Delitos contra el patrimonio en el Código Penal español: robo, hurto, estafa, usurpación, daños y apropiación indebida
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico en el Código Penal español
Robo con fuerza en las cosas (art. 238 a 241)
Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas quienes ejecuten el hecho cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
- Escalamiento: entrada en el lugar del robo por una vía no destinada al efecto.
- Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
- Fractura exterior de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
- Uso de llaves falsas: se consideran llaves falsas las ganzúas u otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio ilícito, y cualquier otra que no esté destinada por el propietario para abrir la cerradura.
- Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.
El delito se consuma cuando hay disponibilidad potencial de la cosa. Habrá tentativa cuando no se logra coger las cosas muebles ajenas o cuando hay un apoderamiento efectivo pero sin disponibilidad potencial.
Participación: en el delito de robo son punibles la provocación, la conspiración y la proposición para delinquir.
Concurso: el delito de robo con fuerza en las cosas concurre con el de daños y el de allanamiento de morada. Si se desiste voluntariamente de cometer el robo, una vez consumados los daños y el allanamiento de morada, se castigan estos delitos.
Modalidades agravadas:
- Art. 240: pena mayor cuando concurran las circunstancias del art. 235.
- Art. 241: pena mayor cuando se hubieran cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o sus dependencias.
Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente estén ausentes de ella cuando el robo tenga lugar. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abierto al público sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, formando una unidad física.
Robo con violencia o intimidación (art. 242)
El art. 237 define el tipo objetivo: la violencia puede realizarse sobre la persona del sujeto pasivo o sobre cualquier otra, aunque en este caso constituirá para el sujeto pasivo solo intimidación. La violencia debe tener una cierta intensidad que suponga cierta eficacia sobre el sujeto pasivo.
La violencia o intimidación debe ser un medio para conseguir el apoderamiento. Mientras el apoderamiento no se haya consumado, lo que era un hurto se transforma en robo con violencia. En el tipo subjetivo se exige ánimo de lucro y dolo respecto a la violencia o intimidación.
La consumación requiere el apoderamiento de la cosa mueble ajena y su disponibilidad. Hay tentativa cuando el apoderamiento no se ha consumado.
Concurso: la intimidación y las coacciones quedan absorbidas por el robo con violencia. Si la violencia ejercida da lugar a resultados lesivos constitutivos de delitos de lesiones u homicidio, entra en concurso de delitos con el robo con violencia. Si la intimidación da lugar a un delito contra la libertad distinto de la simple amenaza, habrá concurso.
Agravantes: cuando se cometa en casa habitada, edificio o local abierto al público o dependencias; uso de armas u otros medios peligrosos para cometer el delito o proteger la huida; atacar a los que auxilien a la víctima o a los que le persigan. Son punibles la proposición, la provocación y la conspiración.
Atenuación de la pena: en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado.
Hurto de uso de vehículos (art. 244)
Castiga a quien sustrajere o utilizare sin autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sin ánimo de apropiárselo, y si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas.
- Tipo objetivo: la acción consiste en sustraer el vehículo o utilizarlo sin la debida autorización. El objeto material es el vehículo a motor o ciclomotor ajeno.
- Tipo subjetivo: no existe ánimo de apropiárselo, solo de usarlo.
- Tipos cualificados: si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas (art. 238) o violencia o intimidación (art. 242), se aplicará la pena en su mitad superior.
- No restitución dentro de las 48 horas: si no se efectúa la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo, según corresponda.
La restitución supone la devolución del vehículo al propietario, pudiendo ser directa o indirecta.
Usurpación (art. 245 a 247)
Ocupación y usurpación violentas (art. 245.1): castiga a quien, con violencia o intimidación en las personas, ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena.
- Tipo objetivo: la acción consiste en ocupar o usurpar. La ocupación o usurpación deben ser efectivas, reportar una utilidad y causar un daño. La acción requiere violencia o intimidación en las personas. El objeto material es el inmueble o derecho real inmobiliario. Pueden ser sujetos cualesquiera, incluido el propio propietario o titular.
- Tipo subjetivo: es necesario el dolo. El sujeto debe querer procurarse una utilidad o provecho económico.
Ocupación pacífica (art. 245.2): castiga la ocupación sin autorización de un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, o mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular.
Alteración de términos o linderos (art. 246.1): castiga a quien alterare términos o linderos de pueblos o heredades, o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, de dominio público como privado.
