Unidad II: El Delito en el Derecho Penal Argentino – Concepto, Elementos y Teoría del Delito

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Unidad II: El Delito

El delito, en un concepto general, es una conducta antisocial grave, es decir, contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad determinada, en un momento dado. Hay conductas que fueron tipificadas como delito en nuestro país, sin embargo, posteriormente se derogaron (ej.: adulterio, desacato, etc.). Otras son delito en la Argentina, pero no lo son en otros países (ej.: el aborto).

Teoría del delito

Desde la formulación teórica, el delito es la acción típica, antijurídica y culpable.

Como se expusiera anteriormente, la teoría del delito es un instrumento conceptual que permite determinar al juez y a los ciudadanos si se dan, en el caso de estudio, cada uno de los elementos regidos por la configuración categorías dogmáticas: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y así verificar si la conducta es o no delictiva.

Algunos autores incluyen, para configurar el delito, un 5º estrato denominado “punibilidad”.

Sin embargo, las excepciones contenidas en dicha categoría (ej.: excusas absolutorias) son causas personales que excluyen la aplicación de pena, que no afectan al injusto o a la antijuridicidad. Por el contrario, se encuentran previstas taxativamente por el legislador y su fundamento obedece a circunstancias de variada opinión, de carácter extrapenal y de naturaleza político-criminal. En definitiva, el concepto de punibilidad es ajeno a la estructura teórica que nos ocupa. El injusto penal es la conducta típica y antijurídica, pero no culpable.

Elementos del delito

  • Conducta: algunos autores encuadran dentro de esta estructura a las acciones y las omisiones. La acción es un acto voluntario final. La omisión es no cumplir con un mandato legal.
  • Tipicidad: característica de la conducta de adecuarse a un tipo penal.
  • Antijuridicidad: contrariedad de la conducta con todo el ordenamiento jurídico.
  • Culpabilidad: reprochabilidad por el hecho cometido.
  • Punibilidad: posibilidad de aplicar pena al delito cometido.

Ejercicio de las acciones

(Arts. 71 a 76 del Código Penal)

Art. 71

Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:

  1. Las que dependen de instancia privada.
  2. Las acciones privadas.

Art. 72

Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:

  • Los previstos en los arts. 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultar la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91 (se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjere la enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de su miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir).
  • Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público.
  • Impedimento de contacto con los hijos menores con sus padres no convivientes.

En los casos de este art. no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, ni tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor, el fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquel.

Art. 73

Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:

  • Calumnias e injurias.
  • Violación de secretos, salvo en caso de los arts. 154 y 157.
  • Concurrencia desleal, prevista en el art. 159 (será reprimido con multa de $2.000 como mínimo y $30.000 como máximo el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechosas, malvolas o cualquier medio de propaganda desleal en su provecho, desviare la clientela de un establecimiento comercial e industrial).
  • Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.

Art. 74

Derogado por ley 24.453.

Art. 75

La acción por calumnia o injuria podrá ser ejercitada solo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, nietos o padres sobrevivientes.

Art. 76

En los demás casos del art. 73, se procederá únicamente por querella o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.

Todas las acciones son públicas, salvo las dependientes de instancia privada y las acciones privadas.

La acción penal pública

Debe ser iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal, salvo que dependa de instancia privada. Su ejercicio estará a cargo del mismo órgano y no podrá suspenderse, interrumpirse o hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por ley (art. 5 del C.P.P.N.). Así, toda persona que se considere lesionada por un delito perseguible de oficio o que sin serlo tenga noticias de él, podrá denunciarlo ante el juez, el agente fiscal o la policía (art. 174 del C.P.P.N.).

La acción penal dependiente de instancia privada

No se podrá ejercer si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen la denuncia ante la autoridad competente (art. 6 del C.P.P.N.). En estos casos, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, su tutor, guardador o representante legal. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuera cometido contra un menor que no tenga a estas personas, o cuando el delito fuera perpetrado contra el niño por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

El fiscal, cuando existieren graves intereses contrapuestos entre alguno de los nombrados y el menor, podrá actuar de oficio si así resultare más conveniente para el interés superior de este último.

En el caso de una acción dependiente de instancia privada, una vez formulada denuncia por el interesado, continúa su trámite como si fuese pública, es decir, el agraviado no puede retirar la acusación.

Son acciones dependientes de instancia privada

Las previstas en los arts. 119, 120 y 130 del C.P. (abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal por cualquier vía; estupro y rapto), cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o las lesiones mencionadas en el art. 91 (lesiones gravísimas).

Art. 119: Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando esta fuere menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancia de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal por cualquier vía.

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si:

  • a) resultare un daño en la salud física o mental de la víctima;
  • b) el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;
  • c) el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;
  • d) el hecho fuere cometido por dos o más personas, con armas;
  • e) el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;
  • f) el hecho fuere cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia con la misma.

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) y f).

Art. 120: Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el 2º y 3er párrafo del art. 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad de su autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado.

La pena de prisión será de 6 a 10 años si mediare alguna de las circunstancias de los incisos a), b), c), e) o f) del 4º párrafo del art. 119.

