La cláusula general prohibitiva y la defensa jurisdiccional frente a la competencia desleal

T20 LA CLÁUSULA GENERAL PROHIBITIVA: La L.C.D. en el art.4 utiliza una cláusula para delimitar qué actos pueden ser considerados desleales reputando desleal "todo comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe", partiendo de un criterio de buena fe objetiva, prescindiendo de la intencionalidad. La buena fe objetiva es la disciplina de la competencia empresarial, al igual que sucede en otros sectores del ordenamiento, en la expresión de un genérico deber de comportamiento leal. El principio general de la buena fe debe operar no simplemente como criterio valorativo que contribuirá a construir los distintos tipos de comportamiento desleal, sino que también servirán para interpretar de una forma sistemáticamente correcta los supuestos de hecho contemplados en las cláusulas especiales de la ley. El art.4 ha desarrollado el entendimiento de lo que constituye un comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe en las relaciones con los consumidores y usuarios, incorporando así una presunción de que el comportamiento de un empresario o profesional es contrario a la buena fe si concurren dos requisitos cumulativamente: a) que el empresario o profesional actúe de forma contraria a la diligencia profesional, definiéndose ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado. b) que el resultado de esa práctica profesionalmente negligente tenga efecto sobre el comportamiento de los consumidores. De esta noción podríamos destacar las siguientes notas generalesa:- La ley prohíbe los actos de competencia desleal con el fin de proteger la competencia en interés de todos los que participan en el mercado. En ese sentido la L.C.D. ha reconocido el protagonismo de los consumidores en el proceso competitivo, lo que se aprecia tanto en la delimitación de la deslealtad de ciertas conductas empresariales como en la atribución de los consumidores de determinadas acciones previstas en la misma Ley.- Los sujetos que operan en el mercado, difundiendo o promoviendo prestaciones propias o ajenas, pueden ser empresarios o no, de manera que, está resultará aplicable también a los profesionales y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.- No se exige la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y pasivo del acto de competencia desleal, la Ley parece querer decir, que, dentro del concepto de acto de competencia desleal han de comprenderse no sólo los actos realizados por un empresario que fabrica los mismos productos que otro, sino también cuando los empresarios acceden al mercado ofreciendo productos y servicios que se relacionan entre sí, como sucede con las conductas desleales de una empresa en relación con otra empresa situada en un estado distinto del proceso económico.- La deslealtad del acto de competencia se valora teniendo en cuenta que el comportamiento del sujeto resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Visto el significado de la cláusula general de competencia desleal contenida en el señalado art. 4 L.C.D. procede analizar la enumeración casuística de actos de competencia desleal prohibidos expresamente por la ley.

LA DEFENSA JURISDICCIONAL FRENTE A LA COMPETENCIA DESLEAL: La ley ha incorporado algunas modificaciones relevantes en la L.C.D. desde el punto de vista procesal sobre disposiciones procesales:

1) La modificación y ampliación del elenco de acciones que puede ejercitar el perjudicado2) La ampliación de la legitimación activa para el ejercicio de tales acciones.3) La remisión del capítulo IV de la L.C.D. de todas las acciones derivadas de los actos de publicidad ilícita, en tanto estos se reputarán actos de competencia desleal. Acciones de competencia desleal: art.32 L.C.D.

1.- la acción declarativa de la deslealtad del acto: tiende a que se reconozca que el acto llevado a cabo es desleal2.- la acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, podrá ejercerse si la conducta no se ha puesto en práctica; pretende evitar que el acto de competencia desleal continúe llevándose a efecto.3.- la acción de remoción de los efectos producidos por el acto: una vez producido el acto de competencia desleal, elimina sus efectos, devuelve al perjudicado a su situación anterior.4.- la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas: modalidad de la acción de remoción; pretende una publicidad correctora que remedie los efectos de una publicidad engañosa.5.- la acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto si ha intervenido dolo o culpa del agente.6.- la acción de enriquecimiento injusto: restringida por la Ley puesto que afirma que sólo procederá cuando el acto lesiones una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

Además el art 32 nos dice que en caso de existir una sentencia estimatoria de las acciones previstas del 1 al 4 anteriores, el Tribunal con cargo del demandado podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o una declaración rectificadora. Legitimación.-cualquier persona cuyos intereses económicos resulten directaente perjudicados o amenazados por la competencia desleal esta legitimada, salvo en la acción de enriquecimiento injusto que sólo podrá ejercitarse por el títular de la posición jurídica violada por el acto de la competencia desleal.Las acciones del 1 al 4 del art 32 podrán ejercitarse por:1) por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de interes económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.2) en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios,el Instituto Nacional del Consumo, las asociasiones de consumidores y usuarios, entidades de otros Estados Miembros de la U.E expresamente habilitadas, el Ministerio Fiscal. Las acciones de competencia desleal presvistas en el art 32 prescriben por el transcurso de un año y en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta. La prescripción de las acciones en defensa de los intereses generales de los consumidores se rigen por lo dispuesto en el art.56 del TRLDCU.