Distracción del curso de las aguas (art. 247): se refiere a la distracción de aguas sin valerse de la instalación de mecanismos o de la alteración de contadores, ya que en ese caso se cometería una de las defraudaciones del fluido eléctrico y análogas del art. 255. Si la intención del sujeto no es procurarse un provecho, existirá un delito de daños.
Estafa (art. 248 a 251)
Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utilizare engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Los elementos esenciales de la estafa son: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio. Entre engaño y perjuicio debe haber una relación causa-efecto, es decir, que el engaño sea la causa del perjuicio.
- Tipo objetivo: debe haber una conducta engañosa, simulación o disimulación capaz de inducir a error a una o varias personas. La acción engañosa debe ser la causa del error. El engañado, a consecuencia del error, debe realizar una disposición patrimonial, que debe producir un perjuicio en el engañado o en un tercero.
- Tipo subjetivo: el perjuicio debe producir un provecho para el autor del engaño, que debe ser la finalidad del autor. El dolo debe abarcar el engaño, el error, la disposición patrimonial y la causación de un perjuicio.
Consumación: la estafa se consuma con la producción del perjuicio patrimonial. Existe tentativa con la realización de la conducta engañosa.
Concurso: las falsedades en documento privado que se realizan para procurarse un provecho patrimonial ilícito quedan absorbidas por el delito de estafa. En caso de delito continuado y en masa, cuando existan pluralidad de estafas y de sujetos pasivos, deben aplicarse las reglas del concurso real.
Agravantes (art. 250): cuando afecte a cosas de primera necesidad, viviendas y otros bienes de utilidad social; cuando se realice con abuso de firma de otro, o con la sustracción, ocultación o inutilización de algún proceso, expediente, protocolo o documento de cualquier clase; cuando afecte a bienes del patrimonio artístico, histórico, cultural o científico; cuando la defraudación supere los 50.000 €; cuando afecte a un gran número de personas; cuando se abusen de relaciones personales con la víctima o se aproveche el autor de su credibilidad empresarial o profesional; estafa procesal; si el culpable hubiera sido condenado por tres delitos de la misma naturaleza. Pena superior si concurren la primera de las cualificaciones con las circunstancias 4.ª, 5.ª, 6.ª o 7.ª, o si el valor de la defraudación supera los 250.000 €.
Apropiación indebida (art. 253)
Castiga a quienes se apropiaren, para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.
Diferencias con la estafa y el hurto:
- Estafa: en la apropiación indebida la posesión de la cosa es originariamente lícita y después surge el ánimo de apropiársela ilícitamente.
- Hurto: en la apropiación indebida no hay sustracción, sino apropiación ilegítima de algo que ya se posee legítimamente.
Tipo objetivo: la acción puede llevarse a cabo con actos de disposición o bien negando haberlos recibido. El objeto material ha de ser una cosa mueble. Tipo subjetivo: ánimo de lucro referido a la intención de apropiarse de la cosa, lo que produce un perjuicio en el sujeto pasivo.
Causas de justificación:
- Derecho de retención: permite que se retengan por el poseedor las cosas a él entregadas hasta que se le satisfagan los gastos realizados para su conservación, manutención, etc.
- Liquidación de cuentas pendientes: cuando hay deudas recíprocas entre las partes, la apropiación de la cosa por un importe inferior a la cuantía de la deuda puede estar justificada.
Consumación: el resultado de la apropiación indebida consiste en la apropiación, que se manifiesta al realizarse los actos de disposición o al negar haber recibido las cosas poseídas, y como consecuencia el perjuicio que la apropiación produce en el titular de la cosa. Si a pesar de los actos dispositivos no se llega a producir perjuicio patrimonial al sujeto pasivo, el delito no se consuma y cabe la tentativa.
Alzamiento de bienes (art. 257)
Castiga al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Con alzamiento se refiere a la ocultación por parte del deudor de sus bienes para evitar que los acreedores puedan satisfacer en ellos sus créditos.
El apartado 2 establece las mismas penas a quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate o dificulte la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
Bien jurídico protegido: el derecho a la satisfacción patrimonial de los acreedores en el patrimonio del deudor. Tipo objetivo: debe existir una relación jurídica obligacional. El sujeto activo solo puede ser el deudor o quien actúe como administrador de hecho o de derecho del deudor, o en su nombre o representación legal o voluntaria. El sujeto pasivo es el acreedor o acreedores titulares del bien jurídico protegido. Como consecuencia de la acción debe producirse un estado de insolvencia. Tipo subjetivo: la frustración de la satisfacción del acreedor, cuando desaparecen los bienes del deudor.
