La antijuricidad en el derecho penal: causales de justificación

La antijuricidad

La antijuricidad es un juicio de valor que establece la posible relación de contradicción entre el ordenamiento jurídico y un determinado comportamiento humano.

Exclusiones de antijuricidad o causales de justificación

Son aquellas circunstancias que hacen que la conducta típica resulte lícita. El efecto de que la conducta esté justificada implica que sea lícita no solo para el derecho penal, sino para todo el ordenamiento jurídico.

Causales de justificación: las causales de justificación son aquellas circunstancias que, según la ley, hacen que la conducta típica sea lícita. Cuáles son las causales de justificación y a qué principios obedecen diferentes:

1.- Relación con el principio de ausencia del interés por consentimiento del interesado

No es totalmente correcto hablar de bienes disponibles y no disponibles en materia penal, pero para acercar el tema didáctico diremos que hay ciertos bienes disponibles para su titular, lo más claro es la propiedad.

Por el contrario, hay bienes que no son disponibles en materia penal, por ejemplo la vida. El Código Penal no tiene una sistematización de las causales de justificación; es la doctrina la que ha intentado sistematizarlas basándose en las distintas disposiciones del Código Penal. De esta forma, la doctrina considera que existen ciertos bienes jurídicos que son de carácter colectivo, de carácter común y por lo tanto no tienen un titular particular que pueda disponer de ellos. Por esta razón son bienes jurídicos no disponibles: los delitos contra la administración pública, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, exacciones ilegales, los delitos contra la fe pública, los delitos contra el orden público.

Por el contrario, existen ciertos bienes jurídicos en los que se aprecia un claro titular de ellos, por ejemplo el derecho de propiedad. Por lo tanto, si hay un sujeto que pudiese disponer de su bien jurídico, en este último aspecto en el que existe un titular individual de un bien jurídico, no obstante solo en algunos casos realmente se puede disponer de dicho bien jurídico. Así, por ejemplo, tratándose de los delitos contra la vida, integridad física y la salud, no se pueden disponer de dichos bienes jurídicos. En otros casos como los delitos contra la propiedad y el patrimonio, allí sí opera cierta disponibilidad respecto de dicho bien jurídico, pues yo puedo aceptar o consentir que un tercero se apropie de algo mío y mi consentimiento hace que esa conducta sea lícita. Se trata de un bien disponible; esto último es válido en la medida que no implique violencia o un peligro para los terceros, porque puedo permitir que alguien sustraiga mi bien, pero no puedo permitir que lo sustraiga con violencia o que genere un incendio en mi casa, pues aunque soy dueño, no por ser incendiada mi casa sino porque hay un peligro para otras casas, de terceros.

Delitos contra el honor: injuria o calumnia. Claramente el honor es un bien disponible; por ejemplo, si se desnuda una actriz en TV después no puede alegar delito, el honor es disponible. ¿Qué pasa con la libertad sexual? Es disponible, pero nos referimos a los mayores de 18 años siempre y cuando no haya violencia. En la indemnidad sexual no opera el consentimiento (menor de 14). Entre los 14 y 18 sí opera el consentimiento.

Delitos contra la libertad ambulatoria: la libertad de movilización también es renunciable; los delitos contra la voluntad son renunciables (rapto). En estos casos, que son pocos, en que el legislador admite la aceptación del titular del derecho, la conducta pasa a ser lícita.

Requisitos para este consentimiento:

• Debe ser libre: no estar sujeto a fuerza o error.
• Tiene que ser dado por el titular: si son varios tienen que serlo todos.
• Expreso o tácito.

2. Principio del interés preponderante por la actuación del derecho

Tratándose de esta categoría de causal de justificación, el ordenamiento jurídico, en forma expresa o en forma tácita, autoriza la realización de actos típicos. En realidad lo que hace el legislador es anticiparse a un conflicto de bienes jurídicos futuros y resolverlo de antemano. Son varias las causales de justificación basadas en el principio del interés preponderante por la actuación del derecho:

a.- La correspondiente al cumplimiento de un deber: art. 10 nº 10 del C. Penal, señala que está exento de responsabilidad penal el que obra en cumplimiento de un deber. De dónde debe nacer ese deber, bien de cualquier campo del derecho, no solo del derecho penal, sino siempre que se refiera a la obligación de llevar a cabo la conducta típica. El legislador ordena conductas típicas por dos vías: de manera sustancial, cuando el legislador ordena expresamente la conducta típica, o de manera formal (o de obediencia), que sucede cuando el legislador manda realizar lo que otra persona le ordena. El primer caso es la orden que tiene la fuerza pública de detener frente a un delito flagrante; el segundo caso se refiere a la obligación que tiene la misma fuerza pública de detener cuando así lo ordene el juez competente.