Art. 130: Será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 4 años el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual.

La pena será de 6 meses a 2 años si se tratare de una persona menor de 16 años con su consentimiento.

La pena será de 2 a 6 años si se sustrajere o retuviere mediante la fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 16 años, con el mismo fin.

  • Lesiones leves dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos en que mediaren razones de seguridad o interés público, se procederá de oficio.
  • Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes (ley 24.270).

Las acciones privadas

Tramitan por juicio especial de querella (arts. 415 a 431 del C.P.P.N.). Proceden por denuncia del agraviado, de sus guardadores o representantes legales. La acción de calumnias e injurias solo puede ser ejercitada por el ofendido y después de su muerte por su cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

El ofendido, respecto de los delitos de acción privada, podrá renunciar al ejercicio de la acción, en cuyo caso se extinguirá la acción penal.

Son acciones privadas

  • Calumnias e injurias (arts. 109 a 117 del C.P.).

Art. 109: La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública será reprimida con prisión de 1 a 3 años.

Art. 110: El que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con multa de $1.500 como mínimo y $90.000 como máximo, o prisión de 1 mes a 1 año.

Art. 111: El acusado de injuria solo podrá probar la verdad de la imputación en los siguientes casos:

  1. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual;
  2. Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal;
  3. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación obtenida contra él.

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.

Art. 112: El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá desde el mínimo hasta la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.

Art. 113: El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.

Art. 114: Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la Capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

Art. 115: Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dadas a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

Art. 116: Cuando las injurias fueran recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

Art. 117: El culpable de injurias o calumnia contra un particular o asociación quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de aceptarla.

  • Violación de secretos (salvo los casos de los arts. 154 y 157 del C.P.).

Art. 154: Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el empleado de correos, etc., que abusando de su empleo se apoderare de una carta o correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere o cambiare su contenido.

Art. 157: Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por 1 a 4 años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por ley deben quedar secretos.

  • Concurrencia desleal (art. 159 del C.P.).

Art. 159: Será reprimido con multa de $2.000 como mínimo y $30.000 como máximo el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechosas, malvolas o cualquier medio de propaganda desleal en su provecho, desviare la clientela de un establecimiento comercial e industrial.

  • Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando el cónyuge fuera la víctima (ley 13.944).

Relación del derecho penal con otras disciplinas

Con el derecho procesal penal

El derecho procesal es una rama del derecho público que regula la normal administración de justicia. Es derecho constitucional reglamentado y sirve como medio (código de forma) para la aplicación de los códigos de fondo (Código Penal).

Su regulación se encuentra delegada a las provincias; por ejemplo, cada provincia tendrá su propia ley procedimental (art. 121 de la C.N.).

Con la criminología

Es un saber interdisciplinario (antropología, sociología, fisiología, biología, medicina, derecho, etc.) que estudia el comportamiento y la cuestión criminal.

Con el derecho de ejecución penal

Es el saber acerca de las leyes que regulan la ejecución de las penas. Las leyes de ejecución se encuentran previstas a nivel nacional (ley 24.660) y provincial, y se complementan con otros antecedentes gestados en el ámbito internacional, como son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Kyoto, 1970), entre otras.

Con el derecho contravencional

El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (ley 1.472) sanciona las conductas que, por acción u omisión dolosa o culposa, implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos colectivos protegidos (art. 1). Regulan conflictos eminentemente locales, cualitativa y cuantitativamente de menor entidad que un delito, circunstancia por la cual su regulación fue delegada al ámbito provincial (ej.: art. 81, uso indebido del espacio público mediante oferta y demanda de sexo en lugares no autorizados). En el trámite se aplica supletoriamente el Código Penal de la Nación (art. 20 de la ley 1.472) y el Código Procesal Penal de la Nación (art. 6 de la ley 12) en todo aquello que no se encuentre expresamente normado.

Con el derecho militar

El Código de Justicia Militar tiene prevista la represión de conductas ilícitas cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones. Prevé la pena de muerte.

Con el derecho penal de niños, niñas y adolescentes

Recientemente se sancionó la ley 26.061, que deroga la antigua ley de Patronato de Menores (10.903) de 1919. Se establece, a través de la misma, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, en contraposición al anterior sistema de situación irregular. Resultan de aplicación al punto: el régimen penal de minoridad previsto por la ley 22.278; la Convención de los Derechos del Niño; las Reglas Mínimas Uniformes para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Con el derecho internacional público

Rige las relaciones entre Estados. A mediados del siglo pasado tomaron importancia dos temas: a) la tentativa de establecer un tribunal con jurisdicción internacional; b) los tratados internacionales que imponen la obligación de las partes de sancionar los crímenes de lesa humanidad. En tal sentido, resultan de importancia la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas de 1948 y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968, ratificada por nuestro país en 1995.

Con el derecho internacional de los derechos humanos

Los tratados y concordatos internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y son operativos; sin embargo, no pueden derogar artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y por ello son complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos (arts. 75 inc. 22 en concordancia con lo dispuesto por los arts. 27 y 31 de la C.N.).

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