Daños (art. 263 a 267)
Tipo básico (art. 263.1): castiga a quien causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código.
- Tipo objetivo: la acción puede realizarse por cualquier medio, y es posible la comisión por omisión. El objeto material es una cosa ajena. El delito de daños lesiona el bien jurídico de la propiedad y puede ser cometido también por el poseedor de la cosa. Es indiferente que la cosa sea mueble o inmueble, pero ha de ser corporal y susceptible de deterioro o destrucción.
- Tipo subjetivo: es un delito doloso. Se castigan también los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 €. La comisión imprudente queda supeditada a la previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
El perdón de la persona agraviada o de su representante legal extinguirá la pena o la acción penal.
Agravadas (art. 263.2 y 264): cuando se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones; cuando se cometa contra funcionarios públicos o contra particulares que, como testigos u otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales; cuando se cause por cualquier medio infección o contagio de ganado; cuando se empleen sustancias venenosas o corrosivas; cuando afecten a bienes de dominio o uso público o comunal; cuando arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica; cuando se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales. Si el daño excediere de 1.000 €, se castiga al que destruyere, dañare de modo grave o inutilizare para el servicio, aun de forma temporal, material de armamento militar.
Art. 266: agravantes cuando los daños se cometieren con incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o integridad de las personas.
Delitos contra la propiedad intelectual (art. 270 a 272)
Tipo básico (art. 270): el sujeto activo puede ser cualquiera. El sujeto pasivo es el titular de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. El objeto material es una obra o prestación literaria, artística o científica. La acción típica consiste en la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte, de la obra, así como cualquier conducta que suponga explotación económica de la misma. El tipo subjetivo exige el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto en perjuicio de tercero.
Tipo cualificado (art. 271): pena superior cuando se cometa el delito concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica; que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente; que el culpable perteneciera a una organización o asociación; que utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.
Infracción de derechos a través de internet: se aplica la misma pena a quienes, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, faciliten de modo activo y no neutral, y sin limitarse a un tratamiento técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los derechos o de sus cesionarios. El juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción.
Delitos contra el mercado y los consumidores
Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (art. 278 a 280): el art. 278 contiene un tipo básico de apoderamiento por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo o empleen alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del art. 197, con la finalidad de descubrir un secreto de empresa, entendiéndose por tal tanto los puramente industriales como los comerciales. El art. 279 castiga la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa por quien tuviere legal o contractualmente la obligación de guardar reserva. El art. 280 castiga a quien, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores. El bien jurídico protegido es la competencia leal.
Desabastecimiento de materias primas (art. 281): castiga a quien detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer a un sector de la población, de forzar una alteración de precios o de perjudicar a los consumidores. El bien jurídico es el interés de los consumidores.
Publicidad fraudulenta (art. 282): castiga a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.
Estafa a inversores (art. 282 bis): castiga a quienes, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores, con el propósito de captar inversores, colocar cualquier tipo de activo financiero u obtener financiación por cualquier medio. Si se llegara a obtener la inversión, depósito, colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquirente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior.
Delitos societarios
- Falseamiento de documentos sociales (art. 290): castiga con pena de prisión y multa a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, para causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero. La conducta ha de ser idónea para causar un perjuicio. El bien jurídico protegido es la confianza de los socios y de terceros, especialmente de los acreedores, en que los documentos manejados por los administradores reflejen la situación económica y jurídica de la sociedad.
- Imposición de acuerdos abusivos o lesivos (arts. 291 y 292): el art. 291 castiga con pena de prisión o multa a quienes, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o en el órgano de administración de una sociedad, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficio a la sociedad. El art. 292 castiga con las mismas penas a quienes impusieren o aprovecharen, para sí o para tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la ley, o por cualquier otro medio semejante. En ambos casos se exige un ánimo de lucro propio o ajeno, no siendo necesaria la producción de un perjuicio.
- Obstaculización al ejercicio de derechos de socios (art. 293): castiga con pena de multa a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que, sin causa legal, negaren o impidieren a un socio el ejercicio de sus derechos de información, participación o control de la actividad social, o de suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes.
- Obstaculización a tareas de inspección o supervisión (art. 294): castiga con pena de prisión o multa a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, que negaren o impidieren la actuación de los peritos, órganos o entidades inspectoras o supervisoras.
Receptación (art. 298 y 299)
Castiga con pena de prisión a quien, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos.