Hay que tener siempre presente que esta causal de justificación, cuando se refiere al cumplimiento de órdenes de un tercero, solo opera cuando las órdenes son lícitas. Frente a órdenes que no son lícitas no opera la causal de justificación; sin embargo, puede ocurrir operar una causal de inculpabilidad por error de prohibición.

¿Cuáles son los requisitos para que opere esta causal de justificación?

a.- Debe existir una ley que ordene directamente la realización de una conducta típica.

b.- Debe existir una ley que imponga un deber, que sea de tal naturaleza que ordinariamente deba cumplirse mediante la realización de una conducta típica.

En ciertas ocasiones se producen colisiones entre distintos deberes.

b.- Segunda causal de justificación por el ejercicio legítimo de un derecho

También está contemplada como eximente de responsabilidad penal en el art. 10 nº 10 del C. Penal: el art. dice que está exento de responsabilidad penal el que obra en el ejercicio legítimo de un derecho. No se impone la conducta típica, se permite; al = que en el caso anterior la norma debe permitir llevar a cabo conductas típicas, o sea, no se trata de cualquier derecho, se trata de un derecho que permite llevar a cabo conductas típicas. Ej.: maquinaria arrendada, deuda por demandar por no pagar el arriendo, no puedo llevar la conducta típica para defender el derecho (hurto de posesión; es hurto sobre cosa propia, art. 441).

Requisitos:

1.- Debe existir un derecho, y ese derecho puede expresamente permitir la realización de actos típicos o ser de tal naturaleza que ordinariamente se lleven a cabo mediante actos típicos.

2.- Causal de justificación: el derecho debe ejercerse legítimamente, y cuando un derecho se ejerce legítimamente se ejerce cuando se lleva a cabo en las circunstancias y formas establecidas por la ley. Vinculado a esta causal de justificación del ejercicio legítimo del derecho, la doctrina analiza dos problemas.

1.- Autotutela: justicia por propia mano. En general no basta con tener un derecho, su ejercicio debe ser legítimo, pues puedo yo autodefenderlo. Hay que distinguir si se refiere meramente a la conservación de un derecho: en realidad no hay problema, ya que operan las circunstancias de justificación correspondientes a la legítima defensa y al estado de necesidad. Algo diverso es realizar la situación de hecho del derecho, o sea, uno tiene derecho potencial, pero lo quiere ejercer fácticamente (en la práctica).

a.- Si para realizar dicho hecho o ejercer el derecho empleo violencia, si se producen lesiones leves, se producirán los delitos del art. 494 nº 16 y 494 nº 20.

b.- Si por el contrario quiero realizar mi derecho sin ejercer violencia, la conducta puede corresponder a un hurto de posesión del art. 471 nº 1, que es aquel hurto que lleva a cabo el propietario; pero en ningún caso de los expuestos existe un ejercicio legítimo de un derecho, ya que el derecho no acepta la autotutela como medio de ejercicio de un derecho.

2.- Lesiones deportivas

Distinción:

Las causadas por un deporte son todas aquellas que se generan por una actividad deportiva, pero lo que las caracteriza es que no tienen por propósito la conducta típica como sería lesionar a alguien. Ejemplo: el tenis. Si se produce, no estamos en presencia de una causal de justificación; no podemos decir que sea lícito si alguien lo agrede, pero no significa que si alguien le vuela un ojo a alguien vaya a ir a la cárcel, lo que sucede es que no hay dolo (estamos en el ejercicio legítimo de un derecho).

Lesiones deportivas propiamente tales: son aquellas que se producen en el ejercicio de un deporte que por su propia naturaleza necesariamente produce conductas típicas destinadas a lesionar, por ejemplo boxeo, kárate, etc. Solo aquí estamos frente a una causal de justificación del ejercicio legítimo de un derecho, por supuesto con severas limitaciones (ej.: yo tengo el derecho a golpear al otro en la medida que se cumplan ciertos requisitos).

