han gozado de mayor notoriedad han sido las establecidas por Jellinek y Carl Schmitt, que clasificaron los derechos atendiendo a las relaciones del individuo con otros sujetos públicos o privados.
Jellinek clasificó los derechos fijándose en el status de la persona:
- Status subiectionis: en el que el individuo se somete al poder del Estado, convirtiéndose más en obligaciones del hombre como ciudadano hacia el Estado que en derechos frente a éste.
- Status libertatis: en el que el individuo no demanda la actuación del Estado más que en el sentido de no injerencia en su espacio de libertad; son los derechos individuales liberales que demandan una actitud pasiva del Estado.
- Status civitatis.
- Status activae civitatis: con respecto a los cuales el ciudadano se considera ciudadano de la comunidad política, por tanto activo y participativo en asuntos públicos.
Por su parte, Schmitt planteaba relaciones del individuo bien aisladamente consideradas, bien en relación con los demás sujetos. A partir de ahí, aparecen conectados, dependiendo unos de otros, derechos de naturaleza política:
- De contenido político: Art. 23 (derecho de participación); Art. 24 (derecho a la tutela judicial efectiva); Art. 25 (principio de legalidad); Art. 26 (prohibición de los tribunales de honor).
- De contenido prepolítico: Art. 20 (libertad de expresión); Art. 21 (derecho de reunión y manifestación); Art. 22 (derecho de asociación).
- De contenido social: Art. 27 (derecho a la educación); Art. 28 (derecho de sindicatos y huelga).
- Contenido económico: Art. 32 (derecho a contraer matrimonio); Art. 33 (derecho a la propiedad privada y a la herencia); Art. 34 (derecho de fundación); Art. 38 (libertad de empresa).
- Contenido laboral: Art. 35 (derecho al trabajo); Art. 37 (derecho a la negociación colectiva).
B) Atendiendo a los fines teleológicos perseguidos
Se clasifican por su naturaleza. Se clasifican en derechos fundamentales y libertades públicas, que parece ser la clasificación adoptada por nuestra Constitución, junto con el criterio de la garantía de los derechos. Todo derecho implica la libertad para poder ejercerlo; no todos los derechos son libertades.
C) Atendiendo a criterios formales
Se clasifican por las garantías. El factor decisivo para incorporar los derechos en uno u otro capítulo del Título I u otra sección del capítulo segundo es garantizar su ejercicio y los sistemas de protección.
4. Titularidad de los derechos
Personas físicas
Los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos que tienen el individuo como sujeto activo y el Estado como sujeto pasivo. Por titularidad entendemos la efectiva atribución constitucional a un sujeto de un determinado derecho fundamental, ya que todo derecho subjetivo presupone un titular. Para el ejercicio de los derechos, el ordenamiento jurídico exige tener personalidad jurídica, capacidad jurídica y capacidad de obrar.
Personas jurídicas
No existe ningún precepto en la Constitución que atribuya a las personas jurídicas la titularidad de los derechos fundamentales; sin embargo, sí existen algunas referencias a titulares de derechos distintos de la persona física. Así, el Art. 16.1 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.
Extranjeros
La titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales de los extranjeros en España deben deducirse, de un lado, de los preceptos que integran el Título I, interpretados sistemáticamente, ya que la titularidad y el ejercicio dependen del derecho afectado. De otra parte, hay que acudir a la regla contenida en el Art. 13 CE, cuyo primer apartado dispone: "Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley", y, al segundo apartado, que establece que: "Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales".
El Tribunal Constitucional ha establecido que existen derechos del Título I que corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los españoles. Estos derechos son los que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos; dicho de otro modo, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana, que conforme al Art. 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español.
El Art. 13 CE autoriza al legislador a establecer restricciones y limitaciones a tales derechos, pero esta posibilidad está condicionada, ya que no podrá afectar a aquellos derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. El Art. 13 CE ha sido desarrollado legislativamente:
- LO 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
- Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva.
En cuanto a otros derechos, la ley distingue entre los extranjeros que se encuentran legalmente en España (posean autorización de estancia o residencia), los que se encuentren ilegalmente en España y aquellos otros que no posean esta condición.
Minoría de edad
La CE ha establecido que los españoles son mayores de edad a los 18 años. La edad es un elemento de incidencia directa en el reconocimiento tanto de la titularidad como de la capacidad de obrar de las personas físicas. La capacidad de obrar implica siempre la previa existencia de la capacidad jurídica y, en su caso, de la titularidad.
5. Eficacia y límites de los derechos
Eficacia de los derechos fundamentales
A) Frente a los poderes públicos: al vincular a los poderes públicos, los derechos fundamentales son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos, no existiendo más excepciones a este principio de aplicación inmediata que las que impone la misma Constitución expresamente. Los derechos fundamentales son verdaderos derechos subjetivos que permiten a su titular su exigencia ante los tribunales frente a los poderes públicos cuando dicho derecho sea conculcado. Es decir, los derechos fundamentales despliegan constitucionalmente frente al poder público una eficacia vinculante que tiene carácter inmediato y directo. Los derechos tienen también una eficacia mediata, en tanto que con su reconocimiento y protección no solo se trata de garantizar el respeto de los poderes públicos a los derechos fundamentales, sino también de conseguir su plena efectividad, por lo que la acción de los poderes públicos ha de estar orientada a esta consecución.
B) Frente a los particulares: los derechos fundamentales deben también desplegar su eficacia en mayor o menor medida, según distintos puntos de vista, en las relaciones entre particulares. A esto es a lo que suele denominarse eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que se contrapone a su normal eficacia vertical, en las relaciones entre los particulares y los poderes públicos.