- Tipo objetivo: la acción consiste en ayudar a los responsables de un delito contra el patrimonio u orden socioeconómico a aprovecharse de los efectos del mismo, o en recibir, adquirir u ocultar tales efectos. El objeto material son los efectos de los delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico. El sujeto activo puede ser cualquier persona que no haya intervenido ni como autor ni como partícipe en el delito del que proceden los efectos. Cabe la receptación en cadena.
- Tipo subjetivo: solo es punible la comisión dolosa, conociendo que los efectos proceden de la comisión de un delito contra el patrimonio u orden socioeconómico. Debe haber ánimo de lucro.
- Tipos cualificados: se imponen penas superiores cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico; cosas de primera necesidad o equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o servicios de telecomunicaciones; cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general; productos agrarios o ganaderos; y cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que hubiera causado su sustracción.
Consumación: se produce cuando el sujeto activo se aprovecha, para sí o para el autor o partícipe, de los efectos del delito.
Blanqueo de capitales (art. 301 a 304)
Art. 301.1: castiga con pena de prisión y multa a quien adquiera, posea, utilice o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. Los jueces y tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponerle también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Art. 301.2: con las mismas penas se sanciona la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, destino, movimiento o derechos sobre bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos. Admite tanto la comisión dolosa como imprudente.
Tipo objetivo: la conducta consiste en la realización de actos de adquisición, posesión, utilización o transmisión de los bienes con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. El objeto material lo constituyen los bienes procedentes de un delito. El sujeto activo puede ser tanto quien ha intervenido en el delito del cual proceden los bienes como quien no haya intervenido. Tipo subjetivo: solo es posible la comisión dolosa en el art. 301.1.
Cualificadas: por razón de la procedencia del objeto material, cuando los bienes tengan su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; por razón del sujeto activo, cuando este pertenezca a una organización dedicada al blanqueo de capitales.
Otras disposiciones:
- Excepción al principio de territorialidad (principio de Justicia Universal): el culpable sería igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados, hubiesen sido cometidos total o parcialmente en el extranjero.
- Inhabilitación especial y absoluta: si los hechos fueran realizados por un empresario, intermediario en el sector financiero, funcionario público, trabajador social o docente en el ejercicio de su cargo, se impondrá además de la pena la inhabilitación especial para empleo o cargo público.
- Se castiga la provocación, conspiración y proposición.
- Decomiso: si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas.
Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis y ter)
Art. 304 bis: será castigado con pena de multa quien reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores. Las mismas conductas serán castigadas con pena de prisión y multa cuando: se trate de donaciones recogidas en el art. 5.1, letras a) o c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de importe superior a 500.000 €, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b) de dicho artículo; o se trate de donaciones recogidas en el art. 7.2 de la misma ley que superen el importe de 100.000 €. Si los hechos resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado.
Art. 304 ter: será castigado con la pena de prisión quien participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley. Se impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones, y si los hechos resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena superior en grado.
Delitos contra la ordenación del territorio (art. 319 y 320)
- Art. 319.2: pena de prisión y multa a los promotores, constructores o técnicos que lleven a cabo obras de urbanización o edificación no autorizables en suelo no urbanizable. El tipo objetivo consiste en llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable. El sujeto activo puede ser el promotor, constructor o técnico. El tipo subjetivo exige que el autor obre dolosamente, teniendo conocimiento de que el suelo no es urbanizable y de que la construcción no es susceptible de autorización.
- Tipo cualificado (art. 319.1): cuando los promotores, constructores o técnicos lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan reconocido legal o administrativamente su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o por otros motivos hayan sido considerados de especial protección.
- Disposiciones comunes (art. 319.3): en cualquier caso, los jueces o tribunales podrán ordenar la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando las circunstancias, podrán condicionar la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquellas.
- Concurso: cabe concurso cuando la licencia se haya obtenido falseando datos. También deberá apreciarse un concurso de delitos con el tipo de desobediencia del art. 556 cuando el sujeto, requerido para la paralización de la obra, hubiere desobedecido las órdenes o resoluciones de las autoridades competentes. Cuando las conductas afecten a un espacio natural protegido no se aprecia concurso, sino que se aplica la agravación correspondiente.
Responsabilidad de autoridades y funcionarios (art. 320): castiga con pena de prisión y multa a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que, con motivo de inspecciones, haya silenciado la infracción de dichas normas o haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que, por sí o como miembro de un organismo colegiado, haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o la concesión de licencias.
