Competencias exclusivas y compartidas del Estado: características y reparto constitucional
Las competencias exclusivas del Estado: características
Una pieza esencial de todo el sistema es el establecimiento de la lista de competencias estatales fuera del ámbito de disponibilidad de las comunidades autónomas (CCAA). Esta lista se establece mediante diversos mandatos de la Constitución: el artículo 149.1 de la Constitución Española contiene una amplia enumeración de competencias exclusivas estatales.
A su vez, enumera una serie de materias que se atribuyen, sin matización alguna, a la "competencia exclusiva" estatal: así, "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo", "relaciones internacionales", "defensa y Fuerzas Armadas" o "administración de justicia".
Para determinar el alcance de la competencia exclusiva del Estado en estas materias, hay que establecer el significado de los términos contenidos en los correspondientes apartados. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) ha podido precisar el contenido de muchas de estas reservas "en exclusiva", en ocasiones prohibiendo que se interpreten de forma extensiva, para evitar que la reserva al Estado se amplíe indebidamente.
La competencia del Estado sobre la materia "relaciones internacionales" no puede interpretarse en el sentido de que quede íntegramente reservada al Estado cualquier actividad que tenga alguna proyección fuera de las fronteras de España, sino solo aquellas que son protagonizadas por sujetos internacionales y sometidas al derecho internacional, como pueden serlo las relativas a la celebración de tratados o a la representación exterior del Estado.
Junto a la lista del artículo 149.1 de la CE, hay una serie de materias que, sin estar incluidas en esta lista, quedan, no obstante, fuera de la disponibilidad autonómica, en virtud de otros mandatos constitucionales. Así ocurre, por ejemplo, respecto de aquellas materias reservadas a la ley orgánica. El artículo 149.1 de la CE no supone un límite absoluto a las CCAA: de éxito, estas pueden recibir competencias que son reservadas al Estado, y lo hacen mediante el artículo 150, que dice que, por ley orgánica, el Estado puede transferir a las CCAA determinadas competencias legislativas en el marco de las bases fijadas por la ley estatal.
Las competencias compartidas: legislación y ejecución
La Constitución y los estatutos de autonomía no reservan a los poderes estatales o autonómicos la totalidad de las funciones públicas sobre esas materias, sino solamente alguna o algunas de ellas. El supuesto más frecuente de competencias compartidas es el resultante de la atribución al Estado de la función legislativa sobre la materia, dejando la posibilidad a las CCAA de asumir en sus estatutos otras competencias distintas de la legislativa, como la reglamentaria o la ejecutiva.
Tal sería el caso del artículo 149.1 c), que reserva al Estado la legislación sobre propiedad industrial e intelectual, o el 149.1.12 c), que efectúa tal reserva respecto de la legislación sobre pesos y medidas.
Este tipo de supuesto ha planteado una dificultad: ¿qué significa exactamente "legislación"? Se han producido diversos conflictos constitucionales sobre si la normativa reglamentaria debe considerarse "ejecución" o "legislación". La respuesta del TC ha sido la de distinguir entre diversos tipos de reglamentos. Aquellos referidos a la organización de los servicios administrativos y los relativos al funcionamiento de los mismos son parte de la función ejecutiva y corresponderán a las CCAA que hubieran asumido la correspondiente competencia; mientras que los reglamentos que desarrollan y complementan normativamente los mandatos legales deben considerarse parte de la función legislativa.