• a.- El deporte debe tratarse de un deporte lícito y regulado.
• b.- La participación debe ser voluntaria.
• c.- La lesión causada no puede exceder a las lesiones de mediana gravedad. Esto se discute, pues algunos no pueden exceder las lesiones leves. ¿Qué pasa si en este contexto se excede el resultado? Si se excede, ya no hablamos de causal de justificación; nunca respecto al exceso de resultado podemos decir que está justificada, que es lícita o de derecho. No significa que el tipo vaya a la cárcel, hay que ver si hubo o no dolo, puede ser exonerado o cuasidelito.
• d.- El ejercitante o partícipe del deporte debe respetar las regulaciones, por ejemplo morder al otro boxeador o adversario.

Dentro de esta misma categoría de causales de justificación basada en el principio del interés preponderante por la actuación de un derecho encontramos la tercera.

3.- Ejercicio legítimo de una autoridad o cargo

El art. 10 nº 10 está exento de responsabilidad penal el que obra en cumplimiento de una autoridad o cargo. En realidad esta causal de justificación es tautológica, carece de autonomía en cuanto quien obra en ejercicio legítimo de una autoridad o cargo normalmente actúa en cumplimiento de un deber o, en menor medida, en ejercicio legítimo de un derecho, entonces es una repetición innecesaria.

4.- El ejercicio legítimo de una profesión u oficio

Otra vez esta causal está en el art. 10 nº 10 y, al igual que en el caso anterior, también carece de autonomía respecto de la causal de justificación del ejercicio legítimo de un derecho, ya que quien ejerce una profesión u oficio legítimo, en realidad ejerce un derecho, o sea, también hay una repetición innecesaria. No obstante lo anterior, a propósito de esta causal de justificación se estudian los problemas correspondientes al tratamiento médico quirúrgico: ¿en qué medida el tratamiento médico quirúrgico es una causal de justificación? Solo cuando tiene el específico propósito de provocar la acción típica correspondiente a lesiones. No cualquier procedimiento médico está justificado. Si por ejemplo un paciente va con arritmia, no hay dolo, no hay responsabilidad; lo distinto es si la conducta está justificada o no. Por el contrario, el tratamiento médico quirúrgico se entiende que justifica la lesión del paciente cuando precisamente tiene dicho objeto. Ej.: extirpación del apéndice, cirugía plástica, extirpación de la vesícula, etc. Dentro del tratamiento médico quirúrgico destinado a llevar a cabo conductas típicas también se deben cumplir ciertos requisitos para que dicho resultado típico sea considerado lícito o justificado:

• a.- El tratamiento debe ser consentido por el paciente; puede ser expreso o tácito.
• b.- La intervención debe llevarse a cabo dentro de lo que denominamos lex artis, o sea, en el marco dado por la ciencia o arte médica, lo cual normalmente está regulado por protocolos a los cuales el médico debe ceñirse. Si el facultativo no acata dichos protocolos o excede la conducta, no estará justificada y habrá que ver su posible responsabilidad penal (ver si hubo dolo o culpa).

5.- Dentro de esta categoría está la omisión justificada

El art. 10 nº 12 señala que está exento de responsabilidad penal el que incurre en alguna omisión habiéndose impedido por causa legítima. Se trata entonces de una causa legítima que le impide actuar. Esto se puede producir por una orden que directamente le prohíbe actuar, como sucede con el secreto profesional del abogado: un juez puede perfectamente sacarlo al juez del crimen; yo tengo el derecho a no divulgar los secretos que me ha encomendado mi cliente, incurro entonces en una omisión justificada. En el caso del imputado algunos señalan que tiene derecho a mentir, otros que el guardar silencio no implica el derecho a mentir.

La siguiente es la tercera categoría de causales de justificación (la más importante):

3º: la causal basada en el principio del interés preponderante por la preservación de un derecho

En general se le encomienda a los órganos del Estado la preservación y la custodia de los diversos bienes jurídicos. Son los órganos estatales los que tienen por función la protección de nuestros bienes jurídicos. No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico reconoce que en algunas ocasiones los órganos estatales pueden llegar tarde o no ser oportunos en la protección de los bienes jurídicos. Es por esta razón que se le permite al individuo la autotutela, o sea, la preservación directa de sus derechos. Siempre y cuando esta autotutela esté restringida, estrictamente limitada a la preservación de un bien jurídico, nunca la autotutela puede abordar la función sancionatoria, ya que la sanción es exclusivamente potestad del Estado, no del individuo.