Delitos contra la salud pública
Sustancias nocivas para la salud o productos químicos que pueden causar estragos (art. 359 y 360): pena de prisión, multa e inhabilitación especial para profesión, industria u oficio a quien, sin hallarse autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache, suministre o comercialice con ellos. El art. 360 castiga con pena de multa e inhabilitación para la profesión u oficio a quien, hallándose autorizado para el tráfico de sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior, los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las leyes y reglamentos respectivos.
- Tipo objetivo: el objeto son las sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos. La acción consiste en elaborar, suministrar o comerciar con dichas sustancias. Ha de haber una falta de autorización.
- Consumación: el delito se consuma con elaborar, suministrar o comerciar con las sustancias. No requiere la creación de una situación de peligro concreto para la vida.
- Tipo subjetivo: el dolo requiere el conocimiento de la ausencia de autorización y de la cualidad peligrosa de las sustancias. El error sobre la falta de autorización o la nocividad de la sustancia dará lugar al castigo por imprudencia.
Medicamentos y productos sanitarios (art. 361 a 362 quater): el art. 361 castiga a quien fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o almacene con estas finalidades medicamentos que carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados o caducados, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas. El elemento común de las acciones típicas es que deben generar un riesgo para la vida o la salud de las personas, que es el bien jurídico protegido. La consumación acontece cuando se vende o suministran los medicamentos, con creación de peligro para las personas. Se pueden realizar las formas imperfectas de ejecución y la participación. El tipo subjetivo es doloso, aunque se puede apreciar la imprudencia.
El art. 362 castiga a quien elabore medicamentos o productos sanitarios de modo que se presenten engañosamente los datos que en él se mencionan, como la composición, caducidad o país de origen. Las mismas penas se impondrán a quien altere, fabricándolo o elaborándolo o en un momento posterior, la cantidad, dosis, caducidad o composición según lo declarado, de cualquier medicamento o producto sanitario, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas.
El art. 362 bis castiga con pena de prisión, multa e inhabilitación para profesión u oficio de uno a tres años, a quien, con conocimiento de su falsificación o alteración, importe, exporte, haga publicidad, venda, facilite, expenda, despache, suministre, incluyendo la intermediación, trafique, distribuya o ponga en el mercado cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios o elementos a que se refiere el artículo anterior, y con ello genere un riesgo para la vida o salud de las personas.
Comercio sin participación previa en la elaboración (art. 362 ter): castiga a quien elabore cualquier documento falso referido a cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales, incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para cometer o facilitar la comisión de uno de los delitos del art. 362.
Tipos cualificados (art. 362 quater): se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en los arts. 361, 362, 362 bis o 362 ter cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias: que el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, educador, entrenador físico o deportivo, y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio; que los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales se hubieran ofrecido a través de medios de difusión a gran escala o facilitado a menores de edad, personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o personas vulnerables en relación con el producto facilitado; que el culpable perteneciera a una organización o grupo criminal que tuviera como finalidad la comisión de este tipo de delitos; que los hechos fuesen realizados en establecimientos abiertos al público por los empleados de los mismos.
Delitos de dopaje (art. 362 quinquies)
Castiga a quienes, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos.
- Tipo objetivo: el sujeto activo puede ser cualquiera; el pasivo son los deportistas mencionados. Las acciones típicas son prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer o facilitar. El objeto material son las sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como los métodos no reglamentarios.
- Tipo subjetivo: el dolo debe ir referido a la intención de aumentar las capacidades físicas del deportista o de modificar los resultados de las competiciones.
- Consumación: se exige la comprobación del peligro para su consumación. Cabe la tentativa.
- Tipos cualificados: se impondrán las penas en su mitad superior cuando la víctima sea menor de edad, se haya empleado engaño o intimidación, o el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional.
- Concurso: puede entrar en concurso de leyes con otros delitos que castigan el suministro de medicamentos, aplicándose la pena más grave en el caso concreto. Cuando los actos de dopaje se reiteren en el tiempo o afecten a una pluralidad de sujetos, puede apreciarse el delito continuado.
Delitos alimentarios (art. 363 y 364)
El art. 363 castiga con pena de prisión, multa e inhabilitación especial a los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores: ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición; fabricando o vendiendo bebidas comestibles destinadas al consumo público y nocivas para la salud; traficando con géneros corrompidos; elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud; o comerciando con ellos, ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser utilizados o desinfectados para comerciar con ellos.
Los sujetos activos solo pueden ser los productores, distribuidores o comerciantes. Los sujetos pasivos son los consumidores. El bien jurídico protegido es la salud de los consumidores. Cuando las conductas descritas produzcan la muerte o lesiones de una o más personas, deberá apreciarse el correspondiente concurso ideal de delitos. La concurrencia con delitos de estafa se dará casi siempre.
