Decretos-Leyes y Decretos Legislativos: Conceptos y Diferencias Clave

Decretos-Leyes: Características Generales

Los decretos-leyes son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Cuando se da esta situación, entendida como una situación de urgencia, el Gobierno puede dictar, en los términos del artículo 86.1 de la Constitución Española, “disposiciones legislativas provisionales”, denominadas decretos-leyes, que entran en vigor de manera inmediata tras su promulgación y consiguiente publicación. El decreto-ley no puede entrar a regular una amplia serie de materias, como son el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.

La Jurisprudencia

La jurisprudencia es el conjunto de resoluciones dictadas por los tribunales interpretando y aplicando las normas del ordenamiento jurídico en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Por su propio interés y por el valor que el propio ordenamiento le atribuye, su importancia es enorme. El Código Civil ofrece en su artículo 1.6, una definición de la jurisprudencia más restringida: “la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.

Al ser la Constitución la norma superior del sistema jurídico, su interpretación por los Tribunales resulta decisiva para la interpretación y aplicación del resto del ordenamiento. El artículo 164 de la Constitución Española establece que “tienen plenos efectos frente a todos” aquellas sentencias del Tribunal Constitucional “que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho”.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 5, que los jueces y tribunales han de interpretar y aplicar leyes y reglamentos “según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

Decretos Legislativos: Características Generales

Los decretos legislativos son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno, en virtud de una autorización expresa de las Cortes Generales denominada delegación legislativa. La delegación legislativa prevista por la Constitución en el artículo 82, permite a las Cortes Generales atribuir al Gobierno, mediante una ley de delegación, la potestad de dictar una norma con fuerza de ley, denominada decreto legislativo, en los términos previstos en la propia ley de delegación y dentro de los límites y requisitos expresamente contemplados en el citado precepto constitucional. La Constitución prevé dos tipos de delegación:

• Una tiene por objeto la formación de textos articulados.
• La otra, cuya finalidad es refundir varios textos legales en uno solo, se otorga mediante una ley ordinaria.

La delegación legislativa se configura como una autorización expresa al Gobierno, y se explica técnicamente como una atribución de potestad normativa para dictar un decreto legislativo en los precisos términos de la delegación. El fundamento de la delegación legislativa reside, principalmente, en la conveniencia de contar con la colaboración del Gobierno en la función legislativa en supuestos de leyes de gran extensión o complejidad. También es posible emplear la delegación legislativa para aliviar al legislador de una carga pendiente excesivamente amplia o bien, para elaborar normas legislativas de escasa importancia.

Limitaciones de la Delegación Legislativa

La delegación ha de hacerse para materia concreta, y ha de fijar un plazo para su ejercicio, transcurrido el cual decae la habilitación contenida en la delegación. La delegación se otorga para su ejercicio por una sola vez. Mientras dura el plazo para el ejercicio de la delegación, el legislador sí tiene temporalmente limitada su capacidad para regular la materia sobre la que ha atribuido al Gobierno potestad legislativa, aunque tal limitación es revocable a voluntad del propio legislador. Así, mientras esté en vigor la delegación, el Gobierno puede oponerse a la tramitación de cualquier proposición de ley o enmienda contraria a dicha delegación.

Desde una perspectiva material, la Constitución impone tres limitaciones a la delegación legislativa:

• No puede versar sobre materias reservadas a la ley orgánica.
• La ley de bases no puede autorizar su propia modificación.
• No puede facultar al Gobierno a dictar normas con carácter retroactivo.