Corrupción electoral y caciquismo en la Restauración Borbónica

Corrupción electoral y caciquismo

Este sistema pudo mantenerse durante más de 20 años gracias a la corrupción electoral y a la utilización de la influencia y el poder económico de determinados individuos sobre la sociedad: los llamados caciques. El caciquismo fue un fenómeno que se extendió por toda España, aunque alcanzó su máximo desarrollo en Andalucía, Galicia y Castilla.

La adulteración del voto era una práctica habitual en todas las elecciones, propiciada por el sufragio censitario, siendo más acusada en los distritos rurales que en los urbanos. Se llevaban a cabo todo tipo de trampas, como no actualizar el censo; de ahí que los fallecidos siguieran en las listas, con votos que eran introducidos por sustitutos. De esta forma, el partido en el gobierno conseguía una mayoría en las Cortes.

El llamado falseamiento electoral o pucherazo contaba con la acción decidida de los caciques, que eran personas notables, especialmente en las zonas rurales: generalmente ricos propietarios que daban trabajo a los jornaleros y que tenían gran influencia en la vida local. También podían ser abogados, profesionales de prestigio o funcionarios de la Administración que controlaban los Ayuntamientos, realizaban los sorteos de las quintas, repartían las contribuciones (impuestos) y resolvían complejos problemas administrativos. Orientaban el voto, agradeciendo con "sus favores" a los leales y discriminando a los que no sucumbían a sus deseos.

Estos caciques no hubieran podido manipular las elecciones sin contar con el apoyo de las autoridades, especialmente los Gobernadores civiles de las provincias, que hacían la vista gorda ante las graves irregularidades, como el voto de los fallecidos, la compra de votos y la amenaza para coaccionar a los electores contrarios.

El desarrollo del turno pacífico

A lo largo del período que va desde 1876 a 1902, fecha en que Alfonso XIII alcanza su mayoría de edad, el Partido Conservador se mantuvo en el gobierno desde 1875 hasta 1881, momento en que Sagasta formó Gobierno e introdujo el sufragio universal en los municipios (1882). En 1884 volvió Cánovas, pero tras la muerte del rey en 1885 por tuberculosis, iniciándose la regencia de María Cristina de Habsburgo, se impulsó un acuerdo entre ambos partidos, el llamado Pacto del Pardo, para apoyar a la regente frente a las presiones carlistas y republicanas.

Bajo la Regencia, Sagasta gobernó más años que Cánovas, ya que los liberales se mantuvieron en el poder entre 1885 y 1890, impulsando diversas reformas que tenían como objetivo democratizar el sistema:

• Se aprobó la Ley de Asociaciones (1887), permitiendo la entrada al juego político a las fuerzas opositoras.
• Se abolió la esclavitud (1888).
• En 1890 se introdujo el sufragio universal masculino en las elecciones generales, lo que amplió el censo electoral de 800.000 electores a cerca de 5 millones de hombres mayores de 25 años.

Sin embargo, el sufragio universal se vio desvirtuado al persistir el falseamiento electoral, lo que impidió la verdadera democratización del sistema. Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano en 1897 cuando estaba en un balneario de Mondragón. Sagasta fue presidente del gobierno hasta 1902, ya durante el reinado de Alfonso XIII, falleciendo poco después en 1903.

La Restauración Borbónica (1874-1902): Nacionalismos y regionalismos

Las causas por las que afloraron los diferentes regionalismos y nacionalismos en las últimas décadas del siglo XIX son diversas y resultado de problemas que se venían arrastrando sin solución:

• Estado centralizado: La creación de un Estado liberal, sustentado por las élites más conservadoras, que instauró un modelo centralizado y uniformista a imitación del francés, negando la pluralidad territorial.
• Falta de modernización: El Estado liberal no fue capaz de modernizar la sociedad española, dedicando pocos recursos a mejorar las comunicaciones, las obras públicas y la enseñanza.
• Fragmentación burguesa: No existía una burguesía nacional con un proyecto común, sino burguesías regionales distintas y separadas entre sí.

Por eso, España era en el siglo XIX "un país de centralismo legal, pero de localismo y comarcalismo real".