La Crisis de 1917 y la Transformación Económica durante la Dictadura

La crisis de 1917 y sus consecuencias

Entre 1914 y 1917, los gobiernos desarrollaron una política tímida, alejada ya de proyectos regeneracionistas y obsesionada por mantener la neutralidad y aprovechar el auge económico para estabilizar la situación, aunque solo hubo un intento serio de aprovechar la coyuntura económica para modernizar el país.

A comienzos de 1917, el descontento era general. El hambre provocada por el alza de precios, la falta de abastecimientos de algunos productos básicos y el escándalo de las fortunas construidas con la especulación habían enrarecido el ambiente en las zonas campesinas y obreras, en las que las huelgas eran cada vez más frecuentes. Los diputados de partidos ajenos al turno criticaban duramente la inoperancia del gobierno y denunciaban la corrupción de la oligarquía política liberal-conservadora.

La situación se agravó durante la primavera, hasta que en el mes de junio se inició el proceso de crisis. Tres grandes movimientos confluyeron en el objetivo de derribar al gobierno:

• El de los militares.
• El de los parlamentarios.
• El de la huelga general obrera.

Directorio Civil: Política Económica

Respecto a la política económica de la Dictadura, esta se caracterizó por un nacionalismo económico y un fuerte intervencionismo, reforzando de esta manera una tendencia que se había iniciado durante la Restauración. Estos principios económicos se basaban en ideas antiliberales: restricción de la libre competencia y “miedo al mercado”, beneficiando a unos grupos sociales y sectores económicos en detrimento de otros.

Estuvo vinculada al nacionalismo regeneracionista, incorporando la participación estatal propia de los fascismos con un sentido diferente, ya que aspiraba a superar las trabas anteriores. Esta política pretendió aumentar la renta nacional y mejorar su distribución mediante un aumento de los gastos públicos.

Para restringir la competencia entre los negocios se creó el Comité Regulador de la Producción Industrial (1926), sin cuyo permiso ninguna empresa podía instalarse. Ningún sector económico se escapó al control del Consejo de Economía Nacional (1924), entidad que reunía a los representantes de los empresarios. Sin embargo, este nacionalismo económico del régimen fue contradictorio en repetidas ocasiones: por un lado, se intentó obstaculizar el dominio de empresas extranjeras sobre sectores económicos importantes, aunque, por otro lado, se cedió el control de actividades fundamentales a multinacionales.

Impulso a las obras públicas

La Dictadura emprendió una importante política de obras públicas para estimular las fuerzas económicas e impulsar el crecimiento industrial en tres sectores clave:

• Política ferroviaria: Los ferrocarriles recibieron nuevos impulsos con el Estatuto Ferroviario de 1924.
• Construcción y renovación de carreteras: En 1926, el conde de Guadalhorce creó el Patronato del Circuito Nacional de Firmes Especiales, mejorando carreteras secundarias, vecinales y los trazados principales.
• Política hidráulica: En 1926 se instituyeron las Confederaciones Hidrográficas, destinadas a la ordenación y aprovechamiento de los ríos para el desarrollo energético, riegos y transporte, mediante la construcción de embalses, encauzamientos y saltos de agua.

Consecuencias negativas

A pesar de los esfuerzos, se identificaron efectos adversos:

1. La excesiva rigidez del intervencionismo del Estado afectó negativamente a las clases medias, comerciantes y tenderos.
2. El creciente déficit de la balanza comercial, pues las importaciones (sobre todo de maquinaria y productos elaborados) crecieron por encima de las exportaciones.

Tampoco se llevó a cabo una política fiscal avanzada, por lo que la financiación de las medidas económicas para la modernización de España se basó en la emisión de Deuda Pública, que se convirtió en el motor de la expansión industrial.