La Transición Española a la Democracia: Causas, Proceso y Consolidación Política

1. La transición a la democracia

La instauración de la democracia a finales de los años setenta y su consolidación en los ochenta aparece, hoy en día, como el resultado lógico y casi previsible del cambio social de los sesenta. La sociedad industrial, urbanizada y moderna, desde sus variables demográficas hasta sus valores morales, no podía soportar por más tiempo unas instituciones políticas propias de una sociedad rural y asentada en los valores tradicionales.

Las implicaciones de los cambios sociales en la evolución política fueron considerables:

• En primer lugar, los obreros de las grandes empresas de nueva creación eran reivindicativos en los planos político y social, aunque los sindicatos que los representaban habían abandonado la perspectiva revolucionaria.
• En segundo lugar, las nuevas clases medias compartían los valores del capitalismo, en especial el afán de lucro y la preferencia por la democracia liberal como forma de gobierno, pero sin que ello supusiera la inclinación hacia ninguna clase de aventura revolucionaria que pusiera en peligro el bienestar conseguido.

Cuando se produce la muerte de Franco hay una mayoría social para la cual el restablecimiento de la democracia se había desvinculado de toda transformación radical de la sociedad.

Los difíciles primeros momentos

La transición fue un proceso menos coherente y lógico de lo que su desenlace final podría sugerir. Exigió operaciones difíciles, de indudable riesgo político, no siempre bien comprendidas y a menudo polémicas, en las que hubo errores y que en ocasiones estuvieron presididas por la improvisación y siempre por la incertidumbre. A la muerte de Franco, el rey mantuvo a Arias Navarro al frente del gobierno.

A pesar de que inicialmente dio pasos hacia la apertura del régimen, como un amplio indulto de presos políticos y la existencia en la práctica de la libertad de prensa, el 3 de marzo de 1976 se produjo el incidente más grave: 5 trabajadores resultaron muertos en Vitoria en un choque con la policía en el transcurso de una huelga. En el País Vasco hubo una huelga general en solidaridad, y en numerosas ciudades de toda España se sucedieron las manifestaciones y choques con la policía. La decepción ante la evolución del gobierno se hizo patente.

La oposición democrática, hasta entonces dividida en dos organismos —la Junta Democrática, en la que el PCE era la fuerza más importante, y la Plataforma Democrática, donde el PSOE y fuerzas democristianas y liberales jugaban el papel principal—, se unifica en la Coordinación Democrática. El gobierno responde con la detención de varios de los dirigentes de la oposición democrática.

El 5 de julio de 1976 era sustituido por Adolfo Suárez como presidente del gobierno, en una de las maniobras políticas menos comprendidas del momento, pues al nuevo presidente se le consideraba un continuista del régimen franquista por venir de ser precisamente ministro secretario general del Movimiento. Sin embargo, con un equipo formado por representantes de la derecha moderada, sería el artífice de un cambio que, aunque significaba una ruptura con la legalidad franquista, se implantó de forma legal por medio de una ley elaborada por un gobierno del régimen y votada por las Cortes orgánicas.

Las nuevas clases medias y la profesionalización de la administración del Estado

Cabe destacar la apuesta que hacen por el cambio político los profesionales de la administración estatal. Desde el Plan de Estabilización de 1959 se había producido una racionalización de la administración pública y su profesionalización, lo que había hecho que se pudiese llegar a una posición de alto funcionario sin haber sido propuesto por ninguna de las tendencias del franquismo.

El papel del rey Juan Carlos I

El rey impulsó el proceso de cambio hacia la democracia: fue factor esencial en la neutralización del ejército a todo lo largo de la transición, un ejército mucho menos favorable a las reformas de lo que pareció.

El carácter pactado del proceso

La vía de la ruptura, diseñada inicialmente por los dirigentes de la oposición democrática, fue progresivamente abandonada. A este factor de moderación se añadió el ya señalado rechazo mayoritario de los españoles a cualquier extremismo y su negativa a anteponer la libertad al orden y estabilidad.

El proceso reformista (1976-1978)

Desplegado entre 1976 y 1978, presenta tres hitos fundamentales que es preciso analizar:

• La Ley de Reforma Política de noviembre de 1976.
• Las elecciones generales de 1977.
• La Constitución de 1978.

La Ley de Reforma Política de diciembre de 1976

Es la obra del gobierno de Suárez y se hizo con rapidez, en parte a causa de la sencillez del proyecto presentado a las Cortes franquistas, que consistía básicamente en convocar los comicios para elegir dos cámaras, un Congreso y un Senado, por sufragio universal, directo y secreto. A partir de ese momento se constató que la ruptura democrática era inviable: el programa de gobierno provisional, amnistía general, Cortes constituyentes y referéndum entre monarquía y república, que defendía la oposición democrática, no tenía visos de aplicación, sobre todo desde que los sectores más moderados de la oposición —primero los democristianos y liberales, y enseguida los socialistas— se avinieron a negociar con el gobierno de Suárez la aplicación concreta del programa reformista y su manera de participar en las elecciones de junio de 1977.

El escollo más importante que quedaba al proyecto de los reformistas era la legalización del PCE, pero en un golpe de audacia el gobierno lo legaliza el Viernes Santo de 1977, en medio de profundas resistencias de los militares que están a punto de dar un golpe de Estado.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977

El triunfo fue para la derecha moderada, la UCD, seguida por la izquierda moderada representada por el PSOE. La solución de Suárez consistió en formar gobierno con la UCD y buscar, para las grandes cuestiones pendientes, fórmulas de consenso con los demás partidos.

Constitución de 1978

La propia comisión parlamentaria encargada de presentar el nuevo proyecto estaba integrada por 7 miembros, de los cuales 3 correspondieron a UCD, 2 al PSOE (que cedió uno de sus puestos a la minoría vasco-catalana), 1 a AP y otro al PCE. Nunca en España se había dado el caso de que un grupo de diputados procedentes de posiciones ideológicas distintas trabajara conjuntamente en un proyecto constitucional de este calibre.

La firma previa de los Pactos de la Moncloa con los sindicatos y partidos de la oposición había dado un respiro a los responsables de la vida política, dejándoles las manos libres para luchar contra la crisis sin una presión social excesiva.

La consolidación de la democracia

Como consecuencia de la gravísima crisis económica a la que la simple existencia de instituciones democráticas y libertades no puede responder, junto con el agravamiento desde 1978 del problema vasco tras el recrudecimiento de la ofensiva terrorista de las dos ramas de ETA, hace que los sectores de extrema derecha se vuelvan particularmente activos. Si bien nunca logran un respaldo considerable en la sociedad —un solo diputado en las elecciones de 1979—, su influencia es muy importante entre los militares.