Delitos de adulteración (art. 364.1): castiga con las penas del artículo anterior a quien adultere con aditivos u otros agentes no autorizados, susceptibles de causar daños a la salud de las personas, alimentos, sustancias o bebidas para el comercio alimentario. Si el reo fuera el propietario o responsable de la producción de una fábrica de productos alimenticios, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial.
Delitos relacionados con animales destinados al consumo humano (art. 364.2): se impondrán las mismas penas del apartado 1 a quien realice las siguientes conductas: administrar a animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados; sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las sustancias citadas; sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante sustancias de las referidas; despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los periodos de espera, en su caso, previstos.
Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas (art. 368 a 372)
Castiga con pena de prisión y multa a quienes ejecutasen actos de cultivo, elaboración o tráfico, o promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o los posean con aquellos fines.
- Tipo objetivo: el objeto son las drogas tóxicas. Las conductas típicas son el acto de cultivo, elaboración o tráfico, o promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal.
- Tipo subjetivo: se requiere tener conocimiento sobre el carácter nocivo para la salud de la sustancia, y querer promover el consumo ilegal de terceras personas.
- Consumación: la jurisprudencia lo configura como un delito de peligro y delito de consumación anticipada, por lo que no aprecia las formas imperfectas de ejecución.
Cualificaciones (art. 369): penas superiores en grado si concurren: que el culpable fuere autoridad o funcionario público, docente, etc., y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio; que el culpable participare en otras actividades organizadas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito; que los hechos fueran realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos; que las sustancias se faciliten a menores de 18 años, disminuidos psíquicos o personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación; que fuere importante la cantidad de las citadas sustancias; que las sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño para la salud; que las conductas tengan lugar en centros docentes o penitenciarios; que el culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho; que los hechos se realicen por personas pertenecientes a organización delictiva.
Art. 370: pena superior en uno o dos grados cuando se utilice a menores de 18 años o disminuidos psíquicos para cometer estos delitos; cuando se trate de jefes o administradores de las organizaciones referidas; cuando las conductas descritas en el art. 368 fuesen de extrema gravedad (cantidad de importancia, o se utilicen buques o aeronaves como transporte, o se simulen operaciones de comercio internacional entre empresas) o concurran tres o más de las circunstancias del art. 369.
Tráfico de precursores (art. 371): castiga con pena de prisión o multa a quien fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias enumerados en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sabiendo que van a utilizarse en el cultivo o fabricación ilícitos de drogas tóxicas o estupefacientes. Se impone pena superior en su mitad superior cuando los autores pertenezcan a una organización dedicada a estos fines, y superior en grado cuando se trate de los jefes o administradores de la misma.
Delitos contra la seguridad vial (art. 379 a 385)
- Conducción a velocidad excesiva (art. 379.1): castiga con pena de prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad al que condujere un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en 60 km por hora en vía urbana o 80 km por hora en vía interurbana a la permitida. Este delito castiga una situación de peligro abstracto derivada de un determinado exceso de velocidad, no la puesta en peligro concreto de la vida como ocurre en la conducción temeraria. El tipo subjetivo es doloso respecto a la conducción a velocidad excesiva. Los resultados de muerte o lesiones que pudieran tener lugar serían generalmente imprudentes.
- Conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (art. 379.2): castiga con las mismas penas al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o alcohol. Será condenado quien condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. No se exige una puesta en peligro concreto de la vida, sino solo la conducción del vehículo en estas circunstancias. Es necesaria la conciencia de que se conduce embriagado, siendo necesario el dolo. La comisión imprudente no está prevista expresamente y no es punible.
- Conducción temeraria (art. 380.1 y 380.2): castiga con pena de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores al que condujere un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en peligro la vida o integridad de las personas. La acción consiste en conducir con temeridad manifiesta, entendida como comportarse con desprecio de las reglas de tráfico elementales, como conducir a 100 km/h donde solo está permitido ir a 50 km/h o invadir la parte izquierda de la calzada. Se reputará temeraria la conducción en la que concurrieran las circunstancias previstas en el apartado 1.º y en el inciso segundo del apartado 2.º del artículo anterior. El resultado de la conducción temeraria ha de ser la puesta en peligro de la vida o integridad de las personas. Es un delito de peligro concreto para bienes jurídicos individuales. El tipo subjetivo exige que la conducta sea dolosa, siendo el sujeto consciente de su forma de conducir y de la puesta en peligro de los bienes jurídicos.
- Conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás (art. 381): castiga con pena de prisión, multa y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores al que, con desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior. Se impone pena inferior si no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o integridad de las personas. El manifiesto desprecio por la vida o integridad de las personas es un comportamiento doloso, respecto al resultado de peligro e incluso lesivo que la acción pueda producir. Concurso: si se ocasionare un resultado lesivo constitutivo de delito, la pena aplicable será la del delito más grave, aplicándola en su mitad superior. En caso de muerte o lesiones de los acompañantes se trataría de un caso de asunción voluntaria del peligro, que quedaría fuera del ámbito de la tipicidad.
- Conducción sin permiso o licencia (art. 384): castiga con pena de prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos. Se impone la pena al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso por decisión judicial, y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido permiso de conducción.
Falsificación de moneda (art. 386 a 388)
A efectos del art. 386 se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal. Por moneda se entiende todo signo de valor de curso legal emitido por un Estado u organismo autorizado para ello, entendiéndose por curso legal el poder liberatorio como medio de pago que el Estado confiere a un signo de valor determinado. Se incluye también en el concepto de moneda la que aun no tiene curso legal, pero lo va a tener previsiblemente. El Estado español puede perseguir el delito de falsificación de moneda se cometa donde se cometa y por personas de la nacionalidad que sean.
- Alteración o fabricación (art. 386.1.1.º): tipifica las conductas de alterar la moneda o fabricar moneda falsa. La alteración supone que la moneda alterada es legítima y se manipula para darle mayor valor del que le corresponde, mientras que en la fabricación la moneda es desde el primer momento falsa. Para la consumación no es necesario que la moneda alterada o fabricada llegue a circular efectivamente, bastando con que esté destinada al tráfico monetario en general. Si la fabricación se hace con fines numismáticos o de coleccionismo, no existe delito de falsificación de moneda.
- Introducción o exportación (art. 386.1.2.º): castiga a quien introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada. Se consuma con la introducción en el país o la exportación, sin que sea preciso que llegue a circular.
- Expedición (art. 386.1.3.º): castiga a quien transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.
- Cualificación común a las conductas anteriores: pena en su mitad superior si la moneda falsa fuera puesta en circulación.
- Tenencia (art. 387): pena inferior para la falsificación de moneda, atendiendo al valor de la moneda falsa y al grado de connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador. La tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición, distribución o puesta en circulación también se castiga.
- Formas imperfectas de ejecución: si la falsificación es tan burda que puede detectarse a simple vista, podrá considerarse delito imposible, aunque pueda dar lugar a un delito de estafa.
- Concursos: las conductas de introducción, exportación, transporte, distribución y expedición son actos posteriores impunes cuando quienes los llevan a cabo son los mismos que han intervenido en la falsificación de la moneda. La falsificación absorbe estos otros delitos. Cuando se emplea el mismo cuño se comete un solo delito, pero si se falsifican diversas clases de moneda con cuños diferentes existe concurso real.
Falsedades documentales (art. 390 a 399)
Falsificación cometida por autoridad o funcionario (art. 390): castiga con pena de prisión, multa e inhabilitación especial a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
- Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
- Simulando un documento en todo o en parte, que induzca a error sobre su autenticidad.
- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones diferentes de las que hubieran hecho.
- Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
Serán castigados con las mismas penas los responsables de cualquier confesión religiosa que incurran en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil.
Tipo objetivo: el sujeto activo es la autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La acción consiste en la alteración o creación, total o parcial, de un documento, atentando a la genuinidad o legitimidad del mismo. Los supuestos 1.º y 2.º son falsedades materiales; los supuestos 3.º y 4.º son falsedades ideológicas. Tipo subjetivo: el art. 391 castiga a la autoridad o funcionario público que, por imprudencia grave, incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa.
Participación: si el autor material es un funcionario público inducido por un particular, a este se le castiga por participación en el art. 390. Si es al revés, el funcionario responde según el art. 392.
Falsificación de documentos por particulares (art. 392): castiga al particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del art. 390. El sujeto activo es el particular o la autoridad o funcionario público que no actúe en el ejercicio de sus funciones. Solo es punible la comisión dolosa.
Falsificación de documentos privados (art. 395 y 396): castiga a quien, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del art. 390. Solo es delito si se hace para perjudicar a otro. El art. 396 castiga a quien, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior.
Falsificación de despachos telegráficos (art. 394): castiga a la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios. Las conductas consisten en crear un despacho telegráfico imaginario, constatar falsamente el texto entregado o alterar alguna de las indicaciones esenciales del despacho, como fechas, contenidos o lugar de expedición. Se impone pena inferior al que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso de un despacho falso para perjudicar a otro.
Falsificación de certificados (art. 397 a 399):
- Cometida por facultativo (art. 397): castiga al facultativo que librare certificado falso.
- Cometida por autoridad o funcionario público (art. 398): castiga a la autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico. Este precepto no es aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y la Hacienda Pública, aunque no se aclara cuál sería el precepto aplicable. El abuso de oficio va implícito, como se exige en las demás falsificaciones realizadas por funcionarios.
- Cometida por particular (art. 399): castiga al particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores. Se impone la misma pena a quien hiciere uso de la certificación, así como al que, sin haber intervenido en su falsificación, traficare con ella de cualquier modo. Esta disposición es aplicable también cuando el certificado aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea.
Usurpación de funciones públicas e intrusismo (art. 402 a 403)
- Usurpación de funciones públicas (art. 402): castiga a quien ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial. El sujeto activo puede ser cualquiera, incluso el funcionario o autoridad. Si el delito es cometido por un funcionario para invadir competencias que incumben a otro, aunque sin hacerse pasar por lo que no es, viene en consideración la usurpación prevista en el art. 506. La acción es doble: el sujeto debe ejercer actos propios de una autoridad o funcionario y atribuirse carácter oficial. El tipo subjetivo exige que la atribución del carácter oficial sea conducta dolosa, hecha con la finalidad de ejercer actos propios de la misma.
- Uso indebido de traje o insignia (art. 402 bis): castiga a quien, sin estar autorizado, usare públicamente e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial. Solo puede cometerse respecto a aquellas profesiones que tienen uniforme.
- Intrusismo (art. 403.1): castiga con pena de multa a quien ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente. También se castiga si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título. El bien jurídico protegido es la profesión que exige una titulación académica o título oficial. La conducta típica consiste en realizar actos propios de una profesión sin la titulación académica o título oficial. Solo es punible la comisión dolosa. Cualificada si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad profesional amparada por el título, o si ejerciere dichos actos en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de esa profesión.
Prevaricación judicial y denegación de justicia (art. 446 a 449)
Prevaricación en sentencia injusta (art. 446): se castigan tres supuestos en los que un juez o magistrado dicta, a sabiendas, una sentencia injusta: las sentencias injustas que se dicten contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave; las sentencias injustas contra el reo de delitos leves; y otras sentencias injustas. Las penas varían según el supuesto. La acción consiste en dictar sentencia o resolución definitiva injusta. La injusticia es el elemento determinante. Las modalidades del art. 446 exigen que la acción típica se realice a sabiendas, es decir, dolosamente. El art. 447 castiga al juez o magistrado que, por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, dictara sentencia o resolución injusta.
Denegación y retardo malicioso en la Administración de Justicia (art. 448 y 449): el art. 448 castiga con pena de inhabilitación especial al juez o magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. El art. 449 castiga con las mismas penas al juez, magistrado o secretario judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima. Cuando el retardo sea imputable a un funcionario distinto de los mencionados, se le impondrá la pena indicada en su mitad inferior. Ambos delitos son de naturaleza omisiva, aunque negarse a juzgar es una conducta activa y el retardo debe ser provocado. Tanto en el delito de denegación de justicia como en el de retardo, solo es punible la comisión dolosa.
Acusación y denuncia falsas (art. 456)
Serán sancionados quienes, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal, si dicha imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación:
- Con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito grave.
- Con pena de multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave.
- Con pena de multa de 3 a 6 meses, si se imputara un delito leve.
Tipo objetivo: el sujeto activo puede ser cualquier persona que haga la imputación falsa, incluido el funcionario público. La acción consiste en la imputación de unos hechos constitutivos de delito a una persona. Los hechos que se imputan deben ser subsumibles en algún tipo legal de injusto penal. La imputación ha de ser falsa, y la falsedad ha de recaer sobre los hechos o sobre la autoría de los mismos, no sobre su valoración. La imputación falsa ha de hacerse ante funcionario administrativo o judicial que, por razón de su cargo, debiera proceder a su averiguación y castigo. Tipo subjetivo: el dolo exige el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo, especialmente el de la falsedad de la imputación. Se equipara al conocimiento de la falsedad el hacer la imputación con temerario desprecio hacia la verdad.
Perseguibilidad: no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada.