Contratos no solemnes

oObjeto: incluye tanto los bienes (cosas, derechos y partes del cuerpo humano) como los hechos. Sus requisitos de validez son los relativos al objeto del acto jurídico, además de:

oLicitud: adecuación al ordenamiento jurídico considerado integralmente. El contrato ilegal consiste en la existencia de una operación prohibida por ley;
El contrato inmoral instrumenta una ruptura con la concepción ética de una sociedad; el contrario al orden público afecta los procederes mínimos que pueden esperarse en el campo de la contratación.

oPosibilidad: hace referencia tanto a la posibilidad material (hechos de cumplimiento realizable por personas humanas) como a la jurídica (debe encontrarse reconocido por el ordenamiento jurídico).

oDeterminación, sea presente (de las cláusulas las partes conocen el contenido y alcance de su prestación, en especie y género) o futura (implica establecer parámetros de individualización del objeto). Se puede pactar la determinación por tercero, persona física o jurídica, de la cantidad o precio de los bienes; se establece un mandato, por lo que si no realiza la elección (voluntaria o involuntariamente), ésta es imposible o no observa los criterios establecidos, puede recurrirse a la determinación judicial por proceso sumarísimo, y el tercero responde por daños y perjuicios.

oSusceptibilidad de valoración económica: se refiere a las cosas dentro del comercio, cuya valoración económica sea tal más allá del entendimiento de las partes. Sin embargo, el interés al que responda el objeto puede ser de cualquier tipo, no necesariamente patrimonial.

Serán objetos prohibidos, entonces, los hechos imposibles (desde el inicio del contrato) o prohibidos por las leyes, contrarios a la moral, al orden público (general y especiales, como lo son el económico, el ambiental etc.), a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; también los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Ejemplos incluyen las herencias futuras, la donación de la totalidad del patrimonio de una persona, la transacción sobre derechos de orden público, los contratos de lobby y usurarios (inmorales), aquellos que versan sobre patrimonio cultural, entre otros.

Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos, lo que supone que ambas partes conocen que el bien no existe aún y pactan sobre él en entendimiento de que su existencia acaecerá en el futuro. El contrato es considerado como celebrado bajo la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir; si no, el acuerdo se considera sin efecto. La parte compradora no asume el riesgo de que la cosa no exista (diferencia con el contrato aleatorio, donde la parte sí asume este riesgo), y la vendedora debe realizar las tareas y esfuerzos para que la cosa llegue a existir.

En lo referido a los bienes ajenos, en principio, pueden ser objeto de los contratos, pero los partes deben contratar a sabiendas de que el bien no pertenecía a quien pretende disponer de él. Si no se garantiza el éxito de la promesa, el promitente asume una obligación de medios, obligándose a desplegar la conducta diligente para que la prestación se realice. En caso de omisión, deberá responder por el daño generado. Si se garantizó el éxito de la promesa, la no concreción de la transferencia del bien a la fecha acordada justifica la responsabilidad por daños del promitente (obligación de resultado). Si contrató sobre un bien ajeno como propio, el vendedor será responsable de los daños que se generen a quien compró de buena fe.

Los bienes litigiosos (discusión sobre su titularidad o la extensión de ésta), gravados (por hipoteca, prenda o anticresis), o sujetos a medidas cautelares (con embargo o anotación de litis) pueden ser objeto de los contratos, conociendo el carácter del bien y sin perjuicio de los derechos de terceros. Quien de mala fe contrata sobre esos bienes como si estuviesen libres, debe reparar los daños si la otra parte es de buena fe.

En el caso de la herencia futura, ésta no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco los derechos eventuales sobre objetos particulares. Será posible, sin embargo, preservar las sociedades en que consistas herencias familiares ante la muerte de sus socios, porque las empresas y su funcionamiento interesan a la sociedad. Entonces, se puede efectuar un contrato sobre cómo será el desarrollo de la misma cuando sean dirigidas por los futuros herederos, su funcionamiento, etc.

Por último, en los contratos de larga duración, como lo son los de distribución y suministro, entre otros, se reglan las relaciones comerciales que no se cumplen en un único momento, sino a través de un determinado y, generalmente, prolongado tiempo. Implican el deber de colaboración entre las partes, respetando el carácter recíproco de las obligaciones en relación a la duración total, y el deber de renegociar cuando, sin mora, las prestaciones se vuelvan desproporcionadas; si no lo hicieran, incurrirían en un abuso del derecho.

•Causa: es la finalidad inmediata perseguida por los celebrantes, que ha sido determinante de la voluntad. Incluye los motivos compartidos por los contratantes que, además, deben haber sido exteriorizados; pueden surgir tácitamente si son esenciales para ambas partes. Tiene que existir al momento de la celebración del acto, pero además mantenerse durante su ejecución; sirve para controlar los contratos de adhesión, siempre que se puede cuestionar la causa, por vicio del consentimiento, para suplir la desproporción de las partes al momento de la contratación. La inexistencia de causa inicial en un acuerdo determina su invalidez, y la no subsistencia de la causa deberá ser probada por quien la invoca, ya que su existencia se presume. Puede dar lugar a la adecuación, siempre que se solicite la renegociación o una recomposición judicial, o la extinción del contrato. En lo que respecta a la causa ilícita, el contrato será nulo de nulidad absoluta si la finalidad común perseguida es contraria a la moral y las buenas costumbres (contraviene el mínimo de exigencia ética que cabe esperar de los acuerdos de autonomía privada) o si los motivos compartidos son ilícitos. En cambio, cuando puede establecerse que la ilicitud reside únicamente en los motivos de una de las partes, será ésta la que no puede invocar el contrato frente a la otra, es decir, éste carecerá de eficacia para ella. Su contraparte, que conoce ni comparte los motivos, puede solicitar la devolución de lo que entregó, quedando desobligada de cumplir con lo pactado.

•Forma: se establece el principio de libertad de formas, en tanto para la validez de un acuerdo no resulta necesario cumplir con formalidad alguna, bastando la sola manifestación de voluntades con los requisitos establecidos para la formación del consentimiento. Sólo deben cumplir exigencias de forma por excepción, cuando ellas son impuestas por la ley o por el acuerdo de las partes. Existen 3 tipos de formalidad:

oContratos formales solemnes absolutos: la forma está impuesta para la validez del acto y su no otorgamiento, causa nulidad. Ejemplos son la donación de inmuebles, las prestaciones vitalicias, etc.

oContratos formales solemnes relativos: el no cumplimiento de la solemnidad afecta su eficacia mientras no se otorgue el instrumento público, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la formalidad. Ejemplos son el leasing, la transacción, la hipoteca, etc.

oContratos ad probationem: la forma es requerida únicamente a los fines probatorios, por lo que su incumplimiento no causa ni la nulidad ni la ineficacia del contrato.

En cuanto a la modificación de contratos, debe cumplir la misma formalidad exigida para su celebración, excepto que los cambios versen sobre estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista disposición legal en contrario.

Existen, también, actos que, en cumplimiento de una formalidad solemne relativa deben ser otorgados a través de escritura pública. Ellos son los que permiten la adquisición de dominio, aquellos cuyo objeto son derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, los actos accesorios de contratos otorgados por escritura pública, y aquellos que, por disposición de la ley o acuerdo de partes, deban ser otorgados por ella. En cuanto a los contratos de adquisición de dominio, quedan exceptuados los casos en que la enajenación proceda de subasta judicial o administrativa, en los que no hay intervención de funcionarios con competencia para conformar actas que constituyen instrumentos públicos.

El otorgamiento pendiente de un instrumento constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas, o sea asegurado su cumplimiento.

•Prueba: los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial (contratos ad probationem). La excepción es la limitación de la prueba testimonial cuando conforme a los usos, el tipo de contrato de que se trate se concierte en la práctica por escrito (abarca instrumentos manuscritos y los soportes digitales). En lo que refiere a la prueba de los contratos formales, los ad probationem pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental (cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato), o comienzo